El profesional sostuvo que, a través de la figura de la propiedad intelectual, se estaría buscando ocultar las irregularidades existentes dentro de la obra. En ese sentido, señaló que el Gobierno Nacional y la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), en carácter de financista del proyecto, deben salir a aclarar la situación generada tras la polémica disposición.
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Consorcio
Vidal Cáceres manifestó que, en su opinión, se trata de una determinación totalmente descabellada, atendiendo a que Paraguay es un país soberano y cuenta con una Constitución Nacional que garantiza el derecho a la información. Añadió que el Consorcio, de manera arbitraria, estaría intentando impedir que se conozcan las irregularidades existentes dentro del emprendimiento hidroeléctrico.
Además, mencionó que la Entidad Binacional Yacyretá debería explicar qué está ocurriendo dentro de la obra. Sin embargo, cuestionó que hasta el momento no se conozca ninguna medida adoptada por la institución, teniendo en cuenta que es financista de los trabajos que se ejecutan en el Brazo Aña Cua.
Decisión temeraria
El representante jurídico indicó igualmente que trabajadores paraguayos y argentinos se encuentran molestos por las medidas adoptadas y por la amenaza de despido en caso de ser sorprendidos publicando imágenes relacionadas con las obras.
“Me parece muy temeraria la decisión del Consorcio, porque creo que lo que se busca es tapar las irregularidades y las improvisaciones de la empresa en la ejecución de los trabajos. Se trata de una obra de interés público. Como es de público conocimiento, la ejecución del proyecto atravesó una serie de inconvenientes, incluso se llegó a una semiparalización justamente por las graves irregularidades del propio Consorcio”, expresó.
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Disposición
Mediante la circular 05/2026, el gerente de la Gerencia del Consorcio Aña Cuá, ingeniero Pedro Patiño, habría dispuesto la prohibición de sacar fotografías y realizar videos de las obras.
La decisión de impedir la toma de imágenes y la creación de videos de la obra en desarrollo respondería a que consideran que se trata de una propiedad intelectual. La medida fue comunicada y afecta a trabajadores, empresas subcontratistas, transportistas y colaboradores vinculados al proyecto hidroeléctrico.
El incumplimiento de las normas establecidas permitirá aplicar sanciones como el retiro inmediato del personal involucrado de las instalaciones, la prohibición de ingreso en forma inmediata e irrevocable y la suspensión del contrato, según corresponda.
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