La iniciativa legislativa figura en el borrador del orden del día de la sesión ordinaria del Senado prevista para este miércoles a las 9:00 y ya cuenta con dictamen favorable en mayoría dentro de la Comisión de Legislación, mientras que el rechazo fue planteado en minoría.
El senador Mario Varela (ANR, disidente) fue contundente al cuestionar las intenciones que persigue el cartismo con la aprobación del proyecto de ley.
“En relación a la senaduría vitalicia, me parece que es un verdadero adefesio, es un atropello a la Constitución, a la institucionalidad de la República si esto llegara a aprobarse. Eso sería nefasto para el país y con intenciones políticas claras, que apuntan a buscar impunidad desde el futuro”.
Las declaraciones del senador apuntan al presidente Santiago Peña, teniendo en cuenta las últimas expresiones del embajador paraguayo en Estados Unidos, Gustavo Leite, quien dijo que durante el gobierno de Horacio Cartes (HC) “no había ni olor a coima”.
El legislador sostuvo que el artículo 189 de la Constitución Nacional establece de manera expresa e imperativa el rol de los expresidentes democráticamente electos como senadores vitalicios, limitando esa función a voz, pero sin voto.
La Constitución “no puede ser manoseada”
Según explicó, la redacción constitucional no deja margen para reinterpretaciones mediante leyes ordinarias.
“El marco constitucional en el artículo 189 define claramente cuál es el sistema en que serán designados los senadores vitalicios. Esa expresión del tiempo verbal ‘serán’ es imperativa y no se podrá reglamentar eso por ninguna legislación o normativa inferior a lo que establece la Constitución Nacional”.
Varela recordó además que cualquier intento de modificar ese esquema mediante legislación ordinaria vulnera el artículo 137 de la Carta Magna, que consagra la supremacía constitucional.
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“Primero está la Constitución, luego los tratados internacionales y después las leyes. Si se plantea este proyecto, se viola otra vez el orden constitucional”.
Poder político adicional para futuros expresidentes
El senador disidente también alertó sobre las consecuencias políticas que podría generar la aprobación del proyecto.
A su criterio, permitir que los senadores vitalicios sean elegibles y puedan integrar quórum con poder de voto les otorgaría una herramienta política extraordinaria para construir mayorías parlamentarias.
“Hoy no pueden. Pero si fueran elegibles, este mismo proyecto establece que podrán integrar el quórum, lo que significa que tendrán poder votante. Eso genera un poder político adicional, porque pueden construir mayorías en el Senado”.
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Para Varela, esta intención distorsiona el espíritu original de la Convención Constituyente. “Fue sabia la decisión de los constituyentes en establecer que las senadurías vitalicias tengan voz, pero no voto”.
“Si quieren otra oportunidad, discutan la reelección”
El legislador también cuestionó que se pretenda modificar indirectamente el equilibrio constitucional en lugar de debatir reformas de fondo.
“Si queremos decir que un presidente hizo bien su trabajo y debería tener otra oportunidad, entonces discutamos la reelección, pero no tocar ni manosear la Constitución en lo que establece a las senadurías vitalicias”.
Varela cuestionó además la velocidad con la que el oficialismo busca instalar el tratamiento legislativo. “Me parece muy al estilo cartista hacerlo de forma exprés, de forma sutil, como en los últimos tiempos se ha acostumbrado”.
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Comparó el procedimiento con otros proyectos polémicos impulsados recientemente por el oficialismo y consideró preocupante la intención de avanzar rápidamente en una cuestión de alta sensibilidad institucional.
“Buscarían impunidad a futuro”
Finalmente, el senador sintetizó su postura con una advertencia política de largo alcance. “Este proyecto es inconstitucional y buscaría dar impunidad a expresidentes. A futuro, sí”.
Para Mario Varela, la conclusión es clara: habilitar poder electoral y parlamentario pleno a senadores vitalicios no solo contradice la Constitución, sino que podría convertirse en una peligrosa herramienta de protección política futura para sectores de poder.