La senadora Esperanza Martínez (PPC) defendió su proyecto de ley de transparencia del precio de los combustibles, cuyo tratamiento fue aprobado por el pleno del Senado para la próxima semana. La iniciativa busca que los consumidores puedan conocer en detalle cómo se construye el precio de los combustibles y cuáles son los márgenes obtenidos por los distintos actores de la cadena.
Martínez señaló que el precio del combustible tiene un impacto directo sobre la economía, debido a su incidencia en el costo del transporte, los alimentos, el comercio y, en general, en la canasta familiar.
“Sube el combustible, suben alimentos, sube el transporte, sube todo lo que conocemos porque no se mueve nada sin combustible”, sostuvo la legisladora al explicar la importancia de establecer mecanismos de transparencia.
Esperanza Martínez: “No se fija un precio, se evita un margen abusivo”
La senadora aclaró que su propuesta no pretende establecer ni fijar el precio de venta de los combustibles, sino transparentar todos los componentes que intervienen en su formación.
“Lo que se hace es poner al descubierto todo el proceso para la fijación de precios”, explicó. En ese sentido, el proyecto establece que se conozcan variables como el precio internacional del crudo, el costo por barril, los fletes, impuestos, logística, costos operativos y los márgenes comerciales.
Martínez cuestionó que, ante determinadas variaciones del dólar o del precio internacional del petróleo, los aumentos de los combustibles sean trasladados rápidamente al consumidor, mientras que las reducciones no necesariamente tienen el mismo comportamiento.
“Cuando baja el dólar, generalmente no baja el combustible. ¿Por qué?”, planteó la senadora, al señalar que existen diferentes variables relacionadas con los costos de reposición y los inventarios que deberían quedar expuestas públicamente.
El proyecto obliga a publicar los costos cada 15 días
La iniciativa establece un régimen integral de transparencia para toda la cadena de comercialización de combustibles, desde la importación hasta la venta minorista.
Uno de los principales puntos es la obligación de publicar, con una periodicidad quincenal, una tabla técnica con la estructura detallada de costos de cada combustible.
La información deberá incluir, entre otros aspectos como el precio internacional de referencia (FOB), fletes, impuestos y costos aduaneros, costos de refinación, logística interna, márgenes comerciales y costos operativos de las estaciones de servicio.
Toda esta información deberá estar disponible en una plataforma digital pública, con posibilidad de consulta, descarga y procesamiento histórico de los datos.
Martínez cita modelos de otros países
La senadora sostuvo que la propuesta no constituye una experiencia inédita y mencionó mecanismos de transparencia aplicados en otros mercados.
“Esto no es una cosa inventada por nosotros”, afirmó, al citar experiencias de Estados Unidos, la Unión Europea, Alemania, Chile, Colombia y Brasil.
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Según explicó, el objetivo es que Paraguay adopte un mecanismo que permita al consumidor conocer si las variaciones en el precio internacional del petróleo o en el tipo de cambio están siendo trasladadas de manera razonable al precio final.
“Si lo hace Estados Unidos, si lo hace la Comunidad Europea, si lo hace Colombia, si lo hace Chile y si lo hace Brasil, ¿por qué nosotros no podemos hacerlo?”, cuestionó.
También alcanza al sector privado
Martínez explicó que Petropar ya publica información relacionada con su estructura de precios y que el proyecto busca extender mecanismos similares de transparencia a los operadores privados.
La legisladora puso como ejemplo una eventual diferencia entre el aumento real de los costos y el incremento aplicado al consumidor. Si los costos de una empresa aumentaran G. 50 por litro, pero el precio final subiera G. 800, la información pública permitiría conocer qué margen se está obteniendo.
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“¿Cuál es el margen de ganancia para uno y otro? Y que sea un margen razonable y que la gente sepa cuáles son esos márgenes y cómo se construye el precio”, sostuvo.
El proyecto no plantea impedir que las empresas obtengan ganancias. La intención, según Martínez, es evitar que la falta de información permita prácticas especulativas.
“Nadie pide que no ganen dinero, nadie pide que tengan pérdidas, pero no que tengan acciones especulativas por esconder la información”, afirmó.
El MIC tendrá a su cargo la fiscalización
La propuesta establece al Ministerio de Industria y Comercio (MIC) como autoridad de aplicación, en coordinación con la Secretaría de Defensa del Consumidor (Sedeco) y la Comisión Nacional de la Competencia (Conacom).
Los operadores que participen en más de una etapa de la cadena deberán declarar esa condición y presentar sus costos y márgenes diferenciados por función.
En los casos de integración de las tres etapas -importación, distribución mayorista y comercialización minorista- se plantea además la presentación de un informe anual de auditoría externa independiente.
El proyecto también contempla facultades de fiscalización, auditorías y cruces de información fiscal y aduanera.
El incumplimiento, la omisión de datos o la presentación de información falsa podrían ser sancionados con multas de 200 a 1.000 jornales mínimos diarios, además de eventuales denuncias ante el Ministerio Público en casos de falsedad documental.
“Necesitamos resolver de una vez por todas”
Martínez pidió que el Senado avance con el tratamiento de la iniciativa y destacó que el pleno ya resolvió incluirla en el orden de tratamiento de la próxima semana.
“Necesitamos que se trate”, había planteado la senadora, al solicitar una moción de preferencia para que el proyecto sea analizado en un plazo breve.
Para la legisladora, la transparencia en el precio de los combustibles adquiere especial relevancia en un escenario de aumentos que terminan impactando sobre el resto de la economía.
“Por la incidencia que tiene en el costo de toda la economía de un país”, argumentó, al defender la necesidad de que los consumidores puedan conocer cuánto cuesta realmente cada componente del combustible y cuáles son los márgenes que intervienen hasta llegar al precio final.