El diputado abdista Mauricio Espínola fue notificado por las fiscalas Marlene González, Laura Giacummo y Ruth Benitez, de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción de que es requerido en carácter de testigo en el marco de la Causa N° 40/2026 contra “Personas Innominadas sobre Lesión de confianza”, que investiga el posible uso de dinero público para financiar una red de cuentas en redes sociales dedicadas a atacar a políticos opositores y disidentes, así como a medios de comunicación y periodistas críticos al gobierno de Santiago Peña.
La fecha y hora de la convocatoria es a confirmar, ya que en virtud del artículo 204 del Código Procesal Penal (CPP), la Fiscalía da potestad al legislador para definir si quiere concurrir a la sede fiscal o si opta por prestar declaración en su oficina, residencia o lugar que crea conveniente.
Dicho artículo establece que la “Excepción al deber de concurrir El Presidente de la República, el Vicepresidente, y los miembros de las cámaras legislativas (...), podrán solicitar que la declaración se lleve a cabo en el lugar donde cumplen sus funciones o en su domicilio, para lo cual propondrán, oportunamente, la fecha y el lugar de la declaración”.
En la misma condición de testigo, esta semana también fue requerido el diputado opositor, Raúl Benítez (Independiente), quien desde su banca denunció el caso y solicitó una serie de pedidos de informes principalmente al Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (Mitic), cuyas autoridades están salpicadas.
La causa penal fue originada en base a una denuncia del comunicador Hugo Portillo, quien solicitó al Ministerio Público indagar si hubo o no uso de dinero estatal, a través de las entidades binacionales Itaipú y Yacyretá, para financiar estas cuentas de ataque en redes sociales.
Esto luego de que una investigación periodística de nuestro diario detectara una decena de estas cuentas, que a la par de dedicarse a atacar a los “enemigos” del Gobierno, pagaban publicidad de programas del gobierno, como el de viviendas Che Róga Porã, el de alimentación escolar Hambre Cero y otros.
Pruebas documentales y declaraciones de involucrados en el caso salpicaron a la viceministra de Comunicaciones del Mitic, Alejandra Duarte Albospino, que también está confirmada su vinculación con Juan Roberto “Jimmy” Villaverde, ligado a una de las páginas de ataque, Central Noticias.
Duarte Albospino negó que Villaverde haya sido funcionario de Mitic, pese a que ella misma firmó la resolución que lo designaba director a su cargo en el Mitic.