14 de mayo de 2026
Un Tribunal de Apelación en lo Penal ratificó por unanimidad la condena de 13 años de prisión contra el senador cartista Erico Galeano Segovia por lavado de activos y asociación criminal. Entre las pruebas sólidas del caso, la Justicia concluyó que el condenado prestó su aeronave para operaciones logísticas de organizaciones criminales en el país y se benefició del esquema narco liderado por Sebastián Marset y Miguel Ángel Insfrán, alias Tío Rico. El fallo de segunda instancia rechazó todos los agravios de la defensa. No hubo error, ni vicio ni omisión. La sentencia es clara, contundente y firme en lo sustancial. ¿Y qué pasó? Nada. Galeano sigue en su casa. Pese a que sus pares le revocaron el permiso como legislador, este carácter impide que sea detenido, en este caso para ser llevado a la cárcel. Sigue disfrutando de su lujosa vida, sigue siendo intocable. Porque la condena todavía no es “firme” –dicen–; porque puede recurrir a la Corte Suprema; porque es senador; porque la impunidad en Paraguay llega puntual para los que mandan, y la justicia siempre llega tarde para el resto del país.

AYOLAS. El tribunal de sentencias de la Circunscripción Judicial de Misiones condenó a 30 años de pena privativa de libertad a Jorge Daniel Duarte Retamar, tras comprobarse su culpabilidad en un hecho de feminicidio y aborto del que resultó víctima Cinthya Cabaña Godoy. La resolución se dio luego de que el Ministerio Público presentara las evidencias sobre la responsabilidad del acusado en el crimen ocurrido en diciembre de 2023.

Agrupo tres episodios relativamente recientes, todos ellos del mundo de la justicia, digamos, con el propósito de reflexionar sobre la legitimidad del Poder Judicial. Aclaro que me refiero a su legitimidad subjetiva, a la aprobación social, a la confianza que genera en la ciudadanía; no a su legitimidad objetiva, que tiene que ver con otra cosa, especialmente con que sus miembros sean designados conforme a los procedimientos correspondientes. Antes de seguir, quiero remarcar que la aptitud del Poder Judicial para inspirar credibilidad constituye uno de los desafíos más grandes que tenemos como sociedad.

La Policía Nacional detuvo a un hombre de 48 años en Cambyretá tras constatar que tenía una orden de captura por abuso sexual en niños del año 2021. Tras comunicar la aprehensión a la denunciante, esta manifestó que no es el hombre al que señalaron y que la Policía habría escrito mal el nombre. La fiscal de la causa, Reinalda Palacios, solicitó la revisión de medidas, pero el juzgado mantiene con prisión preventiva al hombre, mientras el presunto autor estaría en España.