La agente fiscal de la Unidad Penal N° 20 de Asunción, Teresa Sosa y un equipo del Ministerio Público se constituye en estos momentos en las oficinas del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), para verificar el sistema de registro de diplomas universitarios, certificados de estudios y otros documentos, en la causa de presuntos títulos falsos, que habían denunciado las autoridades educativas.
La intervención, en principio, se realiza en oficinas de la Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicación, en el tercer piso de la Torre 1, edificios del Gobierno del Puerto. La Fiscalía busca datos sobre la gestión de trámites de 525 títulos falsos, que incluyen a todas las áreas del saber, e involucra a institutos de educación superior y a universidades privadas y nacionales. Un perito del laboratorio forense del Ministerio Público acompaña las acciones.
La fiscala Sosa explicó que buscan identificar a los usuarios con acceso al sistema de registro de títulos, la fecha y hora de las operaciones, el tipo de operaciones, tipo de cuenta de los usuarios (administrador, docente, o funcionario administrativo), la identificación de los usuarios, nombres y apellidos de los documentos cargados, documento de identificación de los títulos subidos al sistema y el IP de la conexión de carga.
Acorralado por las denuncias sobre documentos universitarios apócrifos, el ministro de Educación, Luis Ramírez, denunció el pasado 15 de junio la sospecha de más de 550 certificados de dudosa autenticidad. En ese momento, las autoridades confirmaron la falsificación de al menos 250 de ellos.
Expectativas de pena
La fiscala detalló que los funcionarios involucrados y las personas que cuenten con títulos falsos podrían enfrentar distintas consecuencias administrativas y penales. Entre ellas, mencionó la eventual cancelación de sus matrículas, la pérdida de eficacia jurídica de los títulos y, en el caso de funcionarios públicos, la posibilidad de una destitución, conforme al procedimiento correspondiente.
En el ámbito penal, los involucrados podrían ser investigados por hechos punibles contra la prueba documental, como la producción y el uso de documentos no auténticos, dependiendo de las circunstancias de cada caso. Según explicó la fiscala, la expectativa de pena parte de seis meses de pena privativa de libertad y puede llegar hasta cinco años y siete meses inclusive.
Por otra parte, resaltó que este caso afecta distintas carreras. Mencionó por ejemplo las carreras de derecho, licenciatura en educación, licenciatura en educación con énfasis en educación física y hasta licenciatura en deportes.
Títulos falsos: Buscan huellas de los responsables de la carga de diplomas
El equipo fiscal instalado en la cartera educativa intenta conseguir todos los registros de usuarios con acceso desde el año 2013 hasta esta parte, según indicó la agente Teresa Sosa.

La Fiscalía General del Estado designó a un equipo especial para investigar las denuncias del MEC. Además de Sosa, están los fiscales Juan Leonardi Guerrero y el adjunto Augusto Salas, quien debe coordinar las acciones.
El 26 de junio, el MEC difundió un vídeo en redes sociales, donde el ministro de Educación, Luis Ramírez aseguró que, en el marco de una auditoría interna, que más de 500 usuarios irregulares ingresaron al sistema informático para validar títulos académicos de forma totalmente ilegal.
Reportó que estos usuarios se aprovecharon de horarios inusuales, épocas en las que el sistema estaba cerrado y habrían utilizado perfiles sin autorización para realizar un total de 130.000 movimientos virtuales.
Auditoría en el MEC: entre directores separados y “premiados” en cargos
El ministro de Educación, Luis Ramírez, se ufanó de separar de sus cargos a 13 directores y jefes que ocupaban puestos de vital relevancia en lo que se refiere al registro de títulos en la entidad educativa.
No obstante, una de las funcionarias desvinculadas finalmente fue premiada con el cargo de directora de Gabinete del Viceministerio de Educación Superior (VES), a cargo de Hermenegildo Cohene.
La funcionaria es Natalia Ortiz, quien cuenta con una fuerte influencia partidaria dentro de la entidad, quien era directora de Universidades y pasó a ser directora de gabinete en el mismo viceministerio. Mantiene un sueldo superior a G. 18 millones.
