El cronograma pactado en Itaipú Binacional se está cumpliendo. El acuerdo de directivas operativas y financieras, anunciado con bombos y platillos hace dos años, tiene fecha de vencimiento: el 31 de diciembre de 2026. Este pacto permitió elevar la tarifa de la potencia de Itaipú a US$ 19,28 por kW-mes, un incremento del 15,4% respecto al valor anterior (US$ 16,71 por kW-mes), inyectando recursos que, según el Ejecutivo, totalizarían unos US$ 1.250,2 millones anuales para las arcas paraguayas.
Sin embargo, el análisis de los números revela matices que el discurso oficial suele omitir. Del total anunciado, solo US$ 650,9 millones corresponden realmente al ingreso adicional por la nueva tarifa. El resto se compone de conceptos ya establecidos en el Tratado de Itaipú desde 1973, como los royalties, la compensación por energía cedida y las utilidades de la ANDE, montos que dependen más del volumen de generación y de la energía no consumida que del “éxito” de la última negociación.
Mientras Paraguay celebra la captación de estos fondos para gastos sociales y obras de infraestructura, la estrategia de Brasil ha sido diametralmente opuesta y, para muchos analistas, más efectiva para su economía doméstica. El gobierno de Lula da Silva ha utilizado aproximadamente US$ 1.117 millones (provenientes de los saldos de la binacional tras el pago de la deuda histórica) para subsidiar su propia tarifa interna.
Esto significa que, mientras el consumidor paraguayo no ha visto una reducción en su factura —e incluso la ANDE fue compensada con unos US$ 241 millones para no trasladar el sobrecosto de la potencia al usuario—, el mercado brasileño logró mantener sus precios estables o a la baja. La ANDE, dirigida por el Ing. Félix Sosa, recibió transferencias que apenas cubren el incremento del costo de la energía contratada, postergando nuevamente las inversiones críticas en subestaciones y redes de distribución.
El mercado libre y la venta de energía
Uno de los puntos más promocionados del entendimiento de mayo de 2024 fue la cláusula que permite a Paraguay vender su energía que no sea de Itaipú, directamente al mercado libre brasileño. Si bien esto se presentó como un hito, la implementación fue nula. La oferta mejor posicionada fue presentada por Infinity Comercializadora de Energía Ltda., por US$ 21,03 MWh, un valor bajísimo en relación a lo que se esperaba.
Por este motivo, hasta la fecha el Equipo Económico Nacional no se ha expedido al respecto, pese a las esperanzas del Ing. Sosa de lograr la “venta histórica” y “generar músculo” al tener la experiencia de comercializar nuestra energía en el mercado libree brasileño.
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Luego de meses de trámites administrativos, licitación pública y validaciones técnicas con las autoridades del sistema eléctrico brasileño, la exportación de 100 MW generados por la central Acaray no fue confirmada oficialmente por el Equipo Económico Nacional, pero tampoco salieron a decir que no se venderá, dejando en el limbro el proyecto.
A esto se suma la obligación de Paraguay de aumentar la contratación de potencia anualmente en al menos un 10% anual hasta finales de 2026. Esta cláusula garantiza ingresos a la entidad binacional, pero presiona el flujo de caja de la estatal eléctrica.
En el 2024 la contratación anual de la ANDE fue de 2.369 MW y pagó US$ 548,3 millonesen; en el 2025 escaló a 2.605 MW por lo que abonó US$ 602,9 millones y en 2026, subió a 2.865 MW, pagando US$ 663,3 millones.
El desafío de la revisión del Anexo C
El horizonte del 1 de enero de 2027 marca el inicio de una nueva era para Itaipú y nuestro país. Para entonces, la tarifa de US$ 19,28 dejará de existir y Paraguay deberá haber concluido la revisión del Anexo C, si se cumplen los plazos establecidos por los gobiernos de Paraguay y Brasil. El compromiso inicial era cerrar esta negociación antes del 31 de diciembre de 2024, lo que se ha incumplido sistemáticamente.
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La falta de transparencia en el destino de los fondos actuales sigue siendo el principal flanco de crítica. Sectores de la oposición y especialistas del sector eléctrico advierten que el “festín” de los gastos sociales podría terminar sin que se hayan realizado las reformas estructurales necesarias para que Paraguay deje de ser un simple exportador de materia prima energética y se convierta en una potencia industrial aprovechando su propia hidroelectricidad.
Incluso, revisando los últimos balances, se denunció que la plata prometida para el Paraguay, ni siquiera llegó en su totalidad. El Gobierno no pudo o no quiso demostrar lo contrario, pese a los discursos.
Mientras tanto, los paraguayos siguen esperando recibir verdaderos beneficios de su participación en la mayor obra de infraestructura del país en toda su historia, pero estas ganancias solo les llega a los directores, consejeros y funcionarios apadrinados, y a las empresas aliadas del poder que -englobándolas en lo que conocimos como “pupitres de oro”-, logran venderle a precios inflados.
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