justicia

Bien se sabe que los frecuentes escándalos generados en la administración pública suelen terminar en agua de borrajas (oparei), esto es, en la impunidad lisa y llana, que alienta la comisión de nuevos hechos punibles. El sumario instruido en el órgano afectado, la causa abierta por una Fiscalía y el proceso penal iniciado pueden prolongarse hasta el punto de que el proceso prescriba, debido a la negligencia de los investigadores y/o a las “chicanas” planteadas por la defensa. En este país la justicia no es pronta ni barata, para bien de quienes disponen de cierto poder político y de sus respectivas clientelas. Se tiene la impresión de que el Ministerio Público se abstiene de intervenir no precisamente porque esté recargado de trabajo, sino porque teme disgustar al poder político. Aunque con su inoperancia los organismos traten de ocultar la basura bajo la alfombra, ella sale una y otra vez a la luz, entre otras cosas porque la impunidad tradicional permite a los sinvergüenzas ser tan desembozados.

SAO PAULO. La Fiscalía brasileña denunció a Germán Naranjo, ejecutivo chileno por proferir insultos racistas, xenófobos y homófobos durante un vuelo de la aerolínea Latam que cubría la ruta São Paulo-Fráncfort, informaron este miércoles fuentes oficiales.

La justicia paraguaya admitió recientemente un error grave y condenó al Estado a reparar económicamente a un ciudadano que pasó 644 días -casi dos años- en prisión preventiva. El mismo fue privado de su libertad por una acusación del Ministerio Público que nunca tuvo elementos sólidos. El fiscal retiró los cargos y el Tribunal de Sentencia lo sobreseyó definitivamente. La justicia reconoció que la medida cautelar se volvió injusta y que el Estado debe responder por los perjuicios económicos y personales causados. Ordenó el pago de G. 71.807.288 por lucro cesante, más los reclamos por daño moral y sicológico. El ciudadano común es doblemente víctima: primero, de la arbitrariedad del sistema penal; segundo, de la obligación de indemnizar con sus impuestos los desmanes de quienes juraron servirle. Este caso es el espejo de un sistema podrido donde los errores, negligencias y arbitrariedades de los operadores del Estado terminan siempre en la misma factura: la que paga el pueblo paraguayo.

MADRID. El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama acordó el bloqueo de 490.780 euros de las cuentas del expresidente del Gobierno de España José Luis Rodríguez Zapatero en el marco de su investigación sobre una presunta red de tráfico de influencias en la que le sitúa como el “líder”.

No es temerario suponer que los Próceres de Mayo querían un país independiente en el que reinara la justicia, es decir, uno en el que las leyes rigieran por igual para todos sus hijos, y transcribiendo ese anhelo a los tiempos actuales, gracias a unos fiscales y jueces probos que no obedecieran a los poderes políticos ni a los fácticos. Esta noble aspiración no está siendo satisfecha en el Paraguay de hoy, pese a lo que disponen la Constitución y las leyes: campea la injusticia porque el servilismo y la corrupción están a la orden del día. El hecho de que los exlegisladores Orlando Arévalo y Hernán Rivas –presuntos falsos abogados– hayan presidido nada menos que el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) revela que la correcta administración de justicia les importa muy poco o nada.