El artículo 59 de la Ley General de Bancos establece con claridad que el total de créditos que una entidad financiera otorgue a personas físicas o jurídicas vinculadas –de forma directa o indirecta a su propiedad o gestión– no puede exceder el 20% de su patrimonio efectivo; sin embargo, el balance de Ueno Bank (perteneciente al Grupo Vázquez, presidido por Federico Miguel Vázquez) al 31 de diciembre de 2025 muestra una realidad muy distinta debido a que sobre un patrimonio efectivo declarado de G. 2,2 billones (US$ 335 millones), la exposición con empresas vinculadas alcanza niveles superiores.
Solo cuatro cuentas de sus activos asociadas a personas o empresas vinculadas suman G. 2,4 billones (US$ 365 millones); es decir, la participación con empresas y personas del propio grupo supera en G. 197.984 millones (un 9% más) a todo el patrimonio efectivo de la entidad.
Las cuatro cuentas
Según los estados financieros de la entidad –cuyo principal beneficiario fue socio comercial del presidente Santiago Peña–, el desglose de las cuentas vinculadas se distribuye en Valores al cobro (Disponibilidades), donde de un total de G. 802.803 millones, G. 796.171 millones corresponden a vinculadas (Nota C.2.1); Créditos vigentes, donde se registran G. 346.331 millones asignados a personas o empresas del grupo (Nota C.16); Créditos diversos, de un monto global de G. 741.669 millones declarados, G. 385.276 millones son anticipos a proveedores de software, gastos pagados por adelantado y otros conceptos intragrupo (Nota C.17), y Participación en otras sociedades, que de G. 891.586 millones, G. 876.700 millones corresponden a aportes irrevocables en Red Digital SA y Red Digital de Procesamiento SA (Nota B.4). Tan solo esta última inyección de recursos representa el 39,7% del patrimonio efectivo del banco.
Sumadas, estas cuatro partidas arrojan un exceso de más de US$ 30 millones por encima del patrimonio efectivo reportado por Ueno Bank al cierre del ejercicio 2025.
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Coincidencia con Asoban
El análisis del balance de Ueno Bank coincide con las cifras expuestas en la nota técnica que la Asociación de Bancos del Paraguay (Asoban) elevó al BCP y al presidente de la República, Santiago Peña, mediante la cual pidieron proteger los fondos públicos y vigilar la solvencia de una entidad bancaria.
Bajo el título “Patrimonio inmovilizado en empresas vinculadas”, el gremio describió la maniobra de un banco, cuya resolución de fusión fue aprobada en junio de 2024.
La descripción y cifras coinciden con el balance de Ueno Bank.
La Asoban fue más allá e incluyó en su análisis otros dos ítems: bienes intangibles (sistemas por G. 761.445 millones) y otras cuentas deudoras (G. 106.764 millones). Con esto, la exposición total calculada por el gremio asciende a G. 2,9 billones, lo que equivale al 133% del patrimonio efectivo del banco.
“Tres partidas merecen atención particular: los anticipos a proveedores de software vinculados, los valores al cobro intragrupo y las otras cuentas deudoras. Por su naturaleza, presentan una sustancia económica asimilable a un financiamiento intragrupo por G. 1,28 billones. De computarse como créditos a vinculadas, representarían 2,9 veces el límite legal del 20%”, advirtió Asoban en el documento técnico.
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Ante esto, el gremio bancario exigió al Banco Central del Paraguay (BCP) precisar si corresponde deducir estas exposiciones del patrimonio efectivo, verificar el perímetro real de las personas vinculadas y fiscalizar el cumplimiento estricto del límite legal.
Advierten los riesgos de esta práctica
El economista y exministro de Hacienda Manuel Ferreira opinó ayer sobre la nota formal de la Asociación de Bancos del Paraguay (Asoban) en la cual se describe la baja en la participación del capital propio para el financiamiento de activos y la exposición a empresas vinculadas de una entidad bancaria. Advirtió sobre los riesgos de esta práctica y explicó que “cuando un activo depende del valor de las propias empresas del grupo, la capacidad de respuesta ante eventuales crisis se reduce”.
Insistió en que el Banco Central del Paraguay (BCP) tiene la obligación de aclarar “si existen excesos en la aplicación de fondos o en la gestión de riesgos” y verificar rigurosamente el cumplimiento de los límites legales.
El economista remarcó que la entidad monetaria cuenta con la independencia necesaria y que el Poder Ejecutivo debe mantenerse como un espectador calificado, mientras que la ciudadanía y los actores económicos esperan precisiones. Concluyó que “para generar riqueza y sostener el crecimiento, es indispensable contar con un sistema sano, transparente y estrictamente apegado a la normativa legal vigente”.
Senado pregunta por venta
La Cámara de Senadores también remitió un pedido de informes al BCP para fiscalizar una presunta maniobra de Ueno Bank por US$ 35 millones y G. 36.900 millones dirigida a simular la cancelación de créditos morosos en exceso otorgados a firmas vinculadas.
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El cuestionario parlamentario deja al descubierto que el citado banco -el segundo en el manejo de fondos públicos detrás del BNF- habría estructurado una supuesta “venta al contado” de su cartera deteriorada a la empresa vinculada Vinanzas SA. En los papeles, las deudas desaparecieron y el balance quedó limpio de concentraciones peligrosas.
Sin embargo, las verificaciones de la Gerencia de Supervisión del BCP habrían detectado la maniobra y se habría dejado constancia en un memorándum del 10 de julio de 2026. El tenor de las preguntas describiría que no hubo permanencia de fondos, debido a que los desembolsos habrían sido transferidos el mismo día a Vinanzas SA sin evidencia de permanencia en las cuentas ni capacidad patrimonial propia de la compradora para absorber el riesgo.
A esto se suma que la supervisión del BCP también habría descubierto la emisión y colocación de bonos de empresas vinculadas al propio grupo (específicamente Itti SAE y Grupo Vázquez SAE), comprados por Technoma SA y Factopar SA.
De confirmarse, la operación no constituye una venta real sino una Financiación Indirecta Prohibida (artículo 7º de la Res. Nº 15/2024 del BCP). El banco habría utilizado sus propios recursos para que un tercero le compre sus activos deteriorados, creando una ficción contable donde el riesgo financiero nunca salió de la entidad.