El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) firmó el 10 de diciembre de 2024 una millonaria adenda con el consorcio Rutas del Este S.A., integrado por la española Sacyr y la paraguaya Ocho A, para incluir la construcción del viaducto en el denominado “cruce de la muerte” de Pedrozo. Esto en el marco de la concesión de la ruta PY02, por 30 años, bajo el régimen de la Ley de Alianza Público-Privada (APP).
El documento, concretamente la Adenda Nº 5, fue rubricado por la ministra de Obras Públicas, Claudia Centurión, y los directivos de la Sociedad de Objeto Específico (SOE) Rutas del Este S.A., Cristian Sandoval Cataldo y Pedro José Horcajo Burgueño.
El viaducto de Pedrozo debía concluir en mayo pasado, según el cronograma del MOPC, pero sigue sin terminar. La Adenda Nº 5 revela, además, un esquema de pagos para Rutas del Este por las gestiones relacionadas con las expropiaciones necesarias para ejecutar el viaducto y las demás obras incorporadas en el documento.
Entre sumas fijas y pagos por carpeta de expropiación, el grupo se aseguró ingresos por realizar gestiones administrativas, adicionales al costo de las obras.
Es así que detrás de las demoras que afectan a obras consideradas críticas, como el paso superior de Pedrozo, aparece así un mecanismo de pagos por gestiones vinculadas al proceso de liberación de la franja de dominio, establecido en la propia Adenda Nº 5.
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Pedrozo: US$ 230.000 por las gestiones de expropiación
De acuerdo con el desglose presupuestario de la Adenda Nº 5, se estableció un monto máximo de inversión de US$ 1.230.000 para las expropiaciones. Sin embargo, la distribución de ese dinero resulta llamativa: US$ 1 millón está destinado al pago de las indemnizaciones a los afectados, mientras que los restantes US$ 230.000 se reservan para “catastro y trámite o proceso de pago” a cargo de la SOE.
Al tipo de cambio actual, este último monto representa unos G. 1.770 millones.
El pago por estas gestiones no aparece como una estimación abierta, sino que está estructurado en la propia adenda mediante componentes fijos y variables.
Por la Etapa 1, denominada “Difusión del Proyecto y Relevamiento de Datos”, la SOE percibirá una suma fija de US$ 100.000, IVA incluido. Este pago se activa con la presentación de un Plan de Acción Social y el relevamiento de datos de los potenciales afectados.
Sin embargo, Rutas del Este no se caracterizó precisamente por una amplia difusión de los trabajos ejecutados. El representante local de la empresa, Juan Carlos Pettengill, tampoco respondió a las consultas realizadas sobre el proyecto.
A esto se suma el pago variable establecido para las etapas de catastro y proceso de pago. La SOE percibirá US$ 1.300 por cada carpeta individual de expropiación aprobada por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC).
La “tarifa” que cobra Rutas del Este por cada afectado
El procedimiento detallado en el Anexo IV de la Adenda Nº 5 desglosa los pagos que recibirá la contratista por cada carpeta de expropiación.
- US$ 750 por catastro y avalúo: por elaborar el plano catastral, el informe pericial y notificar el resultado al afectado, la SOE percibirá este monto por cada carpeta completa aprobada por la Dirección de Bienes Inmobiliarios (DBI) del MOPC.
- US$ 550 por el proceso de pago: una vez que el afectado presta su conformidad o el caso se judicializa, la SOE percibirá este monto adicional por gestionar el borrador de la resolución ministerial o del decreto del Poder Ejecutivo y efectivizar el desembolso.
En un universo estimado de 100 carpetas de afectación, los costos variables por estos conceptos ascenderían a US$ 130.000. Sumados a los US$ 100.000 establecidos como pago fijo inicial, alcanzan los US$ 230.000 previstos para estas gestiones.
Las cifras establecidas en la adenda tampoco coinciden con las cifras que el MOPC informó que ya destinó para liberar la franja de dominio del viaducto de Pedrozo, que ya sobrepasó los US$ 1.230.000 que la cartera debía destinar en expropiaciones.
La cartera informó a ABC que los desembolsos realizados para la liberación de los inmuebles ascienden hasta ahora a G. 12.037.428.160. De ese monto, G. 4.818.285.994 corresponden a terrenos y G. 7.219.142.166 a mejoras, incluyendo fondos consignados. El monto total avaluado para la totalidad del proyecto de liberación asciende a G. 16.269.051.523.
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El privado cobra, pero el riesgo por las demoras queda en el Estado
Mientras Rutas del Este percibe estos montos por las gestiones vinculadas a las expropiaciones, la Adenda Nº 5 establece que el riesgo de eventuales retrasos en la liberación del derecho de vía para las obras adicionales corresponde a la administración contratante, es decir, al MOPC.
La cláusula 3 de la adenda, correspondiente a la asignación de riesgos, establece expresamente el “riesgo de retraso en proceso de liberación de derecho de vía” para estas obras adicionales como responsabilidad de la Administración Contratante.
En caso de que el proceso de expropiación se estanque, la SOE puede acceder a prórrogas en los plazos de ejecución. Además, el Estado paraguayo debe arbitrar los medios para reembolsar a la empresa los gastos en los que incurra, incluidos los gastos financieros y los costos de financiamiento proporcionales, según las condiciones establecidas en la adenda.
El esquema contractual genera así una situación particular: la empresa recibe pagos por las gestiones de liberación de los terrenos, mientras que el riesgo asociado a eventuales retrasos en ese proceso es asignado al Estado.
Pagos directos y no a través del fideicomiso
Otro aspecto relevante de la Adenda Nº 5 es el mecanismo previsto para estos desembolsos.
A diferencia de los pagos vinculados a la construcción, que se canalizan a través del Fideicomiso PPP como parte del esquema de compensación de la inversión, los montos correspondientes a las gestiones de expropiación e indemnizaciones serán abonados directamente por la Administración Contratante a la SOE.
El MOPC debía utilizar fondos de su presupuesto, para cumplir con estos compromisos. Mientras tanto, los usuarios de la ruta PY02 siguen esperando la culminación de soluciones para puntos críticos como el cruce de Pedrozo. El viaducto, que debía estar terminado en mayo, permanece inconcluso debido a que todavía existen terrenos pendientes de liberación.
La Adenda Nº 5 muestra que, además de asumir la construcción de las obras, Rutas del Este tiene asignada una remuneración específica por gestionar parte del proceso que debe permitir liberar la franja de dominio. Y, ante eventuales retrasos en ese proceso, el riesgo contractual recae sobre el Estado paraguayo.