Esta semana, la Cámara de Senadores aprobó una versión “flexibilizada” del proyecto de reforma del Sistema de Jubilaciones y Pensiones del Sector Público (caja fiscal) que presentó el Poder Ejecutivo y que fue sancionado con modificaciones por la Cámara de Diputados.
El Gobierno plantea modificar el sistema jubilatorio del funcionariado público con el fin expreso de frenar el creciente déficit de la caja fiscal, incluyendo el establecimiento de edades mínimas de jubilación o el incremento del aporte de los afiliados a las cuatro cajas más deficitarias: las del Magisterio Nacional (docentes), fuerzas de seguridad (policías y militares), docentes universitarios y magistrados judiciales.
La “versión Senado” del proyecto de reforma presenta parámetros más flexibles con relación a las modificaciones que la versión que aprobó en febrero la Cámara de Diputados, que ahora debe resolver si aprueba la versión del Senado y la envía al Poder Ejecutivo o se ratifica en su propia versión, más cercana al plan original del Ejecutivo y rechazada por los gremios.
Insatisfechos con el 10 por ciento de aporte del Estado
En comunicación con ABC Cardinal este sábado, Gabriel Espínola, secretario general de la Organización de Trabajadores de la Educación del Paraguay - Auténtica (OTEP-A), explicó algunas de las diferencias entre lo aprobado por el Senado en comparación con la “versión Diputados” del plan de reforma y la opinión de su gremio sobre las medidas contempladas.
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Espínola resaltó que el plan original del Poder Ejecutivo planteaba que el Estado – en su calidad de empleador de los funcionarios – aporte a las respectivas cajas un monto equivalente al 3 por ciento del ingreso de cada funcionario, algo que fue modificado en Diputados para subir al 5 por ciento de forma gradual y finalmente, tras la presión de los gremios, saltó al 10 por ciento en la “versión Senado”.
Sin embargo, argumentó que, en el caso de los docentes, si se tenían en cuenta factores adicionales como aguinaldos o aportes del Ministerio de Educación y Ciencias al Instituto de Previsión Social (IPS), el aporte del Estado debía ser aún más alto, de un 12,9 por ciento.
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El 10 por ciento consignado en el proyecto de ley del Senado, afirmó, sigue siendo una violación del Convenio 102 de la Organización Internacional del Trabajo, que Paraguay suscribió y que establece estándares mínimos de seguridad social. Insinuó que se hará una denuncia y que el Estado se expone a sanciones.
Flexibilización y “perjuicios” de la versión del Senado
Luego de su tratamiento en ambas cámaras del Congreso Nacional, el proyecto de reforma ya no puede ser modificado. La Cámara de Diputados debe elegir entre ratificarse en su versión o aprobar la del Senado.
Entre las diferencias entre ambas versiones, Espínola mencionó que la versión de Diputados establece como edad mínima de jubilación los 57 años, con una tasa de retorno equivalente al 70 por ciento del promedio de los salarios del funcionario; mientras que la del Senado baja la edad mínima a 53 años y eleva la tasa de retorno al 78 por ciento, además de incorporar la jubilación extraordinaria y el “reconocimiento” de un año de servicio por hijo para las mujeres docentes, con un límite de dos hijos y siempre que la docente tenga 53 años y al menos 25 años de servicio.
Sin embargo, el secretario de la OTEP-A señaló que el proyecto del Senado trae también “perjuicios importantes”, entre ellos el hecho de que eleva al 19 por ciento el aporte de los afiliados a las cajas deficitarias. En el caso de los docentes, explicó, el aporte total sería del 24,5 por ciento del salario al adicionarse el aporte del 5,5 por ciento para cobertura médica del IPS.
“Es un porcentaje alto para cualquier ingreso, más aún si la patronal va a aportar solo 10 por ciento”, dijo.
Posible sesión extraordinaria el martes
Espínola dijo creer que todo indica que la Cámara de Diputados optará por sancionar la “versión Senado” del proyecto, que es considerada el “mal menor” por los gremios.
Existen rumores de que la Cámara Baja podría tratar el proyecto en una sesión extraordinaria el próximo martes y los sindicatos docentes convocaron una nueva movilización masiva en Asunción ese día.
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Más allá de la reforma de la caja fiscal, Espínola opinó que el Gobierno necesita revisar su régimen tributario, en concreto elementos como el impuesto a la renta empresarial, para garantizar la sostenibilidad de sus políticas públicas, especialmente en los ámbitos de salud, educación y tercera edad.
También señaló la urgencia de que se establezca un sistema para “fiscalizar el desempeño” de los docentes para prevenir la incorporación de personas sin capacidad, por motivos meramente políticos.
“La peor herencia que tuvimos de la dictadura, culturalmente ancló muy fuerte en el magisterio, para tener cargo tenías que tener afiliación”, dijo. “Hoy continúa esa línea”.