Durante la audiencia pública, Virgilio Benítez Rojas, exmiembro del Tribunal Electoral Independiente del PLRA, puso como ejemplo el caso de Hugo Javier para plantear cuál debería ser el rol de la Defensoría del Pueblo ante situaciones que involucren a personas privadas de libertad.
El candidato recordó que recientemente el exgobernador de Central fue hallado en su celda con fuertes golpes en el rostro, hematomas y traumatismo en el cráneo. Hasta el momento, Hugo Javier permanece en terapia, intubado y con pronóstico reservado.
Benítez Rojas sostuvo que las versiones sobre lo ocurrido son contradictorias. Mientras algunas apuntan a una caída accidental, otras señalan que las lesiones serían más compatibles con una golpiza. Para el postulante, sin embargo, existe un elemento central que no admite discusión: Hugo Javier estaba bajo custodia del Estado.
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“La Defensoría tiene que estar ahí, el defensor del pueblo tuvo que estar ahí, tuvo que constituirse de inmediato, pedir informes, exigir transparencia. No puede esperar, se debe actuar inmediatamente”, dijo al aludir al actual titular de la institución, Rafael Avila.
“¿Cómo vamos a proteger a los internos sin nombre?”
El postulante sostuvo que la reacción de la Defensoría no debería depender de la notoriedad de la persona afectada. En ese sentido, planteó una pregunta que apunta directamente al papel que debe cumplir la institución con las personas privadas de libertad.
“Si no hacemos caso a un hecho tan visible como este, ¿cómo vamos a proteger a los internos sin nombre, sin apellido y sin familia que los defiendan?”
Benítez Rojas afirmó además que las personas privadas de libertad están bajo custodia del Estado y que este tiene responsabilidad sobre su vida y su integridad física y psíquica.
Audiencia pública para elegir al próximo defensor del Pueblo
Entre los candidatos también expusieron Alexis María Báez Figueredo, Alisse Riveros Caballero, Óscar Atanacio Delvalle Argüello y Olga Paredes.
La jornada fue acompañada por el senador Javier Zacarías Irún, presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado, instancia que convocó a los candidatos.
Los postulantes plantearon distintas propuestas para acercar la Defensoría a la ciudadanía, fortalecer la atención de personas vulnerables y mejorar el seguimiento de las denuncias. Olga Paredes, por ejemplo, propuso una institución con mayor presencia territorial y un mapa público de vulneraciones y respuestas estatales.
Olga Paredes plantea una Defensoría en las calles
La candidata Olga Paredes, miembro del Directorio Nacional del PLRA, señaló que, en caso de ser electa defensora del Pueblo, solicitará la suspensión de su actividad partidaria. También sostuvo que es importante que una persona joven y una mujer ocupen el cargo, recordando que desde la transición democrática no hubo una mujer al frente de la institución.
Paredes propuso además una reforma de la objeción de conciencia mediante un programa de servicio ciudadano juvenil. Señaló que la Defensoría debe tener mayor presencia territorial y recordó que actualmente existen 18 delegaciones en 10 departamentos, aunque consideró que no alcanzan para cubrir todo el país.
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“La labor de la Defensoría del Pueblo no es una labor burocrática y de oficina, es una labor que tiene que estar en la calle”, sostuvo.
Entre sus propuestas también planteó crear un mapa público y periódico de las denuncias recibidas en todo el país, clasificadas por áreas como salud, educación y violencia contra las mujeres. La herramienta permitiría visualizar las vulneraciones y la respuesta estatal mediante un sistema de “semáforo”.
Lizarella Valiente destaca exposición de la liberal
La senadora cartista Lizarella Valiente valoró la presentación de Paredes y señaló que, una vez que una persona asume el cargo de defensora del Pueblo, su condición partidaria deja de ser relevante. “Es irrelevante si es colorada o liberal una vez que se asume este cargo es para todos los paraguayos y las necesidades no tienen color”, manifestó.
Valiente destacó especialmente la propuesta relacionada con los jóvenes objetores de conciencia y señaló que desde el Senado se plantearía un proyecto para que puedan realizar un servicio civil en beneficio de sus comunidades. “Realmente impresionante tu presentación”, le dijo a Paredes.
Postulante reclama mayor presupuesto y mejores salarios
Juan Alberto Benítez Martínez, funcionario de la Defensoría y postulante al cargo de defensor del Pueblo adjunto, destacó su experiencia dentro de la institución y puso como ejemplo la carga de trabajo que afrontan los funcionarios en materia de amparos.
Explicó que formó parte de la Dirección General de Salud, encargada de los amparos, y señaló que el año pasado cinco personas llegaron a llevar más de 1.600 casos.
Benítez Martínez sostuvo que conoce las fortalezas y falencias de la institución y planteó que la Defensoría necesita mayor respaldo presupuestario para cumplir con su función en todo el territorio.
Exasesor jurídico de Honor Colorado cuestiona los salarios
Rolando Daniel Martínez Ramírez, quien señaló que fue asesor jurídico de la bancada de Honor Colorado hace cuatro años, centró su exposición en el fortalecimiento del anexo de personal, la capacitación y las condiciones salariales de los funcionarios.
Mencionó que el anexo de personal contempla 119 funcionarios, mientras que el total llega a 186 con los contratados. Como ejemplo de la diferencia salarial, señaló que el defensor del Pueblo percibe G. 22.016.000, mientras que el secretario general y el jefe de gabinete reciben G. 6.900.000, según los datos que expuso durante la audiencia.
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También cuestionó que funcionarios encargados de atender los reclamos ciudadanos perciban salarios mucho menores. Incluso mencionó el caso de un trabajador con una remuneración de G. 3.400.000.
Martínez Ramírez sostuvo que el presupuesto de la institución permitiría mejorar las condiciones salariales y recordó que para 2026 se cuenta con un presupuesto de alrededor de G. 19.000 millones, frente a unos G. 18.000 millones en 2025, según los datos expuestos durante su intervención.
¿Quién se beneficia de los negocios con la salud?
Por su parte, Orlando Tomás Castillo Caballero planteó que la Defensoría debe dejar de abordar los problemas únicamente caso por caso y aplicar un criterio estratégico de derechos humanos para identificar las problemáticas de mayor impacto.
En ese contexto, cuestionó la situación de la salud y formuló interrogantes sobre los negocios vinculados a medicamentos. “Si se convirtió en un negocio, ¿por qué se convirtió en un negocio?”, preguntó, para luego plantear otra cuestión: “¿Quién permitió el negocio? ¿Y a quién le beneficia ese negocio?”.
Castillo también cuestionó la situación de la educación y de las universidades, preguntando por qué algunas se han convertido en centros de impresión y cobro de títulos en lugar de instituciones de investigación y formación.
Propuso trabajar sobre un mapa de intervención y rutas críticas, además de una reestructuración del organigrama y de la distribución de funcionarios, con un presupuesto acorde a las responsabilidades de la institución.