Por medio del decreto 6120, emitido a finales de mayo, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) puso en marcha un paquete de restricciones para frenar el crecimiento del gasto público durante este año. Con la medida estima que podrá contener hasta G. 1,6 billones, unos US$ 262 millones al cambio actual, en desembolsos estatales, con el fin de reducir las presiones sobre el déficit fiscal.
Ante la presión sobre las finanzas públicas por la baja en las recaudaciones y las deudas acumuladas que ponen en riego el cumplimiento del déficit fiscal previsto, el Poder Ejecutivo emitió la orden “Por el cual se establecen medidas adicionales de optimización, priorización y gestión eficiente del gasto público en el marco del Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2026. Al parecer es una respuesta al plan de ”Economía de guerra” que había anunciado el exministro del MEF Carlos Fernández Valdovinos antes de dejar la cartera.
Según se explicó desde la cartera económica, “no se trata de un recorte directo del presupuesto ni de la eliminación de programas públicos”. Lo que establece el decreto son “límites de ejecución para determinados gastos considerados no prioritarios”, evitando que aumenten respecto a los niveles registrados en 2025”.
El MEF refiere que, la “expectativa oficial es que esta contención represente alrededor del 0,4% del Producto Interno Bruto (PIB), contribuyendo al proceso de consolidación fiscal impulsado por el Gobierno”.
El déficit fiscal en el mes de abril último fue del 0,8% del PIB equivalente a G. 3,1 billones, (US$ 432 millones), mientras que en términos anualizados se ubicó en 2,2% del PIB, que representa G. 8,6 billones (US$ 1.200 millones), por encima del límite del 1,5%.
Lea más: Nuevo decreto evidencia falta de recursos para sostener el gasto público, alerta economista
¿De dónde saldrían los G. 1,6 billones?
El MEF aclara que el monto no corresponde a un ahorro tradicional, sino a gastos que dejarían de crecer gracias a las restricciones impuestas por el decreto.
La medida se concentra principalmente en gastos administrativos y operativos, mientras que quedan expresamente protegidos los recursos destinados a salud, educación, seguridad y programas sociales.
Entre las restricciones previstas figuran: la suspensión de nuevas compras de equipos de oficina y computación, salvo casos considerados críticos, las limitaciones para adquirir materiales e insumos administrativos no esenciales.
La lista prosigue con la prohibición de contratar servicios de catering, almuerzos y eventos protocolares, con excepciones específicas y las restricciones para la compra de inmuebles, terrenos y construcción de obras institucionales consideradas no prioritarias.
Lea más: Mecanismo de cesión de deuda podría derivar en un “bochorno internacional”, alerta economista
¿Cómo controlará el Gobierno el cumplimiento?
El MEF refiere que el decreto incorpora mecanismos de control que buscan impedir que las restricciones queden solamente en una declaración de intenciones.
“Uno de los principales filtros será la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), que tiene instrucciones de bloquear cualquier proceso de contratación que no se ajuste a las nuevas disposiciones. Además, las instituciones deberán solicitar autorización previa al MEF para utilizar determinados saldos presupuestarios no ejecutados durante el año”, explican desde la cartera económica.
Así también el MEF aclara que, las máximas autoridades de cada organismo, junto con las unidades financieras y de contrataciones, serán responsables del cumplimiento de las medidas. El seguimiento se realizará mediante el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF), que registra en tiempo real la ejecución presupuestaria.
Gastos congelados en niveles de 2025
El MEF detalla que el decreto apunta a seis grupos de gastos que durante 2025 representaron una ejecución neta de aproximadamente G. 4,8 billones.
“Aunque para 2026 esos rubros cuentan con mayores recursos presupuestarios, el Gobierno decidió fijar un techo de ejecución equivalente al nivel alcanzado el año pasado, evitando así que estos gastos continúen expandiéndose”, afirman desde la cartera de Estado.
Salud, educación y programas sociales quedan excluidos
El Ministerio de Economía explica que las restricciones no alcanzan a sectores considerados prioritarios por el Ejecutivo y citó al Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, el Instituto de Previsión Social (IPS), el Ministerio de Educación y Ciencias, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Defensa Nacional.
La lista prosigue con el Ministerio de la Niñez y la Adolescencia, el Ministerio de Desarrollo Social y las gobernaciones en el marco de los programas financiados por el Fondo Nacional de Alimentación Escolar (Fonae).
El MEF aseguró que tampoco se verán afectados proyectos con financiamiento externo ni adquisiciones vinculadas a servicios esenciales.
Lea más: MEF impulsa medidas de austeridad, pero ministro viaja a París en medio de reclamo de proveedoras
Una apuesta para reducir el déficit
Desde el MEF explica que el impacto será “real” porque las restricciones operan antes de que se generen nuevos compromisos de gasto. Es decir, los controles se aplican desde el inicio de los procesos de contratación y no una vez que los recursos ya fueron comprometidos.
Finalmente, la cartera afirma que, la meta oficial es que la contención de hasta G. 1,6 billones contribuya a moderar el crecimiento del gasto público durante 2026 y fortalezca el proceso de reducción del déficit fiscal sin afectar servicios esenciales para la población.