El pasado viernes 6 de marzo, a las 11:09, ingresó al despacho de la jueza de la capital Marisa Vargas un pedido de regulación de honorarios profesionales vinculado al juicio IPS c/ Consorcio Hotelero Sudamericano SA, representado por Jorge López Moreira. El solicitante era Patrosinio Almada, el oficial de justicia encargado de ejecutar los embargos contra la citada empresa por una deuda millonaria con la previsional.
Según el documento al que tuvo acceso ABC, Almada reclamaba el pago de G. 215.629.301, monto equivalente al 2% del total demandado inicialmente por el seguro social (G. 10.781 millones). En su escrito, el profesional argumentaba que sus servicios estaban concluidos y que el pedido se ajustaba estrictamente a derecho.
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Sin embargo, el trámite dio un giro inesperado: a las 21:37 de ese mismo día, el oficial de justicia presentó un nuevo escrito desistiendo de su pedido, alegando haber llegado a un “acuerdo total” con la parte demandada para el cobro de sus haberes.
El privilegio al desnudo
Esta aparición del oficial de justicia se produce 15 meses después de que se homologara un “acuerdo extrajudicial” entre el IPS y el Consorcio, y días después de que nuestro diario dejara al descubierto una seria maniobra administrativa dentro de la previsional.
En aquel pacto, el IPS aceptó una quita de G. 3.281 millones, reduciendo la deuda a G. 7.500 millones. A esta suma se le añadió un 5% (G. 412.500.000) en concepto de honorarios para los abogados.
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El Consorcio transfirió la totalidad (G. 7.912.500.000) a las cuentas oficiales del IPS. Esta última, sin embargo, en lugar de desmarcarse y permitir que la empresa liquide de manera independiente con todos los abogados intervinientes, entre ellos el oficial de justicia, decidió actuar como pagador selectivo. La institución confesó, vía comunicados oficiales plagados de errores gramaticales, que el beneficio fue dirigido exclusivamente a su entonces director jurídico, José “José’i” González.
González, acorralado por las denuncias sobre su explosivo crecimiento patrimonial, el cobro de honorarios profesionales y el uso discrecional del rubro 915 “gastos judiciales” para pagos fuera de contrato, presentó su renuncia como director jurídico. Pese a su salida del cargo de confianza, el exdirector permanecería como funcionario en la estructura de la previsional.
A esto se suma su influencia a través de un círculo de leales que aún ocupan puestos clave: Jorgelina Gómez de la Fuente (jefa de Dictámenes y Contratos) y Alicia Olazar (directora de Auditoría Interna), según los antecedentes.
¿Y los demás millones?
Otro punto que llama la atención de este caso tiene que ver sobre declaraciones que había realizado el 22 de abril de 2024, el entonces director jurídico, José González, a través de la 970 AM. En aquella ocasión, González afirmó que la deuda de la citada empresa era de aproximadamente G. 31.500 millones.
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Sin embargo, el reclamo final se hizo por G. 10.781 millones que era hasta noviembre de 2018. El exdirector jurídico justificó que el consorcio ya había sido beneficiado con un “acuerdo extrajudicial” previo durante el gobierno de Mario Abdo Benítez, el cual no se cumplió.
A pesar de estos antecedentes de morosidad, el IPS volvió a otorgar facilidades y quitas, cobrando finalmente apenas G. 7.500 millones de una deuda que originalmente era tres veces mayor, según el reclamo del propio González.