Este jueves, durante una entrevista en el programa Mesa con EVP, de ABC TV, el director ejecutivo de la firma británica Atome PCL, James Spalding, defendió la tarifa de US$ 30 por megavatio hora (MWh) negociada con el Gobierno para abastecer la futura planta de fertilizantes verdes que la compañía proyecta construir en Villeta.
Sus declaraciones se producen en medio de una creciente controversia sobre el contrato de suministro eléctrico, luego de que sectores internos de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), encabezados por el Sindicato de Trabajadores de la ANDE (Sitrande), cuestionaran el precio acordado y advirtieran sobre un eventual perjuicio económico para la empresa estatal.
Los cuestionamientos se reforzaron tras las recientes declaraciones del presidente de la ANDE, Félix Sosa, quien reveló que el costo de generación eléctrica en Paraguay aumentará gradualmente hasta llegar a US$ 50/MWh en 2043. Esa proyección pone en duda la viabilidad de una tarifa fija de US$ 30 durante 15 años, como pretende la empresa internacional.
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Spalding cuestiona el concepto de “tarifa técnica”
Spalding sostuvo que existe una diferencia entre la denominada “tarifa técnica” y el costo real que representa suministrar energía a Atome.
Explicó que, según datos expuestos por el propio titular de la ANDE, el costo promedio de compra de energía de la estatal ronda actualmente los US$ 27/MWh. Añadió que la futura planta retirará electricidad directamente en 220 kilovoltios desde la subestación Buey Rodeo, en Villeta, lo que reduce significativamente las pérdidas técnicas asociadas al sistema de distribución.
“El costo de US$ 27 es prácticamente puro para nuestro caso”, argumentó. Según explicó, Atome no utilizará redes de distribución convencionales y además, financiará parte de la infraestructura necesaria para su conexión.
En ese sentido, indicó que la empresa prevé invertir unos US$ 12 millones para adecuar la subestación Buey Rodeo y otros US$ 8 millones en una subestación propia dentro de su complejo industrial.
Apunta a pérdidas y robos de energía
El ejecutivo también cuestionó la composición de la tarifa técnica utilizada por algunos sectores para justificar un precio superior.
Según señaló, ese cálculo incluye pérdidas técnicas y también pérdidas no técnicas, una categoría que identificó con el robo de energía. Recordó que cerca del 24,5% de la energía comprada por la ANDE actualmente no es facturada.
A criterio de Spalding, trasladar esos costos a un proyecto industrial de gran escala distorsiona el análisis económico del contrato.
Asimismo, recordó que la tarifa industrial en 220 kilovoltios contemplada en el Pliego Tarifario N.º 21 de la ANDE estaba fijada en guaraníes y que, cuando comenzaron las conversaciones con el Gobierno el año pasado, equivalía a unos US$ 28,50/MWh debido al tipo de cambio vigente.
“Cuando se habló de US$ 30, era incluso una tarifa superior a la que establecía el pliego”, afirmó.
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La exigencia de una tarifa fija
Spalding explicó que la principal preocupación de Atome no es únicamente el precio de la energía, sino la previsibilidad de largo plazo necesaria para obtener financiamiento internacional.
La compañía pretende acceder a préstamos por alrededor de US$ 420 millones para desarrollar el proyecto y, según indicó, los organismos financieros exigen garantías sobre la estabilidad de los costos operativos durante el plazo de repago.
Por ello, la empresa buscó establecer una tarifa fija en dólares, eliminando tanto el riesgo cambiario como eventuales modificaciones futuras por parte de sucesivos gobiernos.
“Lo que buscamos era certeza de que la tarifa no iba a ser modificada afectando la estructura de costos del proyecto”, sostuvo.
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Debate sobre el supuesto daño patrimonial
El titular de Atome también rechazó los argumentos que hablan de un eventual daño patrimonial para la ANDE.
Afirmó que, si la lógica fuera vender siempre al precio más alto posible, la estatal debería reservar toda su energía para el mercado residencial, donde las tarifas son considerablemente superiores.
“¿Dónde se fija la diferencia para hablar de lucro cesante?”, planteó.
Spalding insistió en que el suministro a Atome sería rentable para la ANDE y que debe analizarse dentro de una estrategia de desarrollo económico más amplia, considerando la magnitud de la inversión, la generación de empleo y el impacto industrial que tendría el proyecto para el país.
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Contrato sigue en discusión
Sobre la situación contractual, reconoció que persisten diferencias de interpretación respecto a los decretos que fueron derogados recientemente por el Poder Ejecutivo.
Recordó que Atome firmó en 2022 un contrato preliminar con la ANDE para asegurar la potencia necesaria y demostrar a potenciales inversionistas que contaba con respaldo energético para desarrollar el emprendimiento.
Según explicó, aquel acuerdo fue concebido como una herramienta inicial y debía evolucionar posteriormente hacia un esquema más robusto y bancable para satisfacer los requisitos de los financiadores internacionales.
Pese a las controversias y a la oposición sindical, aseguró que las conversaciones con el Gobierno continúan y expresó confianza en que se alcanzará una solución consensuada.
“Estamos seguros de que se va a encontrar el camino para que una inversión de tanta importancia no termine cayendo”, afirmó.
La disputa, sin embargo, sigue abierta. Mientras Atome insiste en que la tarifa de US$ 30/MWh es sostenible y necesaria para garantizar el financiamiento del proyecto, técnicos y sindicatos de la ANDE sostienen que el precio está por debajo del valor real de la energía y podría comprometer recursos públicos durante los próximos años.