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La Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) concluyó su investigación de oficio sobre el cuestionado contrato del Centro de Control y Monitoreo del billetaje electrónico, (ID 368.264). En el marco de esas pesquisas, el exviceministro de Transporte Víctor Sánchez dijo que había renunciado como asesor de la proveedora del citado contrato antes de asumir la titularidad de esa institución. Sin embargo, esa respuesta la entregó recién después de que se descubrieran serias anomalías en la ejecución de los trabajos.
La proveedora es el consorcio Electronic Ticket Control (ETC), representado por Ángela Marien Ocampos, salpicado en el caso “tapabocas de oro” y relacionado con el empresario Omar Jaén Bohorques, mencionado en supuestos pagos de coimas a funcionarios de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac), conforme con fuentes oficiales.
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El extitular de la DNCP, Pablo Seitz, aseguró en la Resolución N° 2931 del 14 de agosto último que existen elementos suficientes para la apertura de un sumario para la mencionada compañía. Entre los motivos se encuentran diferencias entre lo certificado y lo constatado por más de G. 463 millones, deficiencias en la construcción del edificio del centro y que el exviceministro era prácticamente juez y parte en ese contrato, pues era el asesor responsable de la ejecución del proyecto y autoridad del Estado.
Seitz ordenó que la causa sea derivada al departamento de Sumarios. Sin embargo, la apertura de la siguiente investigación queda cargo de la nueva administración del presidente Santiago Peña, pues Agustín Encina reemplaza a Seitz como director de la institución con el cambio de Gobierno.
El sumario sería la tercera investigación al mismo contrato. El primero consistió en una verificación del contrato in situ, tras el escándalo de los subsidios a pasajeros fantasma y que derivó en el despido de Sánchez. Fue reemplazado por Óscar Stark.
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Entonces, para el Ejecutivo resultó llamativo que Transporte no detectara el aumento de usuarios con menos cantidad de buses en circulación y a pesar del funcionamiento del Centro de Monitoreo, valuado en US$ 3,9 millones. Esta situación obligó la intervención de Contrataciones Públicas.
Los funcionarios verificaron el cumplimiento del contrato in situ. Realizaron varias observaciones, algunas fueron contestadas por Transporte, que convencieron a los auditores y por lo tanto, se levantaron, pero otras tantas no y por ello abrieron la segunda investigación, la de de oficio.
Recién en esta etapa, Sánchez envió una nota a DNCP para notificar que había renunciado como asesor del consocio el 30 de abril del 2020, un año antes de que asuma como viceministro de Transporte.
De esta manera, y recién después del escándalo, Sánchez pretendió convencer a los auditores de que no fue “juez y parte” durante la ejecución de ese contrato. Sin embargo, conforme se aprecia en el documento, de igual manera se sugiere un sumario (que sería la tercera investigación).
En ese informe de la verificación del contrato (primera investigación), los auditores dejaron constancia de que no se había constatado ningún documento que desvincule a Sánchez como asesor de la proveedora durante su vigencia. Lo habían pedido y no lo recibieron para la elaboración del informe final, conforme se describió en el citado documento.
Sumarios pendientes
La Subsecretaría de Estado de Tributaciíon (SET) había detectado indicios de evasión de transportistas que cobran subsidios y la conclusión de ese sumario sigue pendiente o al menos no fue socializado si llegó a terminarse.
Asimismo, el Ministerio de Trabajo había confirmado, mediante fiscalizaciones, que los empresarios emplean en negro a sus choferes, y que esta situación no sería impedimento para cobrar recursos del Estado. Aún se desconocen las sanciones.
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