El Poder Ejecutivo concentra la mayor parte de estos pagos extras, con un total de G. 1,108 billones, mientras que el Poder Legislativo representa una porción menor, pero igualmente importante con G. 16.444 millones. La estructura confirma que el comportamiento agregado del gasto está fuertemente determinado por la evolución del Ejecutivo, cuya participación supera ampliamente el 95% del total.
En términos de evolución, el periodo 2016–2019 presenta una trayectoria de crecimiento sostenido. En 2016, el total alcanzaba G. 102.875 millones, aumentando progresivamente a G. 112.520 millones en 2017, G. 118.797 millones en 2018 y G. 127.806 millones en 2019.
Este incremento refleja una expansión gradual del uso de remuneraciones extraordinarias y adicionales, en un contexto donde estos pagos forman parte de los mecanismos complementarios al salario dentro de la función pública, regulados, en teoría, por normativas específicas.
El año 2020 introduce un quiebre significativo en la serie. El total cae abruptamente a G. 57.453 millones, lo que representa una reducción cercana al 55% respecto a 2019. Este ajuste coincide con el impacto fiscal derivado de la pandemia, periodo en el cual se observaron restricciones en la ejecución del gasto y priorización de recursos hacia áreas críticas.
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A partir de 2021 se retoma una senda de crecimiento, aunque inicialmente moderada. El total se ubica en G. 85.638 millones en 2021 y aumenta a G. 113.095 millones en 2022, recuperando niveles similares a los observados antes de la caída de 2020. Posteriormente, el crecimiento se consolida con mayor fuerza en los últimos años del periodo analizado.
En 2023, el gasto total alcanza G. 125.781 millones, mientras que en 2024 se incrementa a G. 133.294 millones. Finalmente, en 2025 se registra el valor más alto de toda la serie, con G. 147.403 millones, lo que marca un nuevo máximo histórico en este tipo de remuneraciones.
Al analizar por poder del Estado, el comportamiento del Poder Ejecutivo replica casi perfectamente la trayectoria del total, dada su elevada participación. Sus pagos pasan de G. 99.755 millones en 2016 a G. 144.327 millones en 2025, con la misma caída pronunciada en 2020 y una recuperación posterior sostenida.
Cobro de bonificaciones y gratificaciones en el Legislativo
En contraste, el Poder Legislativo presenta una evolución más volátil y de menor escala. En 2016 registra G. 3.120 millones y en 2020 se observa una caída a G. 122.726.881, seguida de una ausencia de registros en 2021 y 2022, pero con una recuperación posterior en los siguientes años tal como se muestra en la infografía.
En perspectiva, la serie evidencia tres fases claras: una expansión inicial hasta 2019, un ajuste abrupto en 2020 y una recuperación sostenida hasta alcanzar máximos en 2025.
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El comportamiento sugiere que las remuneraciones extraordinarias y adicionales funcionan como un componente flexible del gasto público, sensible tanto a restricciones fiscales como a decisiones de política administrativa y que deben ser urgentemente revisadas dentro del conjunto de componentes que podrían generar un importante ahorro fiscal.
*Este material fue elaborado por MF Economía e Inversiones