El presidente de la República, Santiago Peña, promulgó ayer la Ley N° 7629 que "declara en situación de emergencia todos los establecimientos penitenciarios y centros educativos del país y establece los objetivos del Plan de Seguridad Penitenciaria con el concurso de las fuerzas públicas, derogando las Leyes Nº 7238/2023 y Nº 7420/2024”. La iniciativa fue presentada por varios diputados.
La normativa fue sancionada por el Congreso el pasado 4 de marzo. La emergencia se extiende hasta el 31 de diciembre de 2026.
El documento oficial refiere que autoriza al Ministerio de Justicia a adoptar las medidas administrativas extraordinarias en el marco de la emergencia penitenciaria, incluyendo la implementación de procesos de selección ágiles, diferenciados y excepcionales para la contratación de personal de carácter temporal, estrictamente necesario para garantizar la continuidad y seguridad del servicio penitenciario, conforme a lo dispuesto en la Ley N° 7445/2025 “De la Función Pública y del Servicio Civil”.
También autoriza al Ministerio de Justicia a gestionar los recursos presupuestarios para llevar adelante obras de infraestructura, la compra de equipos tecnológicos de seguridad, de alimentos, contratación de personal y a otras erogaciones de emergencia previstas en la presente ley para atender necesidades impostergables en materia penitenciaria.
Además, encomienda al Ministerio de Economía y Finanzas, la atención preferencial en carácter de prioridad a los procedimientos requeridos por el Ministerio de Justicia para la transferencia de créditos presupuestarios, así como para la obtención de los mismos por los mecanismos legales asignados para el efecto.
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Objetivos
En el artículo 6, la ley señala que el Plan de Seguridad Penitenciaria con las Fuerzas Públicas tendrá por objetivo coordinar las acciones conjuntas del cuerpo de seguridad penitenciaria, del Ministerio de Justicia, con los efectivos correspondientes de las fuerzas, en seguridad y vigilancia de los centros penitenciarios. Con esa finalidad, los objetivos específicos serán:
-Fortalecer la seguridad de los centros penitenciarios, con el concurso de las fuerzas públicas.
-Fortalecer la inteligencia penitenciaria, con el concurso de las áreas de inteligencia de las Fuerzas Públicas.
-Mejorar la efectividad del sistema de seguridad para reducir los riesgos de fuga u otros hechos cometidos por el crimen organizado en los centros penitenciarios.
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Debate legislativo
En el debate en la Cámara de Senadores, el senador Javier Zacarías Irún (ANR, HC), presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, explicó que la propuesta legislativa busca mantener la declaración de emergencia para abordar la situación crítica en infraestructura, seguridad, personal, formación y otros factores necesarios.
Líder Amarilla (PLRA) se mostró a favor del proyecto para contratar más guardias y tomar medidas. No obstante pidió organizar una reunión con autoridades nacionales de seguridad y Fuerzas Armadas ante el decreto del presidente de la República, Santiago Peña, de sacar a los militares a las calles para combatir el crimen organizado.
La senadora Esperanza Martínez (Partido de Participación Ciudadana) cuestionó que se mantenga la emergencia sin planificación. Dijo que en pleno año electoral (por los comicios municipales) se plantea contratar personal fuera de la ley de la Función Pública y de Contrataciones. Sostuvo que todo apunta a usar fondos de manera discrecional.