El IPS desembolsó entre 2024 y 2025 más de G. 104.226 millones (US$ 17,3 millones) bajo el rubro de gastos judiciales para pagar a proveedores por servicios fuera de contrato, violando la Ley de Contrataciones Públicas. De este monto, dos contratistas cobraron sin que existiera siquiera una sentencia ni homologación judicial, según reveló la Contraloría General. Uno de los beneficiados con esta maniobra fue la firma Audicon –de los exfuncionarios públicos Jacinto Santamaría y Marta González– contratada para una promocionada auditoría externa.

Se reparten el dinero de los aportantes del IPS

José González junto a la auditoria, Alicia Olazar.

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