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En su parábola del juez inicuo, cuenta Jesús que una viuda acudió junto a uno para pedirle que le haga justicia; el juez no quiso hacerlo durante mucho tiempo, pero al final se dijo a sí mismo: “Aunque no temo a Dios ni respeto a los hombres, como esta viuda me causa molestias, le haré justicia para que no venga de continuo a importunarme”. El relato enseña que es preciso orar con insistencia, sin desanimarse; también puede servir, en el Paraguay de hoy, para que la sociedad entera inste una y otra vez a quienes deben impartir justicia, a que hagan valer el principio de igualdad ante las leyes, sin incurrir en la cobardía ni en la codicia. Que haya sido condenado el gran usurero Ramón González Daher, a cuyo servicio estaban el Ministerio Público y el Poder Judicial, es atribuible no solo a que el agente fiscal y las juezas cumplieron con sus respectivas obligaciones, sino también a que sus víctimas, una de las cuales planteó una querella adhesiva, expusieron sus penurias ante la opinión pública y exigieron justicia con denuedo. Si la judicatura y el Ministerio Público no hubiesen sido “molestados”, la impunidad se habría impuesto de nuevo, como lo hizo días después con el sobreseimiento definitivo del diputado Tomás Rivas (ANR, cartista), que presagia medidas similares en otros mayúsculos escándalos.
Tratándose de delitos de acción penal pública, como los que atañen al dinero de los contribuyentes, los agentes fiscales deben intervenir de oficio y los funcionarios denunciarlos, pero como no suelen actuar, conviene que los ciudadanos hagan la denuncia penal pertinente. Por ejemplo, cuando se sabe de una licitación amañada de obras públicas, hay que “importunar” aunque más no sea a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, que hasta recibe denuncias anónimas. Es deseable que los oferentes defraudados dejen de guardar un silencio cómplice; si temen malquistarse con los contratantes, de cara a futuros procesos licitatorios, los ciudadanos deben obrar en defensa propia, ya que el sobrecosto caerá sobre sus espaldas. Proveer de bienes o servicios al Estado resulta muy provechoso para los facinerosos de los sectores público y privado, tanto que ni siquiera hacen un alto en tiempos de pandemia: allí está el intendente asunceno Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR, cartista), cuya vergonzosa rendición de cuentas relativa al coronavirus fue rápidamente aprobada por la Junta Municipal.
Resulta ilusorio que la Contraloría General de la República tenga siempre bajo la lupa a cada una de las entidades públicas y que los concejales departamentales y municipales, salvo excepciones, controlen con rigor la ejecución presupuestaria. En consecuencia, se impone que los vecinos se interesen más en el manejo del dinero de todos, recurriendo a los mecanismos legales de participación ciudadana. Tampoco los legisladores, no pocas veces implicados ellos mismos en hechos delictivos, descuellan por su fervor en la lucha contra la corrupción, acaso porque también reina en el Palacio Legislativo en cuanto a contrataciones y a nombramientos del personal. No se ha vuelto a hablar de la compraventa de votos, como la que habría ocurrido en 2016, cuando Mario Abdo Benítez comparó al Congreso que presidía con un burdel, pero es llamativo que la mayoría colorada de la Cámara Baja haya rechazado en bloque el pedido de que la Gobernación del departamento Central, a cargo de Hugo Javier González, sea intervenida, cohonestando el desvío de fondos denunciado penalmente por el ministro de la Secretaría Nacional Anticorrupción, René Fernández, y por el viceministro de Tributación, Óscar Orué.
La corrupción que nos ahoga tiene mucho que ver con que el crimen organizado haya echado raíces en esta tierra, convirtiéndola en el escenario de violentos atentados por encargo cada vez más frecuentes, y en el puerto de embarque de toneladas de cocaína con destino a Europa: la mafia no calaría tan hondo si la Policía Nacional y los organismos del Estado se desempeñaran con honestidad y eficiencia, en tanto que la población no estaría expuesta a asaltos cada vez más violentos. Ella también se encuentra desprotegida, en el área metropolitana de Asunción, ante los “empresarios” del transporte de pasajeros, que la someten al suplicio de las indignantes “reguladas” extorsivas, mientras el Viceministerio de Transporte no quiere o no puede obligar a esos desalmados a que cumplan con las disposiciones de la concesión, razón por la cual se impone que las víctimas se manifiesten “pacíficamente, sin armas”, y multipliquen las denuncias ante el Ministerio Público.
La movilización ciudadana es capaz de abortar actuaciones nocivas para el ordenamiento jurídico o para el interés patrio, tal como se demostró con la fallida pretensión reeleccionista de Horacio Cartes y de la entreguista Acta Bilateral suscrita con el Brasil. Como la viuda de la parábola, hay que “importunar” a jueces y fiscales para que apliquen su merecido a los delincuentes y así evitar que sigan robando. Aparte de que tienen derecho a manifestarse y a peticionar a las autoridades, los ciudadanos disponen del voto, un arma decisiva para usarla en pro del bien común.
En fin, la Navidad es momento propicio para que los paraguayos y las paraguayas asuman el compromiso de luchar por un país mejor. El Hijo de Dios se hizo hombre para redimir a la humanidad de sus pecados. El Paraguay debe redimirse de los suyos por obra de sus hijos probos, lo que supone expulsar de la función pública a los deshonestos mediante el voto ciudadano o el fallo judicial, para que los delincuentes y las pandemias no nos sigan aguando nuestras Navidades.