Ante la presión sobre las finanzas públicas por la baja en las recaudaciones y las deudas acumuladas que ponen en riego el cumplimiento del déficit fiscal previsto, el Poder Ejecutivo emitió ayer el Decreto N° 6120 “Por el cual se establecen medidas adicionales de optimización, priorización y gestión eficiente del gasto público en el marco del Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2026. Al parecer es una respuesta al plan de ”Economía de guerra” que había anunciado el ex ministro del MEF Carlos Fernández Valdovinos antes de dejar la cartera.
La medida impulsada por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), se enmarca, según detalla el citado decreto, en los principios de eficiencia, responsabilidad y transparencia establecidos en la Ley de Administración Financiera del Estado y en la Ley de Responsabilidad Fiscal. Cabe señalar que con el renovado plan de convergencia fiscal, este año el déficit debía llegar nuevamente al tope establecido en la ley de Responsabilidad Fiscal del 1,5% del Producto Interno Bruto (PIB), pero que ahora nuevamente está en riesgo de cumplimiento debido a la desaceleración en las recaudaciones y las deudas acumuladas con las constructoras y farmacéuticas.
Hasta abril pasado, el déficit acumulado en el año fue del 0,8% del PIB mientras que el anualizado llegó a 2,2%, por encima de la meta prevista.
Lea más: Déficit fiscal se ubicó en 0,8% del PIB “dentro de los límites previstos”, según el MEF
Medidas de priorización
El decreto del Ejecutivo establece criterios orientados a evitar la expansión de gastos no prioritarios y la generación de obligaciones sin respaldo financiero efectivo. Entre las principales disposiciones se destaca la priorización del gasto en salud, educación, seguridad y programas sociales, garantizando la continuidad de los servicios esenciales para la población; como también la utilización prioritaria de Recursos Institucionales (Fuente 30) antes de recurrir a Recursos del Tesoro (Fuente 10).
Asimismo, la normativa contempla la presentación de planes institucionales de regularización de obligaciones pendientes con proveedores y contratistas, a fin de ordenar y transparentar los compromisos financieros del Estado.
Medidas de restricción y limitación de gastos
El citado decreto también dispone restricciones y medidas de racionalización sobre gastos operativos, adquisiciones de bienes no esenciales, equipamientos de oficina, catering y nuevas inversiones no prioritarias.
En el artículo 11, hace referencia a los topes en gastos de ceremonial, catering y eventos. Donde se dispone la suspensión de llamados, adjudicaciones y certificado de pago para la provisión de almuerzo, bocaditos y bebidas, con excepción de la contratación de servicios de alimentación para el personal sanitario y los servicios de salud, para los beneficiarles de los programas sociales, y para la alimentación de los empleados u obreros involucrados directamente en los procesos de producción de bienes y servicios en fabricas.
Lea más: Gobierno anuncia “economía de guerra” por abrupta caída en la recaudación
Si habrá bocaditos para elecciones
Igualmente, se exceptúa la provisión de catering para eventos internacionales donde el país sea anfitrión y al Tribunal Superior de Justicia Electoral, exclusivamente para la provisión de alimentos durante los días de desarrollo de los actos comiciales al personal administrativo afectado a tareas electorales, los apoderados de los partidos, movimientos políticos y alianzas, los integrantes de las mesas receptoras de votos y los veedores.
Por otra parte, en el artículo 12 del citado decreto también detalla que durante la vigencia del mismo, los Organismos y Entidades del Estado no podrán iniciar procesos de contratación para la adquisición o proceder a la adjudicación de inmuebles, tierras y terrenos, ni llamar a la construcción de obras de uso institucional que no resulten prioritarias. Quedan exceptuados de la presente disposición el Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat y el Instituto Nacional de Desarrollo Rural.
Además dispone que determinadas migraciones de cuotas del Plan Financiero requieran autorización previa del MEF, reforzando así los mecanismos de control y seguimiento de la ejecución presupuestaria.
Estas medidas buscan resguardar el equilibrio de las finanzas públicas, asegurar la cobertura de obligaciones esenciales y fortalecer la credibilidad institucional, detallaron desde la cartera estatal.