El Centro de Monitoreo, “cerebro” del transporte público del país

El Centro de Control y Monitoreo (CCM) concentra la información generada con el cobro electrónico del transporte público del Área Metropolitana, tales como demanda de pasajeros, cumplimiento de itinerario y frecuencia de buses, entre otros ítems que en su conjunto influyen en el precio del pasaje. A más de tres años de implementarse el billetaje, ese “cerebro” sigue sin funcionar 100% y el plan es que recopile datos del país. En esta nota te contamos cómo funciona.

Los usuarios del transporte público esperan horas, y el Gobierno hizo la "vista gord" a pesar de que puede ver las "reguladas" mediante el Centro de Control y Monitoreo (CCM) del Billetaje Electrónico (BE),.
Los usuarios del transporte público esperan horas, y el Gobierno hizo la "vista gord" a pesar de que puede ver las "reguladas" mediante el Centro de Control y Monitoreo (CCM) del Billetaje Electrónico (BE),.Pedro Gonzalez

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En Paraguay, el Centro de Control y Monitoreo (CCM) del Billetaje Electrónico (BE), así como el mismo cobro digital del pasaje, se rigen por un marco legal específico. Es decir, hay forma jurídica de velar por su cumplimiento.

La implementación de billetaje se da con la Ley N° 5230/2014 y se reglamentación con el Decreto 6912/2017, que reemplazó completamente a la reglamentación anterior que era el Decreto N° 4043/2015. La ley y las reglamentaciones, la primera (anulada) y la segunda (vigente) fueron creadas en el gobierno de Horacio Cartes.

El CCM es el “cerebro” del cobro electrónico del pasaje del transporte público del Área Metropolitana y el plan es que, en una siguiente etapa, concentre la información del traslado masivo de personas de todo el país.

Conforme a la normativa, el CCM permite la comunicación, el intercambio y la recolección de información de los actores del sistema del billetaje. El cobro electrónico debe ser único para las líneas y unidades del transporte, ya sea ciudad o Área Metropolitana, e interoperable con otros sistemas que pudieran funcionar en otras ciudades o regiones.

Según la legislación, el objetivo de esta reforma del mecanismo del pago por el servicio es que el Estado disponga de datos precisos y detallados sobre el recorrido hecho por los colectivos de las diferentes empresas transportistas, cantidad de itinerarios hechos (kilometraje recorrido), número de buses utilizados, cantidad de pasajeros trasladados y otras informaciones que permitan conocer la facturación real de cada concesionaria, por vehículo, por mes, por día y por hora.

Además, los citados datos deberían servir para reportes estadísticos que apunten a una mejor planificación de políticas tarifarias y de transporte, y otras medidas que permitan mejorar su eficiencia y finalmente, brindar un mejor servicio a los pasajeros.

Por ejemplo, cada validación (pago de pasaje) es reportada con su georeferencia al CCM. Así, el Estado a través del Viceministerio de Transporte, o el ente encargado de controlar el cumplimiento de las normativas, puede visualizar las zonas donde hay más pasajeros y en qué hora ocurre eso. Los datos muestran “mapas de calor” que indican esa mayor demanda, explicó a nuestro diario el especialista en movilidad José Tomás Rivarola.

De esta manera, el Gobierno puede apreciar el cumplimiento de las frecuencias de modo a reforzar los buses en circulación para atender a los usuarios.

Por ejemplo, en la zona del mercado de San Lorenzo se puede visualizar gran cantidad de pasajeros, con lo cual se refleja la necesidad de instalar una terminal de buses, pues representa un punto de conexión con las ciudades aledañas, de acuerdo con las explicaciones.

Rivarola indicó que cada validador cuenta con GPS, es único y va unido a un sólo bus. Las cifras que genera sirven para aspectos contables, pero también para auditoría y planificación. Finalmente, el cobro electrónico y su CCM debe permitir un mejor servicio para toda la población. Claro, toda vez que haya voluntad política de hacerlo.

Las operadoras del billetaje

En otros países, como Uruguay, el Estado se encarga de recibir y administrar la información del cobro electrónico, y gestiona las tarjetas del sistema. Sin embargo, en Paraguay, básicamente colectan y notifican al Estado la información generada con el billetaje electrónico dos empresas, que son TDP SA, de Álvaro Wasmosy Carrasco, con su tarjeta Más, y Epas SA, de Cetrapam, con la tarjeta Jaha, que tiene un 70% de participación en el mercado.

Ambas deben reportar las validaciones (pago de pasaje) al Centro de Monitoreo, a cargo del Viceministerio de Transporte, que analiza los datos para someterlo al estudio de la tarifa técnica, cálculo que define el precio del pasaje.

Tarifa técnica debería transparentar costos

La Tarifa Técnica (TT) es el cálculo que contempla los costos operativos del transporte público y los ingresos necesarios para cubrirlos. El pasajero paga un precio fijo, estipulado por decreto, y el Estado salda la diferencia.

El monto resultante de la TT se oficializa vía decreto, pero no incluye el monto de cada ítem del cálculo que se realiza cada mes y conforme a los datos obtenidos del billetaje electrónico.

Los datos que contempla el TT incluyen la cantidad de pasajeros, los buses operativos y el kilometraje recorrido, ecuación conocida como Índice de Pasajeros por Kilómetro (IPK).

El IPK es parte de la planilla de resumen general junto con la cotización del dólar, el precio del combustible, los costos de mantenimiento de buses, el seguro de pasajeros, sueldo de los choferes (salario mínimo legal más plus de 30% del mismo, G. 3,4 millones), gastos de servicios básicos como luz y agua y alquiler de las oficinas, etc, asi como el porcentaje de ganancia de las empresas, según reportes oficiales del Viceministerio de Transporte (VMT) difundidos en su web (ver cuadro).

Un ítem que no se encuentra, pero que en otros países sí se contempla, es el ingreso por publicidad colocada en las unidades.

ABC solicitó las planillas mensuales de TT desde la implementación del billetaje vía Acceso a Información Pública (AIP), venció el plazo y todavía no son datos de libre acceso para el público.

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