Peña promulga ley antimafia de pagarés que solo beneficia a funcionarios públicos

El presidente Santiago Peña promulgó una ley que es necesaria pero no beneficia a todo el sector trabajador, solo a los servidores públicos. Gentileza/Presidencia de la República del Paraguay

El presidente Santiago Peña anunció a través de sus redes que promulgó la Ley N° 7564, que “establece límites claros y justos para los embargos y descuentos sobre los salarios de los servidores públicos”. La normativa surgió tras el caso de la Mafia de los Pagarés, pero deja sin protección a trabajadores del sector privado.

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El cuestionado proyecto de ley “antimafia de los pagarés”, que establece brechas importantes entre los trabajadores públicos y privados ya fue sancionado por el presidente Santiago Peña.

“Promulgué la Ley N° 7564, una norma que nace del compromiso con quienes cada día sostienen al Estado con su trabajo. Esta iniciativa, fruto del trabajo conjunto entre legisladores y el Poder Ejecutivo, establece límites claros y justos para los embargos y descuentos sobre los salarios de los servidores públicos, protegiendo su derecho a disponer plenamente de su ingreso y garantizando el sustento de sus familias”, señaló Peña en sus redes.

Agregó que el objetivo de la normativa es “erradicar prácticas injustas que durante años vulneraron ese principio y comprometieron el bienestar de numerosas familias”.

Sin embargo, la ley solo es un beneficio para funcionarios públicos. Los trabajadores privados seguirán estando vulnerables ante estas escandalosas prácticas que salieron a luz recientemente.

La nueva ley estaría violando el principio de igualdad ante la ley, al otorgar protección económica únicamente a los empleados del Estado.

¿Qué establece la ley promulgada por Peña?

Entre los artículos más relevantes, la normativa dispone que:

  • No podrán embargarse beneficios sociales, subsidios ni aguinaldos de los funcionarios públicos.
  • Los descuentos totales, incluyendo embargos judiciales, no podrán superar el 50% del salario.
  • Las autorizaciones de descuento deberán ser expresas, por escrito o digitales, y podrán revocarse en cualquier momento.
  • El incumplimiento de estas disposiciones será considerado falta grave dentro del régimen disciplinario de la función pública.

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