La Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara Alta, presidida por Javier Zacarías Irún (ANR, HC), encabezó la segunda jornada de audiencias con los postulantes a los cargos de defensor del Pueblo y defensor del Pueblo adjunto.
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Los postulantes expusieron su formación académica y laboral, pero tanto Zacarías Irún como su colega Ramón Retamozo (ANR, aliado cartista) cuestionaron a los candidatos la falta de propuestas concretas para mejorar la gestión del organismo, el desconocimiento presupuestario de la Defensoría del Pueblo e incluso que no sepan quién es el defensor saliente, Luis Ávila.
Según la Constitución Nacional, el defensor del Pueblo es un comisionado parlamentario cuyas funciones son la defensa de los derechos humanos, la canalización de reclamos populares y la protección de los intereses comunitarios. En ningún caso tendrá función judicial ni competencia ejecutiva.
Se ausentaron tres y uno renunció
De los candidatos que debían acudir, se ausentaron Alicia Alvarenga Cartaman, Óscar Gil Vargas y Dionisio Saúl Agüero. Por su parte, Guillermo Ortega presentó su renuncia.
Solo acudieron Gilberto Maldonado, Mónica Villalba Cabral, Liz Carolina Cardozo y Héctor Darío Sosa.
Maldonado se presentó como un profesional sin afiliación política, pro familia y pro vida, asesor de organizaciones de padres en luchas contra la “ideología de género”.
Mónica Alejandra Villalba Cabral se presentó como asesora en el Poder Judicial y jefa de sección en Recursos Humanos en dicha instancia.
Liz Carolina Cardozo se presentó como funcionaria del Ministerio de Justicia y Héctor Darío Sosa Galarza como funcionario de la Defensoría Pública.
Reprendieron a candidatos
El senador Retamozo prácticamente reprendió a los candidatos porque las exposiciones únicamente hablaban de la trayectoria y formación académica de los candidatos, sin incorporar una visión de futuro y propuestas concretas para la Defensoría del Pueblo.
Indicó que quienes aspiran a ocupar estas funciones deben conocer en profundidad el funcionamiento de la institución, identificar sus principales falencias y plantear alternativas orientadas a su fortalecimiento.
Cartista pide sancionar a Salud e IPS
Por su parte, Javier Zacarías Irún (ANR, HC) sostuvo que las propuestas de los postulantes no deben apuntar a resolver las vulnerabilidades “de una persona,” sino a buscar soluciones institucionales contra la violación de los derechos humanos, la discriminación y el “bully” en todo el Paraguay, con proyectos de ley y políticas de gobierno, e incluso buscando que los organismos estatales involucrados sean sancionados ya sea el IPS o el Ministerio de Salud Pública.
“En caso que IPS no cumpla con su función y no cumpla con sus asegurados como debe de hacerlo, y hay gente que muere por el incumplimiento ilegal de lo que tenga que hacer IPS, bueno, entonces sancionémosle al IPS, a la institución y al director. No vayamos a resolver el problema de uno, hay cien, miles de paraguayos con problemas, ¿verdad? ¿O ustedes no se animan a enfrentar la estructura?“, dijo Zacarías Irún.
También lamentó que la Defensoría del Pueblo actualmente no tiene presencia entre la ciudadanía y corroboró que varios de los postulantes no conocían el nombre del defensor del Pueblo saliente.
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