Respecto a las declaraciones del jefe de Gabinete del Gobierno de Santiago Peña, Javier Giménez, quien afirmó que aún quedan meses para cerrar el acuerdo del Anexo C, el extitular de la ANDE, Ing. Pedro Ferreira, fue tajante al señalar el desfase cronológico y la complejidad legislativa que implica un tratado de esta envergadura.
En su análisis recordó que las metas fijadas inicialmente para diciembre de 2024 no fueron cumplidas y que los tiempos parlamentarios son un factor crítico que el Ejecutivo parece subestimar. A su criterio, si se buscaba un resultado exitoso para los intereses nacionales, el documento ya debería estar en instancias legislativas hace tiempo.
Igualmente grave calificó la intención de mezclar temas de interés común, como la energía solar o la instalación de nuevas turbinas, dentro de la negociación del Anexo C. Ferreira explicó que estos puntos podrían resolverse mediante adendas independientes para evitar que “se tranque en el parlamento brasilero”.
Para el experto, incluir la producción solar en el embalse o subir a cuatro turbinas más para el horario de punta son aspectos que gozan de consenso y no deberían hipotecar la negociación principal de la tarifa y el Anexo C.
Sobre la supuesta llegada de US$ 1.250 millones de dólares anuales durante tres años, anunciada con bombos y platillos en mayo de 2024, el ex titular de la estatal eléctrica denunció una ausencia total de documentos públicos que respalden tales ingresos. Al verificar los estados financieros oficiales, la realidad es opuesta a la narrativa oficialista: los fondos no fluyeron hacia el Paraguay, sino que se encuentran inmovilizados en la caja de la binacional, dijo.
“Esos fondos en caja jamás en la historia de Itaipú existieron. Por tanto, la tarifa que pagó durante estos dos años y cuarto el Brasil, finalmente quedó mayoritariamente dentro del Brasil, y no vino de ninguna manera al Paraguay”, sentenció Ferreira.
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El ingeniero añadió que lo que el país recibe actualmente es apenas una fracción de lo que la propia ANDE abona a la entidad, desnudando la fragilidad del logro pregonado por el Gobierno. “Lo que ellos consiguieron en el 2024, y tanta propaganda hicieron, no deja de ser eso, propaganda”, cuestionó.
La incertidumbre se acrecienta ante el silencio del canciller brasileño, Mauro Vieira, sobre el derecho paraguayo a utilizar los más de 1.000 millones de dólares acumulados que no fueron destinados a gastos sociales. Ferreira advirtió que esta falta de definición solo aumenta la lista de temas pendientes, debilitando la posición paraguaya que debería estar concentrada exclusivamente en la tarifa.
Finalmente, el analista expuso una contradicción alarmante en la política energética nacional. Mientras el Gobierno reconoce que la disponibilidad de energía de Itaipú se agotará en ocho años —y mucho antes en días de alta demanda—, se encuentra otorgando contratos a empresas electrointensivas con tarifas por debajo del costo de la ANDE y por periodos de hasta 15 años. “Ya sea en base a una falsa información proveída al pueblo paraguayo, a un déficit en la gestión, a un engaño hacia nuestros negociadores o cualquier otra razón, ese beneficio prometido nunca llegó”, concluyó.