La iniciativa, que ya obtuvo dictamen favorable en mayoría dentro de la Comisión de Legislación, representa uno de los movimientos políticos más cuestionados del oficialismo, al intentar convertir en ley una interpretación judicial para favorecer a líderes cartistas actuales y futuros, incluyendo a Horacio Cartes, Nicanor Duarte Frutos y eventualmente a Santiago Peña.
El proyecto responde directamente a la hoja de ruta planteada por el presidente del Senado, Basilio “Bachi” Núñez, quien defendió públicamente la propuesta argumentando que el Congreso solo busca reglamentar lo que, según él, ya resolvió la Corte Suprema de Justicia.
“La Corte Suprema ya se expidió y dijo que están habilitados. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es reglamentar por ley”, sostuvo Núñez.
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Sin embargo, críticos consideran que se trata de un intento de imponer por mayoría legislativa una modificación de facto al artículo 189 de la Carta Magna, sin recurrir a una reforma constitucional o enmienda.
Más allá del argumento jurídico, sectores opositores y disidentes colorados sostienen que el verdadero propósito del cartismo es asegurar protección política para sus principales referentes.
De aplicarse la norma, que ya figura en el orden del día de la sesión del miércoles, se habilitará a Horacio Cartes, consolidar el precedente para Nicanor Duarte Frutos, garantizar que Santiago Peña pueda acceder al fuero en el Senado al dejar la Presidencia. Asimismo, evitar que futuras mayorías opositoras bloqueen juramentos.
Varela advierte de maniobra “inconstitucional”
El senador Mario Varela (ANR, disidente), abogado y miembro del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, lanzó fuertes críticas al proyecto y alertó sobre sus implicancias institucionales.
Según Varela, la Constitución es clara y no deja margen para interpretaciones políticas: “El artículo 189 establece de manera expresa e imperativa que los expresidentes serán senadores vitalicios, con voz, pero sin voto”.
El legislador advirtió que avanzar con esta ley implicaría un atropello directo a la Constitución Nacional, la alteración del equilibrio institucional y una maniobra orientada a garantizar impunidad y poder político a futuros exmandatarios.
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Juristas sostienen que una ley ordinaria no puede modificar el alcance de la Constitución, por lo que el cartismo estaría forzando una interpretación favorable para sus intereses partidarios.
Para sus detractores, el oficialismo busca aprovechar su mayoría legislativa para imponer una norma que contradice abiertamente el texto constitucional, generando un precedente peligroso para el sistema republicano.
Una sesión clave para el futuro institucional
La sesión de este miércoles podría marcar un punto de inflexión en el debate sobre los límites del poder legislativo y el respeto a la Constitución Nacional.
Mientras el cartismo apuesta a consolidar jurídicamente su proyecto político a largo plazo, sectores opositores, constitucionalistas y parte del coloradismo disidente alertan que se está frente a uno de los mayores intentos recientes de reinterpretación forzada de la Carta Magna.