Los frentistas del fracasado proyecto metrobús soportaron por años el cierre de la ruta Mariscal Estigarribia (ruta PY02) con enormes zanjas, accidentes y una obra inconclusa que dejó cierres de comercios, millonarios perjuicios e incluso, según denuncian, la muerte de ciudadanos afectados por el estrés y las consecuencias derivadas de la malograda obra.
Hoy, tras el sobreseimiento definitivo del exministro Ramón Jiménez Gaona en la causa del metrobús, los vecinos y comerciantes vuelven a sentir que quedaron abandonados. Entre indignación y resignación, recuerdan cómo la obra transformó para siempre la dinámica comercial y urbana en la zona del fallido plan.
A pedido de los fiscales Yeimy Adle, Giovanni Grisetti y Nathalia Silva el juez de Garantías Especializado en Delitos Económicos, Humberto Otazú, dictó el sobreseimiento definitivo que benefició a Jiménez Gaona, lo que cayó como un nuevo golpe para afectados.
En este sentido, la Fiscalía retrocedió en su acusación inicial y pidió excluir al exsecretario de Estado del proceso, por lo que los frentistas sostienen que las principales responsabilidades políticas y administrativas se originaron durante el gobierno de Horacio Cartes, cuando se reactivó el proyecto que años antes había quedado archivado.
“Lo único que falta es que le pidamos perdón a Jiménez Gaona”, ironizó Nelson Escobar, uno de los frentistas de la zona intervenida y que siguen con las concecuencias de una obra hasta ahora inconclusa. “Estamos en el mundo del revés. Ahora parece que nosotros vamos a tener que compensarle por los daños”, cuestionó.
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El enojo resurgió luego de que el Ministerio Público modificara abruptamente su postura y terminó imputando al exministro Arnoldo Wiens, quien asumió el cargo cuando la obra ya atravesaba una profunda crisis tras la paralización de la contratista portuguesa Mota Engil, que subcontrató a Ocho A, del senador Luis Pettengill, para ejecutar las obras.
“Murió mucha gente en esta lucha”
Gladys Mancuello, otra de las referentes de los frentistas, recuerda con dolor los años de conflicto sobre la ruta Mariscal Estigarribia, en Fernando de la Mora. Afirma que el impacto del proyecto no solo destruyó comercios, sino también afectó gravemente la salud y la vida de numerosos vecinos.
“Hubo muerte, hubo de todo en esta lucha del metrobús. Murió mucha gente ya de edad, preocupada porque perdía sus inquilinos, sus negocios, sus ingresos”, expresó.
La mujer rememora las manifestaciones, los encadenamientos y las protestas realizadas desde el inicio de las obras. Según sostuvo, los frentistas advirtieron desde un principio que el proyecto no era viable sobre esa avenida sin liberar la franja de dominio.
“Nosotros nunca estuvimos en contra del progreso, pero sí en contra de este metrobús. Desde que empezó sabíamos que iba a quedar inconcluso y que iba a perjudicar a muchísima gente”, afirmó.
Mancuello asegura que unos 200 comercios cerraron durante el proceso y que detrás de cada comercio afectado hubo familias enteras que quedaron sin sustento económico.
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“Fueron miles de familias perjudicadas. Había gente que vivía de sus rentas, de sus pequeños negocios. Todo eso se perdió”, lamentó.
Una avenida marcada por una obra inconclusa hasta ahora
A casi una década del inicio de los trabajos, los vecinos sostienen que las consecuencias del fracasado metrobús siguen presentes. Muros divisorios, cruces cerrados y desvíos improvisados continúan alterando el tránsito diario en Fernando de la Mora y San Lorenzo.
“Seguimos teniendo la obra inconclusa del metrobús. Esta es una ruta internacional y no puede seguir así”, reclamó Mancuello.
La frentista también denunció que la reconfiguración vial redujo drásticamente los accesos y salidas alternativas en la zona, generando embotellamientos permanentes.
“Nos dividieron de norte a sur. Antes teníamos doce cruces y varias salidas alternativas. Hoy casi no tenemos opciones para salir hacia Asunción. Es un caos total”, sostuvo.
Además, responsabilizó a la infraestructura inconclusa de numerosos accidentes fatales ocurridos en los últimos años.
Metrobús: “Ahí empezó el robo”
Los cuestionamientos también apuntan al manejo financiero del proyecto. Mancuello recordó que el costo original de la obra tuvo incrementos importantes durante la ejecución.
“Acá aumentaron el precio de la obra en 35%. Ahí ya empezó el robo”, disparó al señalar que todo esto ocurrió durante la gestión de Jiménez Gaona.
La frentista también criticó duramente a las autoridades del gobierno cartista, incluyendo al entonces ministro de Hacienda, Santiago Peña, actual presidente de la República.
“Nunca nos vamos a olvidar cuando dijeron que éramos cinco gatos locos que no queríamos el progreso”, recordó.
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Según relató, los frentistas comenzaron su lucha en 2015, cuando el proyecto fue reactivado tras haber permanecido archivado desde 2009. Las obras arrancaron finalmente en 2016, bajo la promesa oficial de concluir el sistema en apenas 20 meses.
Esto nunca se cumplió, y el Gobierno de Abdo Benítez asumió en plena crisis de la obra, que ya no podía seguir, por lo que la contratista suspendió los trabajos. A la contratista, la portuguesa Mota Engil, ni investigaron, lamentan los frentistas.
El origen de la crisis
El discurso cartista atribuye al gobierno de Mario Abdo Benítez el fracaso definitivo del metrobús, argumento que también fue utilizado por la Fiscalía para sustentar la imputación contra Arnoldo Wiens. Sin embargo, los antecedentes muestran que la crisis del proyecto ya se había instalado antes del cambio de gobierno.
La empresa portuguesa Mota Engil, adjudicada durante la administración de Jiménez Gaona, suspendió las obras en medio de conflictos financieros, incumplimientos contractuales y fuertes cuestionamientos ciudadanos. Cuando Wiens asumió en el MOPC, el proyecto ya acumulaba retrasos, protestas y serias dificultades para continuar.
El MOPC pagó aproximadamente US$ 30 millones a Mota Engil por las obras ejecutadas, la mayor parte ejecutada durante el Gobierno de Cartes. La empresa realizó trabajos —sin concluir— en unos 4 kilómetros de los 12 kilómetros previstos para el corredor central del metrobús en los tramos 2 y 3, que no pudo concluir porque ni siquiera consiguieron los permisos para ingresar a Asunción.
La empresa Mota Engil hoy insiste en una acción de inconstitucionalidad con el objetivo de cobrar los US$ 19 millones que un laudo arbitral había condenado a pagar al Estado paraguayo a favor de la empresa portuguesa. Esta sentencia había sido parcialmente anulada por un tribunal de la capital, lo que redujo la condena a US$ 2,6 millones. Sin embargo, la empresa extranjera ahora insiste ante la Corte Suprema para que se le pague el monto originalmente establecido en la sentencia internacional
Para los frentistas, sin embargo, más allá de las disputas políticas y judiciales, el resultado concreto sigue siendo el mismo: una obra inconclusa y comunidades enteras que todavía cargan con las consecuencias. “Acá nadie se hace responsable”, resumió Escobar.