El sector público continúa siendo una agencia de empleos

En el segundo trimestre del año pasado, el sector público empleaba a 324.229 personas; en el segundo de este año, ya eran 411.588, de las cuales 66.388 habían sido incorporadas en los últimos tres meses, lapso en que el sector privado creó 26.806 puestos de trabajo. Estos datos del Instituto Nacional de Estadística revelan un alarmante crecimiento del personal público, seguramente estimulado por el calendario electoral. Si el Estado destina alrededor del 70% de los ingresos tributarios a los “servicios personales”, en detrimento de las inversiones de capital, el despropósito se irá agravando con la entrada de nuevos funcionarios y contratados.

En el segundo trimestre del año pasado, el sector público empleaba a 324.229 personas; en el segundo de este año, ya eran 411.588, de las cuales 66.388 habían sido incorporadas en los últimos tres meses, lapso en que el sector privado creó 26.806 puestos de trabajo. Estos datos del Instituto Nacional de Estadística revelan un alarmante crecimiento del personal público, seguramente estimulado por el calendario electoral; de hecho, el del último trimestre referido fue el mayor registrado en más de un año. La carga se está volviendo cada vez más pesada para el contribuyente. Un intento de añadir gastos fue el aumento salarial del 60% decidido por el Congreso para 800 actuarios judiciales, que con otros previstos para el 2023 ya llegarían a ¡131 millones de dólares! Felizmente el Poder Ejecutivo vetó la insensata iniciativa.

Si el Estado destina alrededor del 70% de los ingresos tributarios a los “servicios personales”, en detrimento de las inversiones de capital, el despropósito se irá agravando con la entrada de nuevos funcionarios y contratados, mientras el déficit fiscal, el endeudamiento y la inflación se tornan cada vez más preocupantes.

Se siguen creando cargos públicos innecesarios y otorgando “ajustes” salariales presumiblemente para retribuir o comprar votos, sin atender el estado de las finanzas públicas ni lo requerido por los diversos órganos para su buen desempeño. Uno de ellos es la Secretaría de la Función Pública, que depende de la Presidencia de la República y debe ocuparse, según la ley, de formular la política de recursos humanos según los requerimientos de un mejor servicio y asesorar en la materia a la Administración Central, los entes descentralizados y los gobiernos departamentales y municipales. Si la Secretaría, a cargo de la ministra Cristina Bogado, elabora dicha política y hace recomendaciones al respecto, ellas o resultan disparatadas o sus consejos son olímpicamente ignorados: bien se sabe que la administración pública es desastrosa porque está colmada de funcionarios y contratados corruptos, haraganes, ineptos y –no por último– superfluos.

También cabe indagar si el Ministerio de Hacienda pide la opinión de la Secretaría al diseñar el anteproyecto del Presupuesto Nacional y si lo mismo hace el Congreso al tratar el proyecto respectivo; si lo hace este último órgano y la convocada responde con sensatez, sus observaciones son desoídas porque la gran mayoría de los legisladores está siempre muy interesada en satisfacer las demandas de sus respectivas clientelas: en 2019, se llegó al colmo de que el entonces ministro de Agricultura y Ganadería, Denis Lichi, ignoraba que unos 80 subordinados suyos recibieron aumentos salariales no solicitados por él, gracias a sus tratativas directas con ciertos parlamentarios. Si esta es la seriedad con que se maneja el Presupuesto, no deberá sorprender que el de 2023 esté plagado de graciosas concesiones a quienes cobran muy bien sin brindar una contraprestación adecuada, ni mucho menos. Es que estos señores conforman un poderoso grupo de presión, opuesto a los intereses de los ciudadanos, que no están organizados.

Desde luego, no basta con que los sueldos estén presupuestados, dado que quienes aspiran a percibirlos deben cumplir de entrada con ciertos requisitos de la Ley N° 1626/00: el funcionario tiene que haber participado en un concurso público de oposición y el contratado atender determinadas necesidades temporales de excepcional interés para la comunidad, previstas en la ley. En la generalidad de los casos, estas exigencias son incumplidas de hecho o de derecho, lo que induce a recordar que el acto jurídico que dispuso el nombramiento en contra de la ley o de sus reglamentos “será nulo, cualquiera sea el tiempo transcurrido”, sin perjuicio de la responsabilidad civil, penal o administrativa de quien lo dictó. Todo esto implica que los nombramientos y las contrataciones ilícitos pueden y deben ser anulados, sin perjuicio alguno para el fisco, pues no habría que indemnizar a nadie.

Por tanto, si hubiera la firme voluntad de cumplir y hacer cumplir la ley, sería factible reducir notablemente el lastre que supone el vasto personal público excedentario. Es injusto que quienes en verdad trabajan deban sostener a funcionarios o contratados, cada vez más numerosos, que se dedican al ocio y no siempre porque sean holgazanes sino, simplemente, porque no hay tareas razonables que encargarles: están de más, lo que resulta muy caro para la sociedad, con excepción de los politicastros que se benefician del reparto de prebendas.

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