La nueva normativa, considerada una “ley de emergencia”, pretende una reparación histórica para las víctimas de la “mafia de los pagarés”, según manifestaron varios diputados, pese a que la ley no habla de que se les devuelva el dinero cobrado por una organización de tintes mafiosos a miles de víctimas, de manera compulsiva e injusta.
El documento que establece mecanismos de saneamiento para juicios ejecutivos, acciones preparatorias y de cobro de guaraníes, fue elaborado por el Ministerio de la Defensa Pública, en colaboración con una Comisión Especial de Investigación, como respuesta al turbio esquema conocido como “la mafia de los pagarés”.
Al respecto, el diputado Antonio Buzarquis (PLRA) manifestó que “miles de paraguayos fueron estafados, sus documentos fueron adulterados y además perseguidos". Dijo que “muchos de ellos quedaron en la calle, con deudas, muchos incluso perdieron la vida” y el Poder Judicial fue cómplice del nefasto esquema.
“Con el proyecto se puede hacer una reparación histórica a toda esta gente”, puntualizó Buzarquis.
Por su lado, la diputada Cristina Villalba (ANR-HC) lamentó la situación de vulnerabilidad de las víctimas, quienes sufrieron los procesos judiciales “sin la debida notificación, con expedientes judiciales que desaparecen y con embargos injustos, en abierta violación a los derechos fundamentales”.
Entre las medidas que establece esta normativa se destacadas la directiva de saneamiento de los expedientes no localizados.
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Las secretarías judiciales tendrán un plazo de 10 días para informar si un expediente no se encuentra. En caso de extravío, el juez deberá ordenar de oficio su reconstitución.
Asimismo, contempla la suspensión y levantamiento de medidas cautelares en juicios con expedientes extraviados, la declaración de nulidad de oficio cuando se verifiquen graves irregularidades en el proceso.
Así como también, la protección a personas vulnerables, con asistencia del Ministerio de la Defensa Pública y la modernización de notificaciones, incorporando el correo electrónico y la mensajería instantánea para que los demandados puedan acceder a información sobre sus juicios.
El documento fue aprobado con las modificaciones introducidas en el Senado de forma unánime, y pasó al Poder Ejecutivo.