El Gobierno prevé completar el pago de G. 29.600 millones a las empresas de transporte público de pasajeros, en concepto de compensaciones por las diferencias entre los costos reales del servicio y los valores utilizados para calcular el subsidio estatal durante 2025.
El viceministro de Transporte, Emiliano Fernández, confirmó que ya se desembolsaron G. 20.000 millones por este concepto y que la ministra de Obras Públicas y Comunicaciones, Claudia Centurión, firmó el viernes último una resolución que autoriza el pago de otros G. 9.600 millones.
“Nosotros ya pagamos la compensación de enero a octubre del 2025. Y después hubo un reclamo del sector”, explicó Fernández. Según detalló, tras una revisión conjunta con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), se determinó que correspondía ajustar los cálculos y reconocer el monto adicional.
El viceministro señaló que el Gobierno busca completar el desembolso durante este mes, una vez cumplidos los trámites administrativos.
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El anuncio se produjo luego de que representantes de Cetrapam se apersonaran en el Viceministerio de Transporte (VMT) para exigir el cumplimiento de las obligaciones de dicha institución. La llegada de los transportistas generó momentos de tensión, con el cierre inicial de las puertas de la institución y presencia policial. Posteriormente, se habilitó el ingreso de los representantes del sector para mantener una reunión con las autoridades.
Subsidio pagado el año pasado a transportistas no fue suficiente
Los pagos adicionales se sumarán a los G. 402.980 millones, equivalentes a casi US$ 64 millones al cambio del año pasado, que las empresas recibieron en concepto de subsidios al transporte público durante 2025. Sin embargo, ese monto se calculó sobre la base de una tarifa promedio y resultó insuficiente para cubrir los costos reconocidos posteriormente mediante el cálculo de la tarifa técnica del pasaje, lo que dio origen al reclamo de las operadoras.
Es que el subsidio se liquida mensualmente con una tarifa promedio, mientras que la tarifa técnica se calcula de manera retroactiva para determinar los costos del servicio. Cuando la revisión detecta diferencias entre ambos valores, corresponde realizar una compensación a favor de las empresas o del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), según corresponda. En este caso, los cálculos concluyeron que se debía compensar a las empresas.
Cetrapam está conforme, pero advierte posible colapso del servicio
El titular del Centro de Empresarios de Transporte de Pasajeros del Área Metropolitana (Cetrapam), César Ruiz Díaz, manifestó su conformidad con las explicaciones recibidas, aunque advirtió que el sector necesita que los compromisos se traduzcan en pagos efectivos. “Del dicho al hecho hay un buen trecho. Obras son amores y no buenas intenciones”, expresó.
El dirigente sostuvo que los recursos adicionales no representan una ganancia extraordinaria para las empresas, sino dinero necesario para sostener la operación del sistema durante el año pasado. “No es para ir a guardar y comprar algunas cosas, es para ir a pagar cuentas y seguir con la prestación del servicio”, afirmó.
Asimismo, Ruiz Díaz alertó que la situación financiera de las empresas continúa siendo delicada y que la operación del transporte público enfrenta un riesgo importante. “Está en riesgo y muy grave riesgo. Basta con salir en las calles. Hay un riesgo tremendo”, sostuvo al ser consultado sobre la posibilidad de que las empresas dejen de operar.
El representante de Cetrapam señaló que los costos del servicio siguen aumentando, mientras que el precio del pasaje permanece en G. 2.300 en el bus convencional y G. 3.400 en el bus diferencial. “El subsidio ya no alcanza más”, afirmó, aunque también reconoció el esfuerzo del Gobierno para mantener durante 15 años el precio del boleto en ese nivel.
A la presión financiera se suma el encarecimiento del combustible, uno de los principales componentes de la estructura de costos de las empresas.
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En este sentido, Fernández indicó que el Viceministerio de Transporte trabaja en una actualización del precio de referencia del diésel (en la tarifa técnica promedio) para contemplar las variaciones recientes y permitir que las operadoras afronten ese incremento.
