Resoluciones del Consejo de Administración del Instituto de Previsión Social (IPS) a las cuales tuvo acceso ABC revelan un festín de millonarios pagos a través de “acuerdos extrajudiciales” a proveedores entre 2024 y 2025 por servicios fuera de la vigencia de contratos, “agilizados” a partir de dictámenes firmados por el director jurídico de la previsional, José “José’i” González Maldonado, y la jefa de Dictámenes y Contratos, Jorgelina Gómez.
Ambos funcionarios, a cargo del titular del IPS, Jorge Brítez, recomendaban usar el rubro 915 “gastos judiciales” para concretar los desembolsos.
Exhorbitante crecimiento
Las planillas de ejecución presupuestaria del IPS evidencian que entre esos años hubo un escandaloso incremento del rubro 910, en el cual están incluidos los gastos judiciales.
La documentación muestra que la previsional, entre setiembre y diciembre de 2023, inmediatamente después de la asunción de la nueva gestión, destinó G. 13.518 millones, equivalentes a cuatro veces más que lo destinado durante todo el año 2022.
En 2024 la cifra de ejecución se disparó estrepitosamente a G. 120.431 millones, coincidente con el periodo de mayor cantidad de acuerdos extrajudiciales formalizados por el Consejo de Administración con los dictámenes de José González y Jorgelina Gómez,
Durante el 2025, la cifra alcanzó los G. 43.708 millones, reduciéndose con relación al año anterior pero representando tres veces más que lo ejecutado en 2023.
28 meses, más que 8 años
En lo que va de la gestión de Brítez y su equipo, el IPS gastó más de G. 177.656 millones (US$ 27 millones) para el rubro de “gastos judiciales”, superando en un 61% el total destinado para el mismo concepto durante casi ocho años anteriores (2015-2023), correspondientes a las gestiones de Horacio Cartes y Mario Abdo Benítez, que sumaron G. 109.729 millones (US$ 17 millones).
Crecimiento patrimonial
González tuvo un aumento patrimonial del 215% en solo 15 meses, pasando de un patrimonio neto de G. 276 millones en septiembre de 2023 a G. 870 millones en febrero de 2025. Uno de los motivos argumentados por el funcionario es, justamente, el cobro de G. 412.500.000 en honorarios derivados de un acuerdo extrajudicial. Su caso está siendo investigado por la Contraloría General de la República y la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios.