La Procuraduría General de la República (PGR) aparece con una sugestiva participación en el juicio del IPS contra el Consorcio Hotelero Sudamericano SA (Jorge López Moreira) por una deuda de G. 10.781 millones. Solo siete días antes de firmarse un “acuerdo extrajudicial” para reducir la deuda a G. 7.500 millones, el entonces procurador Marco Aurelio González intervino como tercero coadyuvante en representación del Estado, pero, curiosamente, guardó silencio ante la quita de G. 3.281 millones que benefició a la empresa y permitió que su hermano, José “Jose’i” González –entonces director jurídico del IPS– facturara como ingreso exclusivo suyo G. 412 millones en concepto de honorarios como abogado.
“…la Procuraduría General de la República se adhiere plenamente a la pretensión del Instituto de Previsión Social (IPS) (…) debiéndose dictar sentencia definitiva ordenando llevar adelante la ejecución por la suma exigida, por corresponder en estricto derecho”, argumentaba la PGR el 22 de julio de 2024. El escrito fue presentado por el entonces procurador general y actual miembro del directorio del Banco Central del Paraguay (BCP), Marco González Maldonado, y el procurador delegado Ángel Aquino. En ese momento, la PGR exigía el cobro total de G. 10.781 millones al Consorcio Hotelero Sudamericano SA, representado por Jorge López Moreira, según los detalles del Expediente Nº 04/2024, tramitado ante la jueza de la Capital Marisa Vargas.
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Una semana después el escenario cambió de manera brusca. El 30 de julio de 2024, el IPS –bajo la presidencia de Jorge Brítez– concretó un “acuerdo extrajudicial” con la empresa, reduciendo la deuda a G. 7.500 millones. Sin embargo, se agregó el 5% sobre ese monto más IVA como honorarios profesionales para los abogados litigantes, donde apareció como único beneficiado el exdirector jurídico de la previsional, José “José’i” González Maldonado, hermano del entonces Procurador General.
El renunciante alto funcionario del IPS facturó G. 412.500.000, de acuerdo a su factura emitida el 14 de agosto de 2024.
Lo escandaloso es que, pese a la reducción de G. 3.281 millones para el patrimonio del IPS, no existe en el expediente judicial ningún dictamen de la PGR objetando o manifestando su postura a favor del acuerdo o bien como participante del juicio de homologación. Por el contrario, existen registros de que el 5 de mayo de 2025, seis meses después del finiquito del caso ocurrido el 7 de noviembre de 2024, el exprocurador volvió a pedir intervención en el proceso, con otro procurador delegado Federico Miller, sin mencionar el arreglo.
La triangulación confesada
La Resolución CA Nº 054-034/2024, firmada por Jorge Brítez y los consejeros Carlos Pereira, Aníbal de los Ríos, José Argaña, Víctor Insfrán y José Jara, revela la celeridad para el cobro. El 29 de julio de 2024 la empresa presentó la oferta y, apenas 24 horas después, el Consejo de Administración ya la había aprobado. Curiosamente, la resolución omite cualquier mención a la Procuraduría, a pesar de que esta ya era parte del juicio en carácter de tercero coadyuvante.
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El documento detalla que el Consorcio se comprometía a abonar los G. 7.500 millones en un plazo de 48 horas, sumando el 5% más IVA para “honorarios profesionales”.
Documentos a los que tuvo acceso ABC confirman que el 2 de agosto de 2024, la empresa depositó un total de G. 7.912.500.000 en las cuentas del IPS (monto del acuerdo más los honorarios). En forma casi inmediata, la previsional, usando de justificativo una nota interna en la cual se hablaba incluso de cobro en efectivo, transfirió los G. 412.500.000 de honorarios a la cuenta personal de su entonces director jurídico, José González Maldonado. Una triangulación de fondos públicos para beneficio privado confesada por la propia previsional.
“No se solicitó”, afirma González
El exprocurador, Marco A. González, señaló que la participación de la PGR en el juicio del IPS se hizo como tercero coadyuvante, “eso significa para que la Procuraduría ayude”. Indicó que la ley orgánica de la PGR regula cómo llevar los acuerdos cuando esta es la dueña del proceso. “Son los casos donde se regula y obviamente la PGR debe dar su parecer. En los casos en los que actúa como tercero coadyuvante no está previsto. IPS tiene personería jurídica propia y por ende es el dueño del proceso”. Finalmente, dijo que la Procuraduría puede emitir opiniones (sobre acuerdos) en caso de que una repartición pública lo solicite. “En este caso no se solicitó y no se emitió por ende, la opinión” (sic).