Hace un par de días saltó a la luz un contundente informe de la Contraloría respecto a un presunto festín con el pago de bonificaciones y otros beneficios salariales irregulares en la administración del presidente del Consejo de Administración del IPS, Jorge Magno Brítez en el 2024, pero lo más grave es que el diputado Mauricio Espínola (ANR, Añeteté) ya denuncia otras presuntas irregularidades en 2025 que incluso podrían constituir hechos de relevancia penal.
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“IPS: NO SON CASOS AISLADOS… ES UN MECANISMO DE SAQUEO. Lo que venimos denunciando como corrupción ya no admite dudas. En el IPS, los salarios se manipulan desde adentro", denunció Espínola.
Esto en relación a funcionarios con rango de “director” que cobraban un monto mayor haciendo figurar como “gerentes” y que alertan que podrían constituir hechos punibles como cobro indebido de honorarios.
El diputado Espínola expuso tres nombre bastante conocidos por escándalos anteriores, como ser el caso del exdirector jurídico José González Maldonado, que se vio obligado a renunciar a su cargo de director -aunque sigue como funcionario del IPS- tras revelarse pagos en concepto de “honorarios judiciales” de manera presuntamente irregular.
Espínola denunció que el exdirector de Gabinete del IPS, Luis Ramón Cardozo Brizuela; el exdirector jurídico; José Antonio González Maldonado (Jose’i) y la actual Coordinadora de la Dirección Jurídica del IPS, María Graciela Cabral Escobar, habrían cobrado de manera irregular entre G. 3 a 4 millones de más al mes.
En el caso de Luis Cardozo y “Jose’i” González cobraban hasta diciembre de 2024 un salario de director G. 12 millones, pero desde enero de 2025 ya pasaron a figurar -de manera presuntamente irregular- como “gerentes” la suma de G. 16. millones al mes, sin ocupar formalmente el cargo.
En tanto que María Graciela Escobar, el aumento fue levemente menor, pasado de cobrar G. 9.053.550 (salario de coordinadora) a G. 12.000.000, correspondiente al salario de directora, sin serlo.
El legislador remarcó que esto, sumado al informe de Contraloría sobre los pagos presuntamente irregulares de bonificaciones y otros, revela un esquema de robo en el IPS ante lo cual no ven acciones por parte de las autoridades de la previsional ni de la Fiscalía, ya que habría delitos tipificados.
“En todos los escenarios: cobrar sin ejercer el cargo es ilegal. Esto encuadra en: Cobro indebido de remuneraciones públicas Art. 313 del Código Penal – pena de hasta 5 años de prisión. Y no solo para quien cobra,sino para quien lo autoriza", alertó.
El mismo apuntó 4 puntos que confirmarían al menos dicho punible, y también que no se tratan de hechos aislados.
“Esto no es coincidencia: 1) Directores cobrando como gerentes; 2) Funcionarios cobrando por cargos que no ejercen; 3) Categorías que “aparecen” sin respaldo legal; 4) Recursos Humanos habilitando pagos indebidos. Esto no es error. Es estructura funcionando", acusó Espínola.
El mismo consideró igualmente grave que “no vemos investigaciones internas por parte de la Auditoría del IPS” ni “denuncias ante el Ministerio Público por parte de la Dirección Jurídica del IPS”, ante los cual le recordó a Brítez y al Consejo de Administración de la previsional que “el silencio institucional también es parte del problema porque son parte del esquema”.
Ante estos hechos revelados exige principalmente una “intervención de oficio del Ministerio Público”, así como la “identificación de toda la cadena de responsabilidad” y una “Auditoría completa sobre categorías y salarios en el IPS”.