Según se confirmó este lunes, el pasado 13 de mayo, la Contraloría General de la República remitió al Ministerio Público su informe sobre el examen de correspondencia realizado desde octubre del año pasado a las declaraciones juradas del presidente Santiago Peña, en el marco de la investigación de una denuncia de supuesto enriquecimiento ilícito presentada a la Fiscalía por parlamentarios opositores.
Si bien los detalles del contenido del informe presentado por la Contraloría a la Fiscalía aún no han sido hechos públicos, el director de Declaraciones Juradas de la Contraloría, Armindo Torres, declaró hoy a ABC Cardinal que el examen halló correspondencia entre los bienes y activos declarados por el presidente Peña y su crecimiento patrimonial.
En la denuncia que presentaron ante el Ministerio Público, los legisladores opositores indicaban que el presidente Peña dejó el Ministerio de Hacienda en 2017 con un patrimonio aproximado de 2.300 millones de guaraníes y que el mandatario declaró un patrimonio de unos 23.000 millones de guaraníes al asumir la Presidencia, según las declaraciones juradas de ambos periodos.
Lea más: Declaraciones juradas de Peña podrán ser corroboradas por todos, asegura Contraloría
Según la denuncia, un “estudio técnico” realizado a pedido de los denunciantes indicaba que unos 10.000 millones de guaraníes del patrimonio del presidente no tendrían justificación, incluso teniendo en cuenta los ingresos que Peña percibió durante el tiempo en que fue directivo del banco privado Basa, ligado al expresidente Horacio Cartes.
Esa denuncia fue presentada cuando otros casos que trascendieron en la opinión pública sembraron dudas sobre las finanzas del presidente, entre ellos la construcción de una lujosa mansión en la ciudad de San Bernardino y una denuncia realizada por una exfuncionaria de Mburuvicha Róga, quien dijo que sobres con miles de dólares en efectivo solían pasar por la residencia presidencial.
“Existe correspondencia”
El director de Declaraciones Juradas de la Contraloría comentó que el análisis de correspondencia, que concluyó luego de casi ocho meses, implicó el análisis de cinco declaraciones juradas presentadas por el presidente Peña entre 2014 y 2017, cuando fue primero funcionario del Banco Central del Paraguay y luego ministro de Hacienda; y entre 2023 y 2025, tras su llegada al Palacio de López.
Lea más: Sepa por qué la Fiscalía no investiga a Santiago Peña
Un análisis de las finanzas del presidente durante su primer periodo como funcionario público, el plazo de tiempo en que fue ciudadano privado –desde 2017 hasta 2023– y su segundo periodo en la función pública al ocupar la Presidencia dio como conclusión que “existe correspondencia” entre sus ingresos y su patrimonio declarado, dijo Torres.
Sobre la construcción de la mansión en San Bernardino, Torres dijo que la Municipalidad de esa localidad no respondió a un pedido de informes de la Contraloría, pero que documentos presentados por la empresa constructora permitieron cruzar información con las entidades financieras involucradas.
Lea más: Estas son las sugestivas cifras de las declaraciones juradas de Santiago Peña
Torres señaló que el inmueble en San Bernardino no está a nombre del presidente Peña en los registros públicos, pero dijo que “hay documentación con certificación de firma” que certifica que él compró el terreno y este está en su declaración jurada.
“Orden de freezer”
También en comunicación con ABC Cardinal hoy, el abogado Felino Amarilla, quien presentó la denuncia de los legisladores opositores contra el presidente, opinó que el caso fue “enfriado” desde un principio por una Fiscalía que tardó en “tomar noticia” de las denuncias periodísticas sobre los aspectos llamativos del patrimonio del mandatario.
“Desde el principio hubo una orden de freezer”, dijo.
Lea más: Pagos con “sobres” no coinciden con registros en DD.JJ. de Santiago Peña
Insistió en que los números en las declaraciones juradas del mandatario “tenían inconsistencias” y señaló “hechos llamativos” como el vínculo accionario entre el mandatario y el grupo empresarial ueno Holding, del que Peña era accionista hasta el año pasado, cuando se desprendió de sus acciones, por las que percibió unos 4.400 millones de guaraníes.
“Presunciones nos llevan a entender por qué ahora (ueno Bank) es beneficiado con todos los depósitos públicos del IPS (Instituto de Previsión Social), en ese mismo grupo el presidente era accionista”, dijo Amarilla. “Tenemos elementos para pensar que hay colusión y connivencia en beneficio propio, el presidente podría estar haciendo cuestiones administrativas que benefician a empresas donde él tiene parte que ver”.