Se trata del proyecto de ley que crea el Registro de Nacimientos y Defunciones en Hospitales Públicos y Privados, el cual funcionará en coordinación directa con la Dirección General del Registro del Estado Civil.
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La iniciativa fue presentada por un grupo de diputados con el fin de registrar, de manera obligatoria y en tiempo oportuno, los nacimientos y defunciones ocurridos en dichos establecimientos de salud.
Los proyectistas argumentaron que entre los años 2020 y 2024 el Instituto de Previsión Social (IPS) acreditó G. 58.715 millones a casi 11.000 personas que ya habían fallecido. Esto representa un promedio aproximado de G. 12.000 millones por año en pagos realizados después del fallecimiento de los beneficiarios.
Parte de la argumentación del proyecto indica que los pagos a personas fallecidas no deben ser vistos solamente como un problema del IPS, sino como una señal de que el Estado necesita mejorar la forma en que produce, comunica y comparte información fundamental.
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Por ese motivo se presentó la iniciativa que pretende que la Dirección General del Registro del Estado Civil desarrolle y mantenga una plataforma electrónica que permita a los hospitales públicos y privados enviar los certificados de nacimiento y defunción de forma rápida y segura.
Otros beneficios del registro
Según la iniciativa parlamentaria, la digitalización también permitirá solucionar problemas que afectan directamente a las familias.
El Ministerio de Salud ha señalado que el certificado de nacido vivo en formato físico constituye actualmente un punto crítico del proceso y que documentos de esta naturaleza pueden perderse o dañarse por circunstancias como inundaciones o incendios, obligando a las madres y familias a iniciar trámites complejos para recuperar la documentación.
El proyecto de ley fue presentado por los cartistas Rocío Abed y Jazmín Narváez; los liberales Dalia Estigarribia, Federico “Fredy” Franco, Pastor Vera y Roya Torres, y la diputada Alexandra Zena (CN) y fue girado a varias comisiones para su análisis.