El informe del Fondo Monetario Internacional (FMI) refiere que esta elevación del hueco fiscal equivale a un comportamiento en el cual una familia gasta mucho más dinero de aquel que recibe por sus ingresos mensuales. El Estado paraguayo sobrepasa el límite fijado por la Ley de Responsabilidad Fiscal (LRF) con el objetivo de cubrir cuentas atrasadas.
Con la socialización de este informe, el Directorio Ejecutivo del FMI concluyó la Consulta del Artículo IV con Paraguay y se ratificó en lo ya anunciado el pasado 29 de junio. En ese entonces, el organismo hizo énfasis en que la consolidación fiscal debería seguir centrada en restablecer el cumplimiento de la Ley de Responsabilidad Fiscal (LRF) a corto plazo, evitando al mismo tiempo una reducción excesiva del gasto esencial.
Bajo estas perspectivas, según el FMI, el déficit fiscal del 2026 se ubicaría por encima de la meta inicialmente prevista en plan de convergencia (en 1,5% del PIB), reflejando principalmente el impacto de la regularización de obligaciones acumuladas con proveedores, en el marco de la prioridad asignada por las autoridades al cumplimiento de compromisos pendientes y al fortalecimiento de la integridad y exhaustividad del registro fiscal.
Cabe recordar que, tuvo que pasar más de un mes de este informe del FMI, para que el ministro del MEF, Óscar Lovera convoque a conferencia de prensa para anunciar el nuevo ajuste de la ruta fiscal y reconocer que el déficit aumentaría en los próximos dos años, 3,2% para el 2026 y en 3,9% para el 2027, retornando al 1,5% en el 2028.
Atrasos en pagos y caída de ingresos aduaneros
El documento socializado por el FMI, explica que la causa principal de este descuadre en las cuentas públicas responde a la regularización de gastos acumulados sin pagar entre los años 2023 y 2025. El FMI confirma que el Gobierno paraguayo debe destinar recursos extraordinarios para saldar estas deudas pendientes con proveedores del Estado.
A esta situación, refiere el documento se suma una disminución en la recaudación de impuestos de aduana, con una caída del 11,5% registrada al primer semestre. La apreciación del guaraní redujo los ingresos aduaneros, lo cual restó espacio de maniobra al Tesoro Público.
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Sobreendeudamiento de familias y alta informalidad
El reporte del FMI también identifica además una alerta en el sector privado. Las deudas para consumo personal crecieron a un ritmo anual del 22,8%. Esta velocidad en el endeudamiento de la ciudadanía exige controles más estrictos de parte del Banco Central del Paraguay (BCP) sobre los criterios para otorgar créditos. Sin embargo, para la entidad monetaria el crecimiento del crédito de consumo, se da en respuesta a la expansión de la economía y la inclusión financiera, lo cual lo han justificado en un reciente comunicado.
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Asimismo, el FMI insiste en la necesidad urgente de reducir los niveles de informalidad laboral y combatir los actos de corrupción dentro del aparato estatal para mejorar el clima de inversión en el país. Refiere que sin el fortalecimiento de la transparencia institucional, la resiliencia económica no logrará traducirse en un bienestar directo para la población.
¿Por qué preocupa al FMI?
Para el FMI y analistas económicos independientes, esta brecha representa una señal de alerta sobre la salud financiera de los hogares:
- Riesgo de sobreendeudamiento: Cuando el crédito al consumo crece muy por encima del ingreso medio o del resto de la economía, existe el peligro de que familias recurran al endeudamiento no para inversiones productivas, sino para cubrir el costo de vida corriente.
- Posible relajación de estándares: El FMI advierte expresamente que las autoridades reguladoras deben estar preparadas ante posibles indicios de que los bancos estén “suavizando” sus criterios de evaluación de riesgo para colocar créditos de manera más rápida o masiva.
- Falta de herramientas de contención: El FMI insta a implementar herramientas macroprudenciales enfocadas en los prestatarios (por ejemplo, límites a la relación entre el monto de la cuota del préstamo y el ingreso real de las personas) para evitar que un eventual aumento en la morosidad termine afectando la liquidez del sistema bancario.
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