Transporte público: el despertar ciudadano no debe ser pasajero

Excesivas reguladas y los reportes de subsidios que evidenciaban los aumentos de pagos con recursos públicos al transporte -en época electoral- fueron condimentos que dieron lugar al hartazgo de la ciudadanía, que salió a protestar. La presión social obligó a desnudar indicios de corrupción y la falta de control al sistema, pues carece del Centro de Monitoreo del Billetaje.

Usuarios del transporte público salieron a manifestarse a inicios de este año en contra de las reguladas de la frecuencia de buses.
Usuarios del transporte público salieron a manifestarse a inicios de este año en contra de las reguladas de la frecuencia de buses.FERNANDO ROMERO

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En marzo pasado, usuarios del transporte público se volcaron a las redes sociales para quejarse de la excesiva demora de los colectivos para llegar a las paradas. Esto dio a lugar a que un grupo de jóvenes solicitara informes sobre la gestión del Viceministerio de Transporte (VMT).

El entonces viceministro Víctor Sánchez se negó a reportar lo solicitado y recién cuando la justicia le obligó, lo hizo. Así se descubrió que legalizó las reguladas al flexibilizar exigencias de frecuencias y pagó subsidios por pasajeros fantasma, panorama que empujó al Gobierno a destituirlo e indagar otras presuntas anomalías.

Fue así que Óscar Stark reemplazó a Sánchez en el cargo, denunció en la Fiscalía la aparente destrucción de evidencias del billetaje y el pago indebido de subsidios. Además, se intervino la Coordinación Jurídica y se inició una auditoría a toda la institución.

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A cuatro meses de esas medidas, se desconocen resultados concretos de esos trabajos. Tampoco hay novedades de los sumarios a las concesionarias.

Además, el Ejecutivo ordenó otras verificaciones, cuyos datos preliminares arrojaron serios indicios de corrupción.

La Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) verificó la ejecución del contrato del Centro de Control y Monitoreo (CCM) del Billetaje Electrónico, el “cerebro” del sistema de transporte, y constató pagos por bienes que no existían in situ y constató que el viceministro Sánchez era “juez y parte”, pues era asesor de la proveedora.

Ante esos hallazgos, hace tres meses la DNCP anunció otra investigación y sigue sin sancionar al respecto.

La entonces Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) fiscalizó los pagos de impuestos de las concesionarias y detectó inconsistencias que apuntaban a evasiones. Reportó que abrió sumarios y todavía no se informaron resultados finales, solo preliminares.

El Ministerio de Empleo, Trabajo y Seguridad Social (MTESS) realizó fiscalizaciones en las calles, ante denuncias de empleo en negro de choferes. Se registraron amenazas a los trabajadores y se anunciaron aperturas de más sumarios, cuyos avances se desconocen hasta el momento.

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Los desafíos

  • La presión ciudadana obligó al Gobierno a “desempolvar” soluciones a corto, mediano y largo plazo para el funcionamiento eficiente del sistema de transporte público, tanto como en el Área Metropolitana y como el interior del país.
  • Entre las prioridades está el diseño de itinerarios de colectivos, conforme a las necesidades de la demanda y de la cual se cuenta con información precisa con el uso del billetaje y lo relevado por el Instituto Nacional de Estadística (INE) en la encuesta de movilidad.
  • Asimismo, urge la renovación de flota y licitaciones transparentes y competitivas para las concesiones del servicio.
  • Por otra parte, organizaciones sociales exigen mayor apertura y transparencia en el proceso de las tomas de decisiones relativas al billetaje y la fijación del precio del pasaje, los cuales se deciden en el Consejo Ad Hoc y el Consejo de la Tarifa Técnica, respectivamente. Ambas son instancias creadas vía Decreto.

Lo positivo

  • Auditoría

El caso de subsidio por pasajeros fantasma obligó al cambio de autoridades del Viceministerio de Transporte y se reveló la falta de control y sanción a concesionarias. Todavía se desconocen resultados de los sumarios.

  • Participación

Por primera vez en era democrática, usuarios del transporte público del Área Metropolitana se organizan y surge una asociación (Opama ) que exige al Estado un mejor servicio. La participación ciudadana presiona a las autoridades a velar por los intereses generales.

Lo negativo

  • Boleto estudiantil

Estudiantes exigen la entrega de 24.000 tarjetas del billetaje para ejercer el derecho de pago de medio pasaje. Las operadoras están obligadas a dar la primera gratis y pese al tiempo, sigue pendiente.

  • Billetaje rentable

Dos empresas se favorecen con la comisión del cobro electrónico, negocio de US$ 4 millones al año sólo en Área Metropolitana. En otros países, ese dinero va a un fondo para subsidios.

  • Sin monitoreo

El Estado no controla en tiempo real a transportistas, pues carece de su centro de monitoreo. El exviceministro de Transporte Víctor Sánchez, no lo habría exigido, pues era “juez y parte”.

  • Choferes en negro

Trabajadores del transporte denuncian inacción del Gobierno hace años, pues transportistas incumplen con el pago mensual y la cobertura del seguro social, tal como estipula el Código Laboral.

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