Este jueves, el Colegio de Abogados del Paraguay emitió un comunicado en el que analiza el estado del sistema judicial en el país al culminar el año y señala “deficiencias estructurales graves” en el funcionamiento del Poder Judicial.
La preocupación de los abogados se centra principalmente en “la mora, la falta de decisiones oportunas y la ausencia de respuestas claras en procesos de alta relevancia institucional”.
“La Justicia que no decide a tiempo no es neutral”, advierte el texto. “La postergación de resoluciones, el silencio ante conflictos de trascendencia pública y la dilación injustificada en procesos decisivos afectan la seguridad jurídica y debilitan la confianza ciudadana en el sistema republicano”.
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Los abogados señalan como especialmente preocupante “la falta de pronunciamiento oportuno en acciones de inconstitucionalidad de alto impacto institucional, cuya indefinición genera efectos irreversibles sobre la representación política y sobre la vigencia efectiva de la Constitución”.
Podría tratarse de una referencia al caso de la exsenadora opositora Kattya González, quien fue expulsada del Senado en febrero de 2024 en un proceso impulsado por el oficialismo cartista que se vio plagado de irregularidades.
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La exsenadora González presentó en abril de 2024 ante la Corte Suprema de Justicia una acción de inconstitucionalidad contra su remoción del Congreso. Sin embargo, la máxima instancia judicial recién conformó una Sala Constitucional para estudiar el caso en mayo de este año y aún no ha resuelto sobre el mismo, a menos de dos meses de que se cumplan dos años de la expulsión de la exparlamentaria.
Aprehensión de Esther Roa
En su comunicado, el Colegio de Abogados cuestionó la aprehensión de la abogada María Esther Roa el pasado 23 de diciembre en el Palacio de Justicia, mientras realizaba un acto de protesta por la reunión secreta que tuvo lugar semanas antes entre algunos ministros de la Corte Suprema, el presidente Santiago Peña y posiblemente el presidente del Partido Colorado, Horacio Cartes.
Mientras Roa leía un comunicado, un jefe policial encargado de la seguridad del Palacio de Justicia le arrebató el texto de las manos y ordenó su aprehensión con el argumento de que la abogada estaba alterando el orden público.
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“La privación de libertad de una profesional del derecho en el marco de la expresión de una postura crítica, así como el procedimiento desplegado, constituyen un episodio incompatible con los principios básicos del Estado de Derecho”, indica el comunicado del Colegio de Abogados.