Durante el encuentro con la Comisión Permanente, presidida por Colym Soroka (ANR), Pedro Coronel, coordinador del colectivo, cuestionó la falta de respuestas de la Corte Suprema de Justicia y habló de una “protección al esquema” de la conocida como “mafia de los pagarés”.
De acuerdo con la Coordinadora, existen cerca de 17.000 personas afectadas por descuentos compulsivos derivados de juicios ejecutivos. Cada víctima sufre un descuento promedio mensual de G. 3 millones, lo que totaliza aproximadamente G. 51.000 millones al mes. En un año, la cifra asciende a G. 612.000 millones, equivalente al cambio actual a US$ 93,6 millones anuales. “Es el ingreso constante que tiene la mafia. Entendemos que es incluso mayor”, afirmó Coronel.
El dirigente sostuvo que los embargos no solo afectan salarios, sino también el bienestar de miles de familias. Más de 100 niños neurodivergentes -con autismo o TDAH- no continúan sus tratamientos por falta de recursos. Más de 40 niños con discapacidad no cuentan con sillas de ruedas ni pañales.
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Denunció que el 60% de los hijos de las víctimas abandonó sus estudios universitarios, lo que representa 10.500 jóvenes, según la organización. El 75% de los niños presenta malnutrición. De ellos, se estiman 25.500 afectados, y un 5% con desnutrición grave.
“El futuro de esos jóvenes está fuera del país, en Argentina o España, con familias fragmentadas. ¿Qué sentirán hacia este Estado?”, cuestionó Coronel.
También señaló que más del 50% de las mujeres afectadas sufrió violencia intrafamiliar tras los embargos salariales, mientras que más de 30 víctimas con enfermedades oncológicas no pueden continuar sus tratamientos.
Según la agrupación, el 80% de las víctimas sufre algún tipo de exclusión social, con consecuencias como estrés, depresión y crisis familiares. Además, mencionaron que se registran 27 muertes por suicidio vinculadas a esta situación.
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Coronel denunció que los juicios ejecutivos se generaron en masa. “Un ujier presentaba en tres días 1.300 notificaciones y el juez firmaba en una semana. ¿Tenía tiempo de leer todo eso? Eran fábricas de juicios”, afirmó. Indicó que existen más de 120.000 expedientes y que cada persona enfrenta en promedio 12 juicios de embargo, lo que calificó como una situación “atípica y resultado de una mafia y de una inacción”.
Reiteran pedido de Juicio político a la Corte
La Coordinadora afirmó haber presentado propuestas entre mayo y noviembre sin recibir respuesta oficial de la Corte Suprema como cuerpo colegiado. Entre los planteamientos figuran: Suspensión de los embargos ejecutivos y designación de jueces especiales.
Asimismo, pidió a la Cámara de Senadores instar al fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, a impulsar investigaciones bajo la figura de crimen organizado. “La ley reconoce la existencia de la mafia. ¿Dónde está la unidad de crimen organizado?”, expresó.
De la reunión solamente participaron un senador y tres diputados, de un total de 18 miembros de la Comisión Permanente.
Rolón será invitado la próxima semana
El presidente de la Comisión Permanente del Congreso, Colym Soroka (ANR), prometió que la próxima semana invitará al fiscal general del Estado, Emiliano Rolón y al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) para conocer como avanzan los casos vinculados a la mafia de los pagarés.
“Vamos a insistir con la Fiscalía y el Poder Judicial. Es una burla que hasta el momento no se vea imputados ni presos”, dijo el parlamentario al señalar que los invitará la próxima semana.
Soroka informó que remitirá el relato de las víctimas a la Corte Suprema de Justicia, ya que ellos se habían comprometido a dar soluciones.
“Promesas y discursos vacíos ya tenemos mucho”, dijo al mencionar que una docente le visitó y le comentó que hace 16 años no cobra su jubilación. “Ella solo sacó una plancha y ya debe G. 300 millones”, dijo.
Soroka también dijo que sigue trabajando en el proyecto de ley que busca resarcir el daño económico a las víctimas de la mafia de los pagarés para que quienes hayan ejecutado sean los responsables de la ejecución, ya sean con sus bienes o no.
Reveló que recibió muchos llamados para no realizar las reuniones en torno al caso de la trama delictiva. “Acá hay gente muy poderosa. Acá me han llamado mas gente a que eluda este tema a que continúe”, dijo.
“Falló el Estado”, dice diputado cartista
Por su parte, el diputado Alejandro Aguilera (ANR, HC), miembro del JEM dijo que esta es la mayor estafa en la historia del Paraguay hablando de la magnitud económica. “Esto no solo fue posible por delincuentes que dejaron en la calle a miles de personas, sino porque el Estado paraguayo falló porque si el Poder Judicial funcionaba esto no iba a pasar, acá falló el Estado Paraguayo”.
Asimismo, dijo que el Poder Judicial como poder del Estado y encargado de velar por los derechos de los ciudadanos ha fallado. Nosotros no solo tenemos que hablar de un resarcimiento de las empresas, sino de parte del Estado Paraguayo, porque el Estado paraguayo ha fallado y es una realidad, es algo en lo cual tenemos que trabajar porque acá no solamente hay daño económico, se han perdido vidas”, afirmó.
Expedientes en la zona del afectado
Por su parte, el diputado Jorge Ávalos Mariño (PLRA) dijo que se hará cargo del proyecto de ley especial para que los expedientes de las víctimas de la mafia de los pagarés sean atendidos en sus distritos.
“Es imposible que una persona de Encarnación venga a la capital 5 veces al mes con la situación que padece con el gasto que implica”, dijo el parlamentario quien dijo que se buscará dar prioridad absoluta al tema.