El proyecto de ley que viene con media sanción del Senado y que todo apunta a que será rechazado por los dictámenes unánimes en contra de varias comisiones, sí o sí deberá tener una definición este martes 7 en Diputados, de los contrario tiene fecha de sanción ficta (automática) el próximo domingo 12 de abril.
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Más allá del acápite loable de la iniciativa, las críticas al mismo es que incluso de ser aprobado es poco probable que garantice nada, puesto que no prevé partidas presupuestarias para promover los programas de alimentación que plantea.
Al respecto, puntualmente el artículo 17 del proyecto de ley establece que “la implementación de las políticas, estrategias y programas, orientados a garantizar el derecho humano a la alimentación adecuada, se desarrollará de manera progresiva, conforme a las disponibilidades presupuestarias y capacidades operativas del Estado, sin perjuicio del carácter pleno y permanente del derecho reconocido por la presente ley".
No es un dato menor que incluso ahora el programa “estrella” del gobierno de Santiago Peña denominado Hambre Cero ya presentó problemas para el pago a proveedores y un panorama muy preocupante se avizora a partir de mediados de 2027, cuando está previsto que cese el pago de compensaciones de Itaipú, que financia el programa de alimentación escolar.
Con ese argumento principal, en total tiene 11 dictámenes por el rechazo y apenas uno -firmado apenas por dos diputados- es por la aprobación con modificaciones.
Puntualmente la iniciativa establece más bien aspectos declarativos sobre el derecho a una alimentación digna para todos, pero que en realidad son básicos y desde ahora ya deberían de ocupar al Gobierno.
Entre otros, por ejemplo, “el acceso al consumo de alimentos saludables y nutritivos; la efectividad de los sistemas de distribución de alimentos; el fortalecimiento sostenible de la base productiva de alimentos; la reserva de alimentos frente a situaciones de emergencia”.
También se plantea el apoyo a la producción de alimentos y otra deuda inadmisible para un país rico en agua dulce, como es el acceso a agua potable.
Esto ya que también plantea garantizar el “acceso, disposición y saneamiento del agua para el consumo humano y doméstico, de forma suficiente y saludable”.
No obstante, también se plantea sumar más aspectos burocráticos, como ser la creación del consejo asesor de soberanía y seguridad alimentaria y nutricional (CASSAN).
Este sería una órgano integrado por más de 21 instituciones estatales y de la sociedad civil (incluidas organizaciones médicas, campesinas e indígenas), pero también organizaciones amigas del poder como el Consejo de Gobernadores o la cuestionada Organización Paraguaya de Cooperación Intermunicipal (Opaci).
Obligación para el Estado
Algo que no agrada sobre todo a la mayoría oficialista en Cámara de Diputados es que, pese a los términos más bien declarativos del proyecto de ley, se plantea una obligación legal para que el Estado cumpla con este derecho, así como también vías para reclamárselo.
En el artículo 8 puntualmente se establece que “el Estado paraguayo a través de sus autoridades, en el ámbito de sus respectivas competencias, tiene la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar el ejercicio pleno del derecho humano a la alimentación adecuada”.
También que deberá “establecer políticas públicas, programas, proyectos y acciones específicas, previendo recursos financieros en el Presupuesto General de la Nación, asignar talentos humanos y trabajo institucional”.
Por su parte, en el artículo 20 cualquier ciudadano puede exigir al Gobierno la garantía de este derecho, ya sea a través de la “Defensoría del Pueblo, las Direcciones o Departamentos de Derechos Humanos de los diferentes Ministerios, los Juzgados de Paz, las Comisiones de Derechos Humanos y Comisión Frente Parlamentario contra el Hambre del Congreso Nacional; Comisarías de la Policía Nacional, o en cualquier otra entidad estatal de derechos humanos a nivel nacional, departamental o municipal”.
En el caso de concretarse el rechazo, este proyecto deberá volver al Senado, donde requerirá de mayoría absoluta (23 votos) para ratificarse.
En el caso de lograrlo, la última palabra la tendrá Diputados, que necesitará de mayoría absoluta de dos tercios (53 votos) para archivar la iniciativa.