La firma electrónica avanza en Paraguay de la mano de la digitalización de los servicios públicos y del sistema financiero. Aunque el país ya dispone de un marco legal que le otorga validez jurídica y cuenta con una infraestructura en crecimiento, su adopción todavía presenta diferencias entre sectores, según se desprende de los datos del Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (Mitic).
Precisamente, la información del Mitic revela que, al 23 de julio de 2026, un total de 1.541.484 personas cuenta con identidad electrónica en el Portal Paraguay, una herramienta que permite acceder de forma segura a servicios y documentos digitales del Estado. Además, al 31 de marzo de este año existían 1.824.003 certificados digitales emitidos.
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Identidad electrónica y firma electrónica, con funciones distintas
Pero, ¿cómo se encuentra hoy el escenario? El viceministro de Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), Klaus Pistilli, dependiente del Mitic, explicó primeramente a ABC que la identidad electrónica y la firma electrónica cumplen funciones distintas. “La identidad electrónica es la herramienta que permite a los ciudadanos acceder de forma segura a los servicios digitales del Estado”, indicó.
Agregó que, una vez autenticada la identidad del usuario, la firma electrónica permite completar trámites en línea, firmar formularios, declaraciones y expedientes electrónicos con la misma validez jurídica que una firma manuscrita, siempre que se cumplan los requisitos previstos en la Ley Nº 6822/2021 “de los Servicios de Confianza para las Transacciones Electrónicas, del Documento Electrónico y de los Documentos Transmisibles Electrónicos”, con entrada en vigencia desde el 1 de mayo de 2022.
Actualmente, la firma electrónica ya forma parte de distintos procesos administrativos dentro del Estado y también gana espacio en el sector privado.
Según datos del Mitic, el Portal Paraguay dispone actualmente de más de 1.200 trámites, de los cuales más de 300 ya pueden gestionarse completamente en línea. Entre los servicios con mayor demanda de los últimos años se destacan la emisión de certificados de antecedentes policiales y, durante la pandemia, la libreta de vacunación.
Según proyecta dicha cartera, la expansión de nuevos servicios financieros digitales prevista para 2027 podría impulsar una adopción mucho mayor de estas herramientas entre las mipymes y acelerar los procesos de formalización empresarial. La institución proyecta alcanzar a más de 3 millones de ciudadanos con identidad electrónica para el año 2030.
Firma electrónica marca presencia en sector financiero
En ese sentido, el director de la Cámara Paraguaya de Fintech (CPF), Bruno Vacotti, sostuvo a su vez que “la adopción viene creciendo de forma lenta pero sostenida desde que la ley entró en vigencia. En el sector financiero, la firma electrónica ya es parte del onboarding digital de bancos, financieras y entidades de medios de pago electrónico”, explicó.
En conversación con ABC, añadió que la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) también impulsó su utilización al exigir certificados cualificados para operar en el sistema de facturación electrónica e-Kuatia.
Este diario remitió consultas a la DNIT con respecto a cómo avanzan estos procesos dentro la institución, pero al cierre de esta edición no obtuvimos retorno.
No obstante, Vacotti indicó que uno de los principales obstáculos ya no pasa por la tecnología sino por el desconocimiento. “Muchas empresas y usuarios no saben que la Ley 6822/21 otorga a estos mecanismos la misma validez legal que la firma manuscrita y siguen exigiendo papel ‘por las dudas’”, afirmó.
También mencionó la confusión entre la firma electrónica cualificada y la no cualificada, además de la persistencia de procedimientos presenciales en algunas instituciones públicas. Aun así, considera que el panorama es favorable.
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Menos tiempo y menores costos
Por otro lado, uno de los principales argumentos a favor de la firma electrónica es la reducción de tiempos y costos en la realización de trámites, pues esta herramienta evita gastos en impresión, papel, archivo físico y traslados, además de permitir que los documentos sean firmados desde cualquier lugar.
Desde la Cámara Paraguaya de Fintech sostuvieron al respecto que los beneficios también son visibles para las empresas. “Los números internacionales de la industria hablan de reducciones del 70 al 80% en los tiempos de cierre de contratos y de ahorros significativos por documento firmado”, afirmó Vacotti.
Agregó que procesos que anteriormente demandaban varios días, hoy pueden completarse en pocas horas. “Un proceso de crédito que tomaba una semana entre firmas y verificaciones puede cerrarse en horas”, sostuvo.
También destacó que la digitalización reduce el costo de adquisición de clientes al eliminar la necesidad de una sucursal física para concretar operaciones.
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Mipymes todavía muestran baja adopción
Sin embargo, a pesar del avance en algunos sectores, las pequeñas empresas siguen rezagadas, de acuerdo a lo que se pudo corroborar con las fuentes del sector.
Justamente, el viceministro de Mipymes, Gustavo Giménez, del Ministerio de Industria y Comercio (MIC), reconoció que el uso de estas herramientas aún es limitado. “Aún sigue siendo incipiente la adopción de esta herramienta de negocios. Algunas manifiestan que es el costo y otras que no ven la importancia”, señaló.
Indicó que el MIC prepara un boletín sobre formalización de mipymes que permitirá conocer con mayor precisión el nivel de utilización de estas herramientas.
Mientras tanto, el Gobierno impulsa programas de digitalización que incluyen sistemas de gestión, facturación electrónica, medios de pago electrónicos y equipamiento tecnológico para pequeñas empresas. “Creemos que con la campaña de digitalización masiva que vamos a lanzar las empresas acompañarán con una reducción de costos para que se prefiera usar el sistema”, expresó.
A su turno, Guillermina Coronel de Imlach, presidenta de Asomipymes, estimó que menos del 10% de las micro y pequeñas empresas utilizan activamente la firma electrónica cualificada. Dijo que más de la mitad de las mipymes todavía no dispone de identidad digital básica ni de herramientas tecnológicas avanzadas.
Según Imlach, aunque la firma electrónica reduce gastos de papel, mensajería y traslados, para muchos pequeños negocios el certificado digital continúa siendo percibido como un costo adicional. “Para un microempresario, abonar por un certificado digital, cuando aún opera con baja formalización, se percibe como un gasto burocrático extra más que como una inversión de retorno inmediato”, afirmó.
Por ello consideró necesario aplicar tarifas diferenciadas, subsidios para el primer certificado, capacitación y una mayor simplificación de los trámites públicos.
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