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En marzo pasado, usuarios del transporte público se volcaron a las redes sociales para quejarse de la excesiva demora de los colectivos para llegar a las paradas. Esto dio a lugar a que un grupo de jóvenes solicitara informes sobre la gestión del Viceministerio de Transporte (VMT).
El entonces viceministro Víctor Sánchez se negó a reportar lo solicitado y recién cuando la justicia le obligó, lo hizo. Así se descubrió que legalizó las reguladas al flexibilizar exigencias de frecuencias y pagó subsidios por pasajeros fantasma, panorama que empujó al Gobierno a destituirlo e indagar otras presuntas anomalías.
Fue así que Óscar Stark reemplazó a Sánchez en el cargo, denunció en la Fiscalía la aparente destrucción de evidencias del billetaje y el pago indebido de subsidios. Además, se intervino la Coordinación Jurídica y se inició una auditoría a toda la institución.
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A cuatro meses de esas medidas, se desconocen resultados concretos de esos trabajos. Tampoco hay novedades de los sumarios a las concesionarias.
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Además, el Ejecutivo ordenó otras verificaciones, cuyos datos preliminares arrojaron serios indicios de corrupción.
La Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) verificó la ejecución del contrato del Centro de Control y Monitoreo (CCM) del Billetaje Electrónico, el “cerebro” del sistema de transporte, y constató pagos por bienes que no existían in situ y constató que el viceministro Sánchez era “juez y parte”, pues era asesor de la proveedora.
Ante esos hallazgos, hace tres meses la DNCP anunció otra investigación y sigue sin sancionar al respecto.
La entonces Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) fiscalizó los pagos de impuestos de las concesionarias y detectó inconsistencias que apuntaban a evasiones. Reportó que abrió sumarios y todavía no se informaron resultados finales, solo preliminares.
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El Ministerio de Empleo, Trabajo y Seguridad Social (MTESS) realizó fiscalizaciones en las calles, ante denuncias de empleo en negro de choferes. Se registraron amenazas a los trabajadores y se anunciaron aperturas de más sumarios, cuyos avances se desconocen hasta el momento.
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Los desafíos
- La presión ciudadana obligó al Gobierno a “desempolvar” soluciones a corto, mediano y largo plazo para el funcionamiento eficiente del sistema de transporte público, tanto como en el Área Metropolitana y como el interior del país.
- Entre las prioridades está el diseño de itinerarios de colectivos, conforme a las necesidades de la demanda y de la cual se cuenta con información precisa con el uso del billetaje y lo relevado por el Instituto Nacional de Estadística (INE) en la encuesta de movilidad.
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- Asimismo, urge la renovación de flota y licitaciones transparentes y competitivas para las concesiones del servicio.
- Por otra parte, organizaciones sociales exigen mayor apertura y transparencia en el proceso de las tomas de decisiones relativas al billetaje y la fijación del precio del pasaje, los cuales se deciden en el Consejo Ad Hoc y el Consejo de la Tarifa Técnica, respectivamente. Ambas son instancias creadas vía Decreto.
Lo positivo
- Auditoría
El caso de subsidio por pasajeros fantasma obligó al cambio de autoridades del Viceministerio de Transporte y se reveló la falta de control y sanción a concesionarias. Todavía se desconocen resultados de los sumarios.
- Participación
Por primera vez en era democrática, usuarios del transporte público del Área Metropolitana se organizan y surge una asociación (Opama ) que exige al Estado un mejor servicio. La participación ciudadana presiona a las autoridades a velar por los intereses generales.
Lo negativo
- Boleto estudiantil
Estudiantes exigen la entrega de 24.000 tarjetas del billetaje para ejercer el derecho de pago de medio pasaje. Las operadoras están obligadas a dar la primera gratis y pese al tiempo, sigue pendiente.
- Billetaje rentable
Dos empresas se favorecen con la comisión del cobro electrónico, negocio de US$ 4 millones al año sólo en Área Metropolitana. En otros países, ese dinero va a un fondo para subsidios.
- Sin monitoreo
El Estado no controla en tiempo real a transportistas, pues carece de su centro de monitoreo. El exviceministro de Transporte Víctor Sánchez, no lo habría exigido, pues era “juez y parte”.
- Choferes en negro
Trabajadores del transporte denuncian inacción del Gobierno hace años, pues transportistas incumplen con el pago mensual y la cobertura del seguro social, tal como estipula el Código Laboral.