En su próxima sesión, la Cámara de Senadores tratará como primer punto del orden del día el proyecto de ley “Que establece el Régimen Nacional de Integridad, Transparencia y Prevención de la Corrupción de la República del Paraguay”, una iniciativa del Poder Ejecutivo.
La norma busca eliminar la Secretaría Nacional Anti Corrupción (Senac) para que todos sus bienes, funcionarios y presupuestos sean absorbidos por la CGR. Además, crea un “Consejo Nacional Anti Corrupción”, integrado por los tres poderes del Estado.
Alerta en la oposición
Sin embargo, el artículo que más preocupa a la oposición es el que autoriza a la CGR a emitir resoluciones “vinculantes”. Al mismo tiempo la norma no resuelve el “puenteo” que cientos de intendencias y entes públicos hacen para eludir a la CGR con el fin de rendir gastos el Tribunal de Cuentas.
Rafael Filizzola (PDP) resaltó que la ley no resuelve el conflicto entre la CGR y el Tribunal de Cuentas mientras que crea un “consejo” que quebranta la división de poderes. Advirtió que también se estaría dando a la CGR una potestad de recibir denuncias penales, algo correspondiente a la Fiscalía, según la Constitución.
Eduardo Nakayama (exPLRA) dijo que si bien la absorción de la Senac es interesante, advirtió que facultar a la CGR a emitir resoluciones “vinculantes” cae en la prejudicialidad o prejuzgamiento judicial. Subrayó que la Contraloría tiene muy delimitado en la Constitución Nacional lo que puede o no puede hacer.
Blanqueo a los amigos y perseguir a enemigos
Esperanza Martínez (Frente Guasu), dijo que lo más preocupante era la palabra “vinculante” al insinuar que la Contraloría condena y blanquea según presiones políticas. Dijo que cuando Mario Ferreiro era intendente de Asunción, la CGR lo acusó de lesión de confianza pero la Fiscalía no pudo reunir estas pruebas y fue sobreseido. En cambio, sobre el “significativamente corrupto” Jorge Bogarín y el imputado intendente de Asunción, Oscar “Nenecho” Rodríguez (ANR, HC), la CGR dijo que había “concordancia” entre sus bienes y declaraciones juradas.
“Ojo que esto no sea la estrategia para que la Contraloría blanquee a los amigos”, señaló la legisladora.
Sergio Rojas (PLRA) dijo que esta ley era “ponerse la soga al cuello” y someterse a un funcionario, nombrado, contratado o “de medio pelo” de la Contraloría. Sugirió “cerrar la Fiscalía” si el ente contralor pasaba a tener este poder.
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“Cuando uno está en el poder uno dice: “el Contralor es nuestro amigo”, pero en el 2026 ¿amigo de quien va a ser?”, advirtió a los colorados.
Recordó casos en que gobernadores opositores tuvieron sendas denuncias de la CGR que fueron luego desmentidas por la Fiscalía.
“Si esto se aprueba, pasado mañana yo estoy en la Corte Suprema de Justicia accionando contra este artículo”, dijo sobre las resoluciones “vinculantes.”
Salyn Buzarquis (PLRA) también sostuvo que dicho artículo era inconstitucional y que la norma no resolvía la crisis entre la rendición de cuentas a la Contraloría o al Tribunal de Cuentas.