El Poder Ejecutivo emitió el jueves último el decreto N° 6.120 por el cual se establecen medidas adicionales de optimización, priorización y gestión eficiente del gasto, esto con la finalidad de fortalecer la sostenibilidad financiera y cumplir la meta fiscal.
Al respecto, el economista Sergio Sapena conversó con ABC y afirmó que la iniciativa señalada solo deja en evidencia que al Gobierno no le alcanzan los recursos para sostener sus gastos y que, en realidad, una verdadera optimización de los ingresos estatales debería priorizar los servicios esenciales para la sociedad.
Asimismo, dijo que si bien se habla de optimización y priorización, en realidad, el Gobierno lo que está queriendo aplicar es “un clarísimo ajuste fiscal para mantener los subsidios populistas e inflacionarios y disminuir las inversiones en educación, salud e infraestructura que impulsan la economía”.
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Atentado contra la salud, educación y las iniciativas privadas
Reiteró que el decreto citado no solo es una admisión de que al Gobierno no le alcanzan los recursos para sostener el gasto presupuestado, sino que también contradice la priorizacion de recursos para sectores como la salud y la educación.
“Se contradice, ya que a salud y educación el Estado apenas destina US$ 100 millones de inversión para cada uno, mientras que para programas sociales -que son inflacionarios y populistas- destina US$ 800 millones”, resaltó el analista económico.
En esa línea, afirmó que si la economía paraguaya mantiene buenas perspectivas de crecimiento, así como sostiene este Gobierno, entonces, una manera muy certera de seguir esa senda sería la de haber acompañado el esfuerzo privado “y no frenarlo como lo está haciendo al congelar compras e inversiones de empresas privadas que movilizan el empleo y la economía del país”.
Se frena crecimiento para tener control populista y socialista
Al ser consultado sobre si el Gobierno está más preocupado por cumplir el tope fiscal de -1,5% previsto para este año que por ejecutar plenamente el presupuesto aprobado por el Congreso, reiteró que la verdadera señal que se emite desde el Poder Ejecutivo es la de frenar el crecimiento privado para tener un control populista y socialista, utilizando como excusa el cumplimiento de la meta fiscal.
“Solo buscan dejar mal parado al gobierno anterior, que logró mantener un exitoso ritmo de inversiones públicas a pesar de la pandemia. Esa mirada del pasado y de revanchismo político está destruyendo la actividad privada y la economía del país”, dijo finalmente.
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Déficit fiscal en riesgo
La medida impulsada por el MEF, se enmarca, según detalla el citado decreto, en los “principios de eficiencia, responsabilidad y transparencia” establecidos en la Ley de Administración Financiera del Estado y en la Ley de Responsabilidad Fiscal.
Esto, en un escenario en el que el plan fiscal prevé para el 2026 que el déficit llegue nuevamente al tope establecido en la ley de Responsabilidad Fiscal, del 1,5% del Producto Interno Bruto (PIB). Sin embargo, esa convergencia fiscal está en riesgo de cumplimiento debido a la desaceleración en las recaudaciones y las millonarias deudas acumuladas principalmente con las constructoras y farmacéuticas.
Hasta abril pasado, el déficit acumulado en el año fue del 0,8% del PIB mientras que el anualizado llegó a 2,2%, por encima de la meta prevista, según los datos del MEF.