El funcionario explicó que existe una resolución preliminar para actualizar el componente del combustible y que se busca que el ajuste tenga impacto en la tarifa correspondiente a septiembre. Sin embargo, aclaró que el procedimiento sigue en análisis y que todavía no constituye una decisión definitiva.
La tarifa promedio vigente, utilizada para calcular los pagos mensuales del subsidio, quedó establecida en G. 4.910 para los buses convencionales y G. 6.140 para los diferenciales, según los valores mencionados durante la reunión. Fernández advirtió que estos montos podrían modificarse si se incorpora el incremento del combustible, un asunto que seguía bajo análisis jurídico.
Sigue la discusión por la tarifa técnica y compensaciones del 2026
Las tarifas técnicas correspondientes al periodo de enero a octubre de 2025 fueron revisadas mediante la Resolución MOPC Nº 1335/2026. Durante esos meses, la tarifa convencional osciló entre G. 4.399 y G. 4.979, mientras que la diferencial varió entre G. 5.594 y G. 6.103.
Posteriormente, la Resolución MOPC N.º 1542/2026 aprobó los valores correspondientes al periodo de noviembre de 2025 a mayo de 2026. Para mayo de este año, la tarifa técnica quedó en G. 5.189 para el servicio convencional y G. 6.669 para el diferencial.
No obstante, la tarifa correspondiente a junio de 2026 sigue en discusión, además del monto que debe compensar el MOPC a las empresas en lo que va del 2026, año en el que el gasoil registra una suba del 43,8% del gasoil.
Respecto a la tarifa de junio, Fernández explicó que, durante las conversaciones en el Consejo Asesor de Transporte, uno de sus integrantes pidió excluir temporalmente ese mes del análisis para revisar aspectos relacionados con los kilómetros recorridos y la incorporación de buses eléctricos.
El viceministro sostuvo que la decisión respondió a la necesidad de evaluar mejor los datos y que el cálculo de junio, julio y agosto continúa en proceso. También aseguró que el sector está al día con los pagos mensuales del subsidio, aunque reconoció que el sistema de compensaciones, que se liquidan después de revisar periodos acumulados, genera dificultades de flujo de caja para las empresas.
Por su parte, Ruiz Díaz cuestionó la exclusión de junio y apuntó al MEF. Según su versión, un representante de esa cartera planteó la modificación durante el análisis. “El Ministerio de Economía le está haciendo la cama”, afirmó, en referencia al viceministro y a las limitaciones que, a su criterio, existen para cumplir los compromisos asumidos por el Gobierno.
El dirigente advirtió que las diferencias sobre los cálculos no se limitan al saldo de 2025 y que el problema podría repetirse este año si los costos continúan aumentando sin una actualización oportuna de las tarifas.
Reclaman aplicar estudio brasileño
Otro de los reclamos de Cetrapam apunta a la implementación del estudio de estructuración tarifaria elaborado por la Asociación Nacional de Transporte de Brasil (ANTP), por el que, según Ruiz Díaz, se pagaron US$ 102.000. El trabajo fue entregado en marzo, pero todavía no se aplica.
“Es hora de que se hagan las cosas como se tienen que hacer, porque no se puede entender de que se paga un estudio para guardarlo en el escritorio”, cuestionó el dirigente. A su criterio, la nueva metodología permitiría profesionalizar el cálculo de los costos del sistema y reemplazar una planilla que, según dijo, dejó de utilizarse en Brasil hace 15 años.
Fernández reconoció que la implementación del estudio está pendiente de evaluación, aunque rechazó que el trabajo esté simplemente guardado. Explicó que el Gobierno autorizó una revisión técnica que se venía reclamando desde administraciones anteriores y que su aplicación requiere un análisis adicional.
El viceministro sostuvo que ya se están incorporando algunos criterios del estudio en las evaluaciones de la tarifa técnica, pero insistió en que los cambios deben ajustarse a los procedimientos administrativos y al marco legal vigente.