El acuerdo SOFA (por sus siglas en Inglés), firmado el 15 de diciembre de 2025, establece el marco jurídico para la presencia temporal de personal militar y civil de Estados Unidos en Paraguay con fines de entrenamiento, ejercicios conjuntos y asistencia humanitaria.
Durante la reunión conjunta de comisiones, el canciller Rubén Ramírez Lezcano defendió el alcance del convenio y aseguró que no autoriza bases militares permanentes, no implica cesión territorial, no elimina la responsabilidad penal.
Como tampoco vulnera la soberanía nacional, se enmarca dentro de la Constitución Nacional y la jurisdicción penal y estándares internacionales.
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Uno de los puntos más debatidos fue la jurisdicción penal. El texto autoriza a Estados Unidos a ejercer jurisdicción penal sobre su personal mientras se encuentre en Paraguay.
El canciller explicó que esto no implica impunidad, ya que el personal estadounidense queda sujeto al sistema judicial de su país de origen, bajo estándares internacionales aplicados en acuerdos de defensa similares.
“La finalidad es garantizar seguridad jurídica al personal desplegado, asegurando que cualquier conducta ilícita será investigada y sancionada bajo un esquema judicial plenamente operativo”, sostuvo.
Además, recordó que Paraguay mantiene la potestad de poner fin a la presencia de dicho personal. El Gobierno argumenta que el objetivo es fortalecer capacidades institucionales, mejorar la preparación ante amenazas transnacionales y emergentes, y aumentar la capacidad de respuesta frente al crimen organizado, narcotráfico y riesgos tecnológicos.
Oposición advierte “entrega de soberanía”
El senador Líder Amarilla (PLRA) expresó su rechazo al acuerdo, al considerar que se estaría “desnaturalizando el principio diplomático”. “Vamos a dar un cheque en blanco a cualquier funcionario, incluso contratistas, con inmunidad penal. La Convención de Viena reserva eso a diplomáticos”, afirmó.
El canciller respondió que la Convención de Viena se aplica correctamente y que el acuerdo no contradice el marco internacional.
Por su parte, el senador Rafael Filizzola (PDP) cuestionó si el personal paraguayo en Estados Unidos gozará de las mismas inmunidades y advirtió que el texto incluye no solo militares, sino también contratistas. “No sé qué ganamos con esto. Hemos tenido cooperación con Colombia sin este tipo de cláusulas”, señaló, calificando el acuerdo como amplio y ambiguo en su redacción.
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La senadora Yolanda Paredes, de Cruzada Nacional cuestionó: “Estamos hablando de un atropello constitucional y de vender la soberanía”, afirmó. También la senadora Lizarella Valiente (ANR, HC) pidió mayor precisión sobre el principio de territorialidad e inmunidad, mientras que el senador Mario Varela (ANR, disidencia) manifestó preocupación por artículos específicos del texto.
El debate incluyó un intercambio directo entre Filizzola y el canciller, quien aseguró conocer profundamente la Constitución y defendió la legalidad del acuerdo.
Mercosur–Unión Europea: dictamen unánime
En contraste, el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea fue dictaminado por unanimidad en ambas comisiones. El tratado, firmado el 17 de enero de 2026, prevé la eliminación de más del 90 % de los aranceles, la reducción de barreras no arancelarias, mayor previsibilidad jurídica y convergencia en estándares regulatorios.
El canciller destacó que el acuerdo permitirá acceder a mercados europeos con menores barreras, impulsando exportaciones paraguayas, especialmente en agricultura, ganadería e industria manufacturera.
Según datos oficiales, Argentina y Uruguay ya ratificaron el acuerdo, mientras que en Brasil cuenta con media sanción en la Cámara de Diputados.
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Tanto el acuerdo SOFA con Estados Unidos como el acuerdo Mercosur–Unión Europea serán tratados mañana en sesión ordinaria del Senado, prevista para las 9:30.
El dictamen en mayoría sobre el convenio de cooperación en seguridad marca un paso clave hacia su eventual ratificación, pese a los cuestionamientos de soberanía planteados por sectores de la oposición.
Emergencia Penitenciaria
El proyecto de ley que declara emergencia penitenciaria a todos los establecimientos penitenciarios del país será analizado en sesión ordinaria del Senado, prevista para las 9:00. Con la norma se pretende dar cobertura jurídica-legal al respaldo de las fuerzas militares. La comisión de Asuntos Constitucionales dictaminó por unanimidad a favor de la norma que viene postergándose desde el año pasado.
El ministro de Justicia, Rodrigo Nicora informó que en la actualidad hay mas de 20 mil personas privadas de libertad en las cárceles.