La agente fiscal Silvia González Vester, de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción, encabezó la constitución en el predio de la Dirección de Vialidad de la Municipalidad de Asunción. La intervención se realizó en el marco de una investigación penal abierta por presunta lesión de confianza, luego de que saltaran sospechas sobre un esquema de desvío y uso irregular del combustible.
Durante la inspección en el terreno, la comitiva fiscal buscó verificar el estado físico de la flota de camiones y maquinaria pesada, además de controlar el funcionamiento de los sistemas de carga y provisión de carburantes.
Según relataron desde el Ministerio Público, en el sitio operaban dos tanques de almacenamiento con capacidad de 1.000 litros cada uno, pero solo uno contaba con un caudalímetro o marcador digital para registrar la salida del carburante.
El segundo tanque operaba en la absoluta clandestinidad técnica, sin ningún tipo de control volumétrico que permita saber cuántos litros se cargaban o quién se los llevaba.
Hallaron bidones, embudos y falta de trazabilidad en los depósitos
En el mismo sitio municipal se incautaron elementos de carga manual, como baldes y embudos, los cuales eran utilizados para el traspaso informal y directo del combustible.
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Este tipo de maniobras caseras viola cualquier protocolo básico de seguridad administrativa y facilita el conocido “ordeñe” o desvío de carburante fuera de los canales oficiales.
La hipótesis del Ministerio Público apunta a que estos bidones servían para ordeñar los depósitos de la comuna y desviar el combustible propiedad de la ciudadanía hacia fines particulares.
Para avanzar en la causa y medir la dimensión del robo, la fiscala González Vester requisó un importante lote de documentos oficiales, entre los que se figuran las órdenes de trabajo diario de los choferes, las hojas de ruta de las maquinarias y las planillas de consumo.
Todo este material pasará por un peritaje contable para realizar un cruce de datos entre las horas trabajadas por los camiones y los litros verdaderamente cargados. De esa manera se buscará determinar el monto exacto del perjuicio patrimonial infligido a las arcas de la capital.