El comunicador Hugo Portillo compareció ayer en el Ministerio Público, tras la citación promovida por las agentes fiscales de la Unidad Especializada en Delitos Económicos (UDEA), Marlene González, Ruth Benítez y Laura Giacummo.
Durante su declaración, Portillo rechazó tajantemente la figura legal de “testigo”, exigiendo ser reconocido formalmente como víctima directa de la presunta red de hostigamiento financiada con fondos estatales.
El afectado por la estructura operativa detrás de “La Red Desinformante” entregó una exhaustiva investigación privada y una extensa solicitud de diligencias.
Buscan “la ruta del dinero”
Para desentrañar el financiamiento del esquema, la defensa, encabezada por Cecilia Pérez y Ezequiel Santagada, solicitó mapear la ruta del dinero público.
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Los abogados exigieron la intervención directa de la Seprelad y el Banco Central del Paraguay (BCP) para rastrear las millonarias sumas que habrían salido de las arcas públicas, incluyendo las entidades binacionales Itaipú y Yacyretá, para así identificar cuentas que abonaron pauta digital estatal.
Asimismo, pidieron levantar el secreto tributario de varias agencias publicitarias ligadas a la pauta digital estatal, denunciando que se utilizaron convenios del Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (Mitic) para tercerizar los recursos y eludir los controles de la Ley de Contrataciones Públicas.
En el ámbito digital, el petitorio exige librar oficios internacionales a las plataformas Meta (Facebook e Instagram) y Google LLC para transparentar el origen exacto de los pagos.
Se solicitaron datos precisos como direcciones IP, tarjetas de crédito utilizadas, historial de coordenadas y detalles de facturación de 16 páginas, entre ellas las desaparecidas Despierta Paraguay y Sucia Política.
La solicitud de peritaje e informes también incluye a las cuentas oficiales de la Presidencia de la República, la página de Santiago Peña y los anuncios publicitarios de la firma colombiana Digimarketing SAS.
Portillo declaró contar con información de una fuente reservada que confirma que, desde el Mitic, existen instrucciones precisas de “borrar todo” el rastro documental e informático de las operaciones.
Ante el inminente peligro de destrucción de pruebas, la defensa solicitó varias medidas a la Fiscalía, incluyendo que diligencie, a las empresas telefónicas, informes de 17 números móviles vinculados a la estructura.
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El objetivo de esta pericia técnica es corroborar quiénes asumieron la responsabilidad detrás de las páginas de la “campaña sucia” que afectó a decenas de periodistas, medios y disidentes del gobierno.