Los dos proyectos de declaraciones presentados por el senador José Oviedo (Yo Creo) aparecen en el orden del día de la sesión ordinaria del Senado y plantean llevar al ámbito parlamentario y diplomático regional el debate sobre la interpretación histórica de la Guerra de la Triple Alianza.
Las mismas surgen luego de las declaraciones del presidente del Brasil, Luiz Inácio Lula Da Silva, quien atribuyó a Paraguay la condición de país agresor.
El primer proyecto de declaración plantea instar a los senadores y diputados que integran la delegación paraguaya ante el Parlamento del Mercosur (Parlasur) a realizar las gestiones necesarias para que sea incluido prioritariamente en el orden del día, tratado y aprobado el Relatorio de la Subcomisión de Verdad y Justicia sobre la Guerra de la Triple Alianza, presentado en 2022, junto con su correspondiente proyecto de declaración.
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La iniciativa sostiene que la revisión histórico-institucional del conflicto debe realizarse a la luz del Derecho Internacional y de los derechos humanos, y reivindica la necesidad de recuperar la memoria histórica regional.
El proyecto argumenta que durante el siglo XIX ya existían principios del denominado Derecho de Gentes que establecían distinciones entre combatientes y población civil, además de obligaciones respecto a prisioneros y heridos y límites a las acciones bélicas. También menciona como antecedentes la Declaración de París de 1856, el Código Lieber de 1863, la Conferencia de Ginebra de 1864 y la Declaración de San Petersburgo de 1868.
El proyecto cuestiona la versión de Paraguay como único agresor
Entre los argumentos centrales de la propuesta se encuentra el cuestionamiento a la interpretación de que Paraguay habría actuado como agresor unilateral.
Los fundamentos sostienen que el conflicto estuvo precedido por acontecimientos en la región y mencionan la intervención brasileña en Uruguay en 1864, además del Tratado Secreto de la Triple Alianza. Según el proyecto, la acción paraguaya respondió a la alteración del equilibrio regional y no a una política expansionista.
La exposición también reivindica el nivel de desarrollo alcanzado por Paraguay antes de la guerra y lo describe como una república con una estructura económica autónoma, infraestructura ferroviaria y telegráfica, industrias, navegación a vapor y producción propia.
Relatorio habla de crímenes de guerra y graves consecuencias
Uno de los puntos más sensibles del proyecto es la reivindicación del Relatorio de la Subcomisión de Verdad y Justicia del Parlasur de 2022.
De acuerdo con los fundamentos de la iniciativa, el documento fue elaborado luego de 15 audiencias públicas con la participación de historiadores, juristas y testimonios de distintos países de la región. El proyecto sostiene que el relatorio documentó al menos 20 tipos de crímenes de guerra y de lesa humanidad contra la población paraguaya.
También menciona estimaciones según las cuales Paraguay perdió entre el 67% y el 75% de su población durante el conflicto y sostiene que la guerra continuó incluso después de que las fuerzas paraguayas se encontraran militarmente derrotadas.
Entre los episodios citados aparecen la destrucción de hospitales, las matanzas de civiles, el sometimiento de mujeres y el traslado del Archivo Nacional de Asunción, actualmente denominado Archivo Histórico de la República del Paraguay.
El segundo pedido apunta a la Cancillería
El segundo proyecto tiene como destinatario al Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, y plantea que la cuestión histórica sea incorporada a la agenda del Mercosur y a los mecanismos de diálogo bilateral con los países involucrados en la Guerra de la Triple Alianza.
La iniciativa propone promover una “verdad compartida” sobre los acontecimientos, los crímenes de guerra y las consecuencias del conflicto, tomando como base las conclusiones de las audiencias públicas y el Relatorio de la Subcomisión de Verdad y Justicia del Parlasur de 2022.
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El texto también solicita al Ejecutivo realizar gestiones diplomáticas ante los gobiernos de los Estados partes del Mercosur para buscar la restitución plena e inmediata de la documentación histórica paraguaya que, según los fundamentos, fue secuestrada durante la contienda.
Buscan incorporar la memoria histórica a la agenda regional
El proyecto dirigido a la Cancillería plantea que la búsqueda de una interpretación compartida del conflicto no debe ser entendida como una acción contra los pueblos de Argentina, Brasil y Uruguay, sino como un mecanismo de memoria, verdad, justicia y reparación.
En su exposición de motivos, el senador José Oviedo (Yo Creo) sostiene que una revisión histórica de este tipo permitiría avanzar hacia una integración regional basada en el reconocimiento de los acontecimientos del pasado y el respeto de los derechos humanos.
En concreto, la propuesta plantea llevar el debate al Consejo del Mercado Común (CMC) del Mercosur y a los canales bilaterales de diálogo, además de promover la recuperación de documentación histórica paraguaya.