Según el cronograma del TSJE, con miras a las elecciones muncipales, la auditoría a las máquinas de votación debía hacerse del 2 al 27 de febrero con los representantes técnicos de cada partido político.
Lea más: Directivo de ueno figura ligado a dos firmas en pugna por máquinas de voto
Esto teniendo en cuenta que las elecciones internas se realizarán el domingo 7 de junio y las elecciones municipales en 263 municipios para renovar intendentes y concejales se realizará el domingo 4 de octubre.
Sin embargo, el comité político del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), presidido por Hugo Fleitas, había solicitado al TSJE suspender el cronograma electoral para hacer una auditoría más profunda por falta de garantías.
Lea más: TSJE anuló exigencias de seguridad para arriendo de máquinas de votos
Otras agrupaciones opositoras, incluyendo Cruzada Nacional, habían denunciado que la auditoría del TSJE fue un “teatro” y una “demostración guiada” sin fiscalizaciones reales.
El citado bloque liderado por Cruzada Nacional había enviado a sus técnicos con la esperanza de poder realizar una verificación real; sin embargo, según denuncian, el consorcio adjudicado y el TSJE no solo no permitieron una labor seria, sino que, según denuncian, “no se cumplieron condiciones mínimas de auditabilidad declarado” en el pliego de bases y condiciones, que en otras condiciones podría ser causal de la anulación del contrato.
Enumeraron al menos cinco observaciones graves, las cuales son: 1) Pruebas limitadas a escenarios predefinidos por la propia autoridad y/o el proveedor; 2) restricciones operativas que impiden seguimiento técnico serio (incluyendo limitaciones de tiempo para preguntas y verificación, y la no entrega del Código Fuente; 3) hallazgos críticos de seguridad lógica, entre ellos, usuarios con privilegios que podrían ser usados para alterar los resultados; 4) opacidad sobre software y componentes esenciales; y 5) ausencia de documentación completa y verificable del proceso.
Fue descartada y luego fue la única oferente
En agosto de 2025 la Justicia Electoral anuló la licitación de compra de máquinas de votación por orden del Congreso, de mayoría cartista.
Esto pasó después que Comitia-MSA fuera descartada y el Consorcio Paraguay Democrático –integrado por el holding internacional Smartmatic y las empresas nacionales Excelsis SA y Celexx SA– fuera el único que superó el análisis técnico.
Posteriormente el ente llamó a una licitación de alquiler cuyo único oferente fue el consorcio Comitia MSA, el cual había sido descalificado anteriormente y cuyos representantes en Paraguay son gerentes del grupo Ueno, exsocios del presidente de la República, Santiago Peña.