Senadores de la oposición solicitaron a la Fiscalía una pericia contable, financiera e impositiva sobre el patrimonio de Santiago Peña.
El pedido se enmarca como una ampliación de una denuncia presentada hace siete meses ante la Fiscalía General del Estado, la cual —según los legisladores— no ha tenido avances.
Asimismo, los parlamentarios solicitan determinar si existe correspondencia entre los ingresos declarados y el patrimonio acumulado del mandatario, además de comparar las variaciones patrimoniales con el informe de correspondencia de bienes emitido por la Contraloría General de la República (CGR).
Lea más: Peña provoca a la prensa para desviar atención sobre su patrimonio
Informe de Contraloría, con ilegalidades
El abogado Felino Amarilla afirmó que la ampliación de la denuncia surge tras haber accedido a un informe de 150 páginas de la Contraloría, en el que —según dijo— se detectan hechos llamativos relacionados con las declaraciones juradas del Presidente.
Entre ellos, mencionó que Peña habría presentado una nota aclaratoria ante la Contraloría General de la República respecto a sus declaraciones juradas.
“Lo llamativo en ese trabajo de Contraloría no solamente son las inconsistencias, sino que aparece una nota aclaratoria. Esa es la denominación presentada por el propio Santi Peña, diciéndole al contralor: ‘Contralor, visto que usted me está investigando, quiero aclararle los siguientes puntos, porque he cometido algunos errores materiales y otros conceptuales’. Esa actividad bilateral entre Contraloría y el Presidente está fuera de la ley”, subrayó.
Cuestionamientos hacia la validez del examen de correspondencia
Amarilla sostuvo que es irregular que la CGR haya considerado dicha aclaratoria dentro del análisis de correspondencia de bienes.
“Está fuera de la ley que la Contraloría haga un análisis de correspondencia con una nota aclaratoria de por medio, ya que eso no es una rectificación de la declaración jurada. Además, el Presidente sigue siendo funcionario público. La Contraloría recién tiene capacidad legal para estudiar todo esto una vez que el presidente Santi Peña se retire de la presidencia en el año 2028”, afirmó.
Críticas al rol de la Fiscalía en la investigación
El abogado también cuestionó el rol del Ministerio Público, señalando que la Fiscalía habría derivado su función investigativa hacia la Contraloría.
“No fue el fiscal asignado el que le pidió a la Contraloría que revise esto. Fue el fiscal general que cuando se le presentó la denuncia, en octubre del 2025, en vez de remitir a Delitos Económicos, metió en el freezer. Y luego, como hubo mucha insistencia, decidió mandar a la Contraloría para que esta analice la correlación numérica contable. Eso es ilegal, porque la Fiscalía es la única institución constitucional que tiene la capacidad de investigar las denuncias de hechos criminales”, declaró.
Omisiones en el análisis patrimonial
Amarilla también denunció que la Contraloría no habría incluido en su revisión el período en el que el Presidente trabajó en el Banco Basa.
Agregó que, en contraste, al extitular de Petropar Eddie Jara “le revisaron hasta el bolsillo del gato”.
“Eso pone en claro que acá hubo una connivencia entre Contraloría y el Presidente, que presenta la nota aclaratoria”, afirmó.
Lea más: Blanqueo a Peña: Contraloría entrega informe sobre el presidente y dice que “hay correspondencia”
Señalamientos sobre declaración jurada y elecciones
El abogado señaló además que el fiscal designado para el caso, Jorge Arce, debe considerar las supuestas irregularidades.
También cuestionó la omisión en la declaración patrimonial presentada por Peña ante el TSJE durante su candidatura en 2023.
Indicó que el mandatario habría reconocido posteriormente no haber incluido una inversión de G. 250 millones en Cementos Concepción (Cecon), empresa cementera vinculada al expresidente Horacio Cartes.
“Es muy llamativo que un economista recibido en Columbia University no se dé cuenta de que declaró una cosa en la Justicia Electoral y declaró otra cosa en su declaración jurada. O sea, eso manifiesta una desprolijidad preocupante en un economista que fue ministro de Hacienda y que ahora es presidente de la República”, expresó.
Patrimonio, Banco Basa y posibles investigaciones
Amarilla sostuvo que existen elementos suficientes para investigar el patrimonio del Presidente entre su salida del Ministerio de Hacienda (2017) y su candidatura presidencial (2022).
Indicó que la Fiscalía, además, debería requerir informes tributarios para verificar ingresos, facturación y pagos de impuestos vinculados a su paso por el Banco Basa.
Lea más: Millonaria “fiebre de inversiones” de Santiago Peña justo antes de asumir
Cuestionamientos por fondos públicos y ueno Bank
Asimismo, refirió que la denuncia se apoya en hechos de conocimiento público, como la construcción de una mansión en San Bernardino, financiada —según Peña— mediante un crédito de US$ 600.000 otorgado por ueno Bank.
Amarilla cuestionó que dicha entidad haya recibido posteriormente US$ 800 millones en fondos estatales durante el actual gobierno, lo que —según plantea— debería ser analizado por la Fiscalía.
El abogado señaló que la investigación fiscal también podría determinar si existe un eventual caso de “colusión” o “beneficio indebido”.
Según afirmó, el objetivo del proceso también debe ser resguardar la investidura presidencial en caso de que toda la documentación y las operaciones cuestionadas se encuentren en regla.