El Estado mantiene una deuda de más de 1.000 millones de dólares con sus proveedoras de Salud, acumulada al cierre de 2025. También, paralelamente, hay un endeudamiento de más de 300 millones de dólares con los sectores construcción, provisión de alimentos y otros.
En este sentido, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) ya ha avanzado en los pagos a las empresas de alimentos y está en proceso de desembolsos de parte de los recursos para las constructroras. Sin embargo, hasta ahora, el quinto mes del año, no se ha difundido cómo hará el Gobierno para atender los compromisos con las proveedoras de Salud, con las que se tiene el mayor monto de recursos impagos por productos y servicios ya entregados.
¿Cómo pagará el Estado sus deudas?
Al respecto, Rocío Figueroa, vocera de la Cámara de Representantes e Importadores de Productos Farmacéuticos, Tocador, Domisanitarios y Afines (Cripfa), confirmó a ABC que el MEF convocó a una reunión prevista para este miércoles 20 de mayo a las 15:00, con el fin de tratar cómo el Gobierno seguirá adelante para honrar la deuda que mantiene con el sector.
El citado gremio y otros del rubro vienen advirtiendo la preocupación por la falta de definiciones, ya que si bien se dan pagos a cuenta de la deuda arrastrada desde el año pasado, los mismos resultan insuficientes ante las nuevas provisiones mensuales. Por eso, piden al Gobierno mayor previsibilidad financiera para sostener sus obligaciones y contratos.
Al respecto, Figueroa explicó que entre las propuestas del Gobierno para hacer frente a sus compromisos planteó la cesión de deuda, una herramienta mediante la cual las entidades financieras adelantan los desembolsos a las contratistas pero descontando un monto, a cuenta de intereses. Sin embargo, para poder ejecutarla se requiere de una reglamentación que debe ser elaborada por el MEF, conforme a lo estipulado en el Presupuesto General de la Nación (PGN) y además, las farmacéuticas sostienen que el Estado debe asumir los intereses de los bancos.
Solicitan previsibilidad financiera
Según lo señalado, uno de los puntos más importantes que los proveedores solicitan al Estado es la previsibilidad financiera. “El sector viene haciendo un esfuerzo muy grande para poder cumplir con las obligaciones e, inclusive, seguir cumpliendo con sus contratos con el Ministerio de Salud”, afirmó.
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La vocera de Cripfa reiteró además que los proveedores mantienen la postura de no hacerse cargo de los intereses bancarios. “Esta operación va a llevar consigo varios intereses y gastos que son normales administrativamente hablando dentro de la cesión bancaria. Sin embargo, el proveedor actualmente no está en una situación de poder asumir eso. El proveedor necesita cobrar el 100% de lo que será cedido y no tener una tasa de descuento bancaria”, afirmó.
Cesión de deuda debe reglamentarse
Al respecto, explicó que el artículo 279 de la ley del PGN 2026 limita actualmente este mecanismo al pago de medicamentos, mientras que la provisión de las empresas es más amplia e incluye no solo productos sino también. Además, indicó que la normativa citada incluso restringe aún más el alcance al objeto de gasto 350 (“Productos e Instrumentales Químicos y Medicinales”), lo que deja fuera a otros servicios esenciales contratados por el Ministerio de Salud.
Figueroa señaló que entre los servicios excluidos figuran el mantenimiento de equipos biomédicos, infraestructura hospitalaria, limpieza, diálisis, diagnóstico por imágenes, terapias, seguridad y provisión de alimentos, además de prestaciones vinculadas a amparos judiciales.
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Indicó que, de mantenerse la redacción actual de dicho artículo, solo podrán beneficiarse los proveedores de medicamentos, mientras que el resto continuará sin mecanismos de cobro. Por ello, instó al Congreso Nacional a tratar con urgencia el proyecto de ley presentado por la senadora Esperanza Martínez, que propone ampliar el alcance de la normativa.
Por su parte, la legisladora conversón con este diario y confirmó que la iniciativa, presentada el 29 de abril de 2026 junto con otros senadores, propone modificar el artículo 279 de la Ley N.º 7609/25, correspondiente al PGN 2026. El proyecto se encuentra actualmente en estudio en las comisiones de Hacienda y Presupuesto y de Cuentas y Control de la Administración Financiera del Estado, antes de su eventual tratamiento en el pleno del Senado.