El 7 de enero pasado, el presidente Santiago Peña promulgó la Ley Nº 7617/2026, que establece la “rectoría sobre el transporte terrestre y modifica disposiciones de la Ley Nº 1590/2000″, con el objetivo de reformar el sistema de transporte público metropolitano. Sin embargo, a casi tres meses, la normativa aún no cuenta con reglamentación.
En ese contexto, Fernández defendió el avance del proceso y sostuvo que ya cuentan con un borrador casi finalizado. “El decreto reglamentario ya lo tenemos para compartir con otras instituciones del Estado. Está en un 98%, pero ahora hay que discutirlo con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Presidencia y los equipos jurídicos”, explicó.
Agregó que también prevén trabajar el documento con el sector privado antes de su aprobación definitiva. “No creo que se demore más, no va a pasar abril ese decreto reglamentario, porque ya está superavanzado”, afirmó.
Sin embargo, la reciente paralización del transporte público volvió a poner en duda la nueva ley de reforma, que establece la imprescindibilidad del servicio. Pese a este principio, el paro de los empresarios evidenció, una vez más, que la normativa aún no logra garantizar la continuidad del sistema ni evitar interrupciones que afectan directamente a miles de usuarios. La capacidad del Estado para hacer cumplir la ley está en duda.
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¿Cuándo se realizará la primera licitación?
En cuanto a la implementación, el viceministro indicó que el siguiente paso será iniciar el proceso de licitación de los primeros corredores bajo el nuevo modelo. “Mi expectativa es comenzar ya en el siguiente semestre con una licitación en marcha, específicamente de un corredor. En el segundo semestre quiero tener ya el comienzo de la licitación. Ese es mi objetivo”, señaló.
No obstante, admitió que la primera licitación será fundamental, ya que implicará un cambio de reglas para el sector. “Va a ser una nueva modalidad totalmente distinta para el empresariado y para el Estado mismo”, sostuvo.
Sobre qué corredor será el primero en ser licitado, Fernández indicó que aún no hay una decisión tomada. Explicó que se encuentran realizando un análisis técnico con múltiples variables. “Todavía no tomamos la decisión definitiva de dónde comenzar. Hay muchas variables: demanda, cantidad de líneas, empresas, distancia. No hay una única que defina”, dijo.
En ese sentido, adelantó que la intención es presentar un plan integral. “Queremos dar el mapa completo de cómo va a ser la secuencia de licitaciones, para dar previsibilidad a todos”, añadió.
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Financiamiento en duda en medio de una “economía de guerra”
El viceministro también abordó las dudas sobre el financiamiento de la reforma en un contexto fiscal ajustado y defendió el enfoque gradual del Gobierno. “La respuesta es la gradualidad. Yo no voy a reformar todo el sistema de una vez, va a ser por partes”, explicó.
Para justificar esta estrategia, citó el caso de Chile. “Ellos hicieron todo de una vez en 2007 y fue catalogado como la peor política pública de su historia. La gradualidad es importante no solo por un tema financiero, sino también por los hábitos de la gente”, argumentó.
En ese marco, detalló que el esquema contempla una implementación progresiva y un modelo de pago diferido para la incorporación de nuevas unidades. “El privado va a traer su flota, pero el Estado le va a pagar en cuotas esos buses. No es que vamos a pagar todo de una vez con recursos del fisco”, explicó.
Según indicó, esto permitirá reducir la presión sobre las finanzas públicas. “Eso nos da una implementación financiera más previsible y ordenada”, afirmó.
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Mientras tanto, el sistema actual seguirá operando con subsidios mientras se aguarda la implementación gradual del nuevo sistema. “Eso va a seguir funcionando. En paralelo, los nuevos corredores van a ir incorporándose gradualmente, aunque puedan tener un costo mayor al inicio”, señaló.
Fernández reconoció que el proceso llevará tiempo y que convivirán ambos sistemas durante la transición. “Vamos a tener todavía una sociedad en el sistema viejo, pero de a poco. Tenemos que ser responsables en hacer algo que se pueda implementar”, concluyó.
Detalles de la ley de reforma
La nueva ley de reforma busca implementar un nuevo sistema de transporte en un plazo de cuatro años, con concesiones de 15 a 20 años mediante licitación pública.
El plan abarca flota, infraestructura, operación y servicios complementarios. Si bien se dará al privado la posibilidad de poner flotas de colectivos, el Estado también podrá comprar los buses y ponerlos a disposición de los operadores, priorizando unidades de bajas o cero emisiones y con un máximo de 15 años de antigüedad.
La operación se organizará en “unidades funcionales”, reduciendo las 36 líneas actuales a unas 10 operadoras, e incluirá integración tarifaria para permitir varios viajes con un solo pasaje.
Además, se licitarán patios, terminales, estaciones y servicios como gestión tecnológica, fiscalización e inspecciones.
El financiamiento estará a cargo de un fideicomiso administrado por la AFD, sostenido con billetaje electrónico (pasaje abonado por los usuarios) y subsidios estatales, que pagará a los concesionarios y cubrirá los costos no cubiertos por el pasaje. El sistema requerirá la compra de al menos 1.000 buses